Martín Vizcarra también se refirió a la viabilidad del proyecto minero Tía María en Arequipa. (Foto: GEC)
Martín Vizcarra también se refirió a la viabilidad del proyecto minero Tía María en Arequipa. (Foto: GEC)
Juan Paredes Castro

No es novedad entre los peruanos ver derrumbarse los mejores proyectos de país y Estado a causa de ponerlos al servicio de intereses particulares y rivalidades políticas e ideológicas.

Como el respeto mutuo entre nosotros es un valor escaso; como la presunción de culpabilidad ha reemplazado a la presunción de inocencia; como no reconocemos lo que se elige y decide por voto popular; como la separación de poderes existe cada vez menos, haciendo que el presidente quiera ser, por encima del Congreso, un poder constituyente; y como el jefe del Estado tiene un discurso más excluyente que inclusivo, no nos extrañemos estar a las puertas de un callejón antidemocrático y anticonstitucional de imprevisibles consecuencias.

Con una en cero existencia, con un referéndum del que no hemos obtenido nada extraordinario y con un convenio de la fiscalía con Odebrecht venido por los suelos, la arrogante y publicitada cruzada anticorrupción de no parece llegarle ni a los talones a aquella otra discreta y ponderada de Valentín Paniagua del 2000, que llevó a purgar cárcel real y efectiva a toda la cúpula cívico militar del fujimontesinismo mafioso de entonces.

Resulta que la cruzada anticorrupción y la otra de reformas políticas de Vizcarra empiezan a mostrar su lado contradictorio y decepcionante: el de constituir más un espectáculo político y mediático ruidoso, arremolinándose sobre la cabeza de visibles opositores del régimen, que un proyecto político serio y responsable y una demostración palpable de pretender sanear la vida pública e institucional del país.

¿Qué se ha hecho, por ejemplo, desde la sartén por el mango del gobierno, por cambiar de raíz el monstruoso sistema de concesiones y contrataciones del Estado, núcleo de corrupción por excelencia de los últimos 20 años?  ¡Nada! ¡Sencillamente nada! 

Dieciocho años después, no solo nos hemos dormido en los laureles de la estabilidad y el crecimiento económicos (sin reformas institucionales claves) y de la derrota del terrorismo (sin poder romper la alianza del narcotráfico con Sendero Luminoso en el Vraem) sino que no hemos asimilado las duras lecciones corruptas del régimen autoritario del 90 al 2000 y de los siguientes de Toledo, García, Humala y Kuczynski.

Mandatarios como Toledo, Humala y Kuczynski, y una alcaldesa como Villarán, no solo se llenaron la boca condenando la corrupción del viejo fujimorismo, sino que se convirtieron en sofisticados exponentes de la misma lacra.

Muchos de quienes estuvieron en el estrecho entorno de aquellos mandatarios, sin que asome en ellos la menor autocrítica, acompañan hoy ciegamente la cruzada anticorrupción de Vizcarra. Avalan así garrafales actos de injerencia del gobierno en el Ministerio Público, así como claras actitudes de politización de jueces y fiscales en sus respectivas jurisdicciones, con innegables señales perniciosas para los casos de extradición de Toledo e Hinostroza.

Manifestaciones de complacencia y complicidad de este tipo nos anuncian lo de siempre: la repetición de la historia.

Nada sería tan triste que el presidente Martín Vizcarra tuviera que mirarse, el 2021, en el mismo reconverso espejo de sus predecesores