Chinchero
Chinchero
Erick Sablich Carpio

Analista político

La semana pasada, el Caso Chinchero volvió a irrumpir en la escena política. El detonante fue un informe remitido por la fiscal Zoila Sueno Chirinos a la cabeza del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, que contendría supuestos hechos nuevos que, para Sueno, relacionan al mandatario con su investigación. Según informó El Comercio, la fiscal de la Nación evalúa reabrir las indagaciones a Vizcarra, previamente archivadas por Pablo Sánchez.

La hipótesis de Sueno es que se habrían configurado los delitos de negociación incompatible y colusión en el proceso de suscripción de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, aprobada en febrero del 2017 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presidido por Vizcarra.

Que se realicen investigaciones de este u otros potenciales casos de corrupción no tiene nada malo, por el contrario, es obligación de la fiscalía salvaguardar el correcto uso de los recursos públicos. Chinchero tiene dos características, sin embargo, que lo hacen especialmente problemático.

Por un lado, la complejidad técnica de la controversia entre el Estado y Kuntur Wasi a propósito de los límites a las tasas de interés para el financiamiento del proyecto previstas en el contrato (celebrado durante el gobierno de Ollanta Humala), así como del mecanismo que intentó superar este asunto mediante la adenda ya con Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia. Y por otro, las inevitables connotaciones políticas que trae consigo en medio del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la mayoría congresal por la propuesta de adelanto de elecciones.

Respecto al primer punto, nos limitaremos a recordar que entidades como el MEF, Ositrán y, hemos podido conocer, la CAF se pronunciaron sobre las aristas técnicas de la adenda. Que se investigue, por supuesto, pero no olvidemos este detalle.

Por el lado político, el peligro radica en que un sector opuesto al adelanto electoral pretenda convertir el Caso Chinchero en el Westfield del presidente Vizcarra y, por tanto, justificar su vacancia. Algo de lo que a estas alturas se habla mayormente detrás de bambalinas en ciertos despachos parlamentarios o infiere de suspicaces campañas en redes sociales, pero que algunos políticos como el vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi (“Esta es [la] denuncia que sustenta tu vacancia. A trabajar para conseguir los 87 votos. No te tenemos miedo!”), por citar el ejemplo más notorio, no han tenido reparo en exteriorizar.

Más allá de las eventuales motivaciones políticas para forzar una vacancia, la situación del presidente en el Caso Chinchero, así como la solidez de la investigación misma, difieren significativamente de la contundencia de las imputaciones contra PPK por sus relaciones con Odebrecht (que debieron ser tratadas al término de su mandato). Más aún ahora que se ha aclarado que las respuestas al pliego que debía responder Vizcarra en su interpelación ante el pleno del Congreso no coinciden con la documentación hallada en la computadora del gerente de la empresa concesionaria.

El Congreso está en su legítimo derecho de rechazar el adelanto de elecciones, planteamiento que en este espacio hemos criticado. De allí a creer que puede usar herramientas antidemocráticas como la vacancia presidencial para esos efectos hay una enorme distancia. Esperemos sepan advertirlo.