Eternamente inmunes. Una crónica de Fernando Vivas sobre la inmunidad congresal que vive y colea.

“Hay una ambigüedad en todo esto”, me replica César, “y la modificación del Art. 93 de la Constitución [referido a la inmunidad] dejó abierta la puerta a esas interpretaciones”. En efecto, la Ley 31118 del 6 de febrero del 2021, que con bombos y platillos anunció lo que una cínica narrativa impulsada por todas las bancadas, llamó ‘la eliminación de la inmunidad parlamentaria’, no la eliminó ni por asomo. Solo la restringió muy parcialmente. Determinó que los delitos comunes los viera la Corte Suprema (ya no la SAC), pero dejó inmunes a los delitos cometidos en la función congresal. Fue un tremendo salvavidas para el delincuente con medalla y curul.

El constitucionalista Joseph Campos es tajante y dice: “El caso de Díaz es un horror. La violación es delito común. El Ministerio Público debió verlo directamente y hay que preguntarnos porqué no lo hizo. Si hacemos una interpretación no restrictiva de esa reforma de la Ley 31118 entonces la estamos traicionando porque volveríamos a lo que se quiso cambiar”. Ciertamente, esa ley fue precedida de declaraciones culposas de congresistas de todas las bancadas que admitían, compungidos, que la inmunidad había sido utilizada abusivamente para encubrir la sinvergüencería de sus pares y predecesores. Siendo coherentes con esa voluntad de reforma, habría que admitir que la Ley 31118 fue insuficiente y promover otra reforma constitucional que la restrinja aún más. Joseph remata: “La inmunidad se concibió como una prerrogativa, para que ayude a la función congresal; no como un privilegio”.

Mira: El proceso contra los ‘Niños’ en la SAC.

Luciano López, también constitucionalista, coincide en que lo de Díaz fue delito común sin importar dónde y con quién se propasó. Luciano tiene una idea reformista y me la expone: “Lo mejor sería eliminar la inmunidad, de delitos comunes y de función, pero como la idea es proteger al congresista de la posibilidad de que se le acuse por un móvil político, entonces se podría dar al Tribunal Constitucional la facultad de que, ante un pedido del congresista, determine si existe o no ese móvil. Para que esto funcione, eso sí, en TC no debiera ser elegido por el Congreso”. Ya sabemos lo que cuesta en tiempo y en suma de voluntades, hacer una reforma constitucional.

Quizá usted se sorprenda de que Luciana León, un personaje que a estas alturas parece del pasado remoto, recién sea acusada de tráfico de influencias, cohecho pasivo y peculado por la Comisión Permanente. La ex congresista aprista fue acusada tras un informe en su contra de la SAC. León aún está inmune pues falta que el pleno del Congreso vote a favor de acusarla. Es casi seguro que lo hagan pues no tiene ni bancada ni aliados.

¿Por qué goza Luciana de tal prerrogativa? Porque la reforma del 2021 fue mínima, cosmética, tramposa. Se modificó el Art. 93 de la Constitución que habla de la inmunidad a secas, pero se dejó incólume el Art. 99 de la misma que dice: “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a (…) los representantes del Congreso (…) por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.

He ahí que persiste, en otro artículo de la Constitución no modificado por la Ley 31118 del 2021, la inmunidad para delitos de función y, para colmo, con cinco años de gracia después de cumplir su mandato. León fue congresista hasta el 2020; tiene prerrogativa hasta el 2025. Otro ejemplo saca roncha: El portavoz de ‘Los ‘Niños’, Elvis Vergara, que fue acusado por la SAC y por la Comisión Permanente, pero salvado por el pleno; tendría esa prerrogativa de antejuicio (o sea el proceso congresal para levantarle la inmunidad) hasta el 2031. Eso, si es que no hay adelanto de elecciones y este Congreso acaba el 2026 y si no prospera la reconsideración propuesta por la bancada fujimorista de la votación que lo salvó.

Con estas inquietudes, le he preguntado al Ministerio Público si tienen alguna interpretación imaginativa para acusar por cualquier delito y sin esperar 5 eternos años; pero aún no recibo respuesta. También les he preguntado si podrían presentar alguna iniciativa legislativa de reforma constitucional para, ahora sí, reducir drásticamente la inmunidad. Si tuviera que sobrevivir algún resquicio de aquella, para que el congresista fiscalizador no se sienta intimidado por alguna acusación de móvil político, pues la Corte Suprema, o el TC como plantea Luciano López; podrían dilucidar ese riesgo. Sigo esperando la respuesta del MP. La Comisión de Constitución avanza dictámenes sobre varios temas, pero ninguno que revisa la campante inmunidad.

Mira: Suspenden a Enrique Wong; salvan a Elvis Vergara y Luis Cordero.

Hay que reconocer que el Ministerio Público sí ha sido imaginativo y ha interpretado agresivamente la Constitución, considerando que la lucha contra la corrupción que protege el bien mayor de la integridad en la gestión pública; es más importante que el garantismo de los derechos de un empoderado parlamentario o autoridad. Por eso, ya es práctica común investigar congresistas y hasta al presidente. Los ‘Niños’ han sido allanados en sucesivas oleadas y se han pedido sus declaraciones. Pero no se les puede acusar y eventualmente, pedir prisión preventiva provocando su desafuero, si antes no se les levanta la inmunidad en estos aparatosos antejuicios que no están librados a criterios de justicia, sino de pactos y enjuagues entre pares. Los traficantes de influencias y demás sinvergüenzas se acercan a la mayoría simple en el Congreso. Una vez que la consigan, irán por las contrarreformas de los avances de la justicia. La inmunidad parlamentaria no se esfumó, vive y colea, y tenemos que interpretar la ley o cambiarla de tal modo que le pongamos freno.