La Fiscalía de la Nación investiga la existencia de una supuesta red de falsos proveedores que emitieron recibos por honorarios por servicios profesionales prestados a la Contraloría General de la República por un total de S/463 mil, durante la gestión de Edgar Alarcón.
El programa “Punto Final” accedió a un total de 50 recibos por honorarios que fueron emitidos por servicios genéricos a la contraloría, como apoyo logístico, servicios administrativos y asesoría de medios y prensa, que suman en total S/81 mil.
Uno de ellos es Marcos Raúl Pérez Rojas, uno de los supuestos proveedores de la contraloría, que, en el 2017, le giró estos cinco recibos por servicio administrativo de archivo: cuatro por S/750 y uno por S/250. En total, recibió S/3.250.
El problema es que del supuesto trabajo de Marco Pérez para la contraloría no existe ninguna evidencia documental que acredite la prestación de los servicios, según el Departamento de Finanzas de la entidad. Además, no registra ninguna visita a las sedes.
Ante la evidencia en su contra, Marco Pérez Rojas confesó ante la fiscalía que nunca dio tales servicios y que facilitó sus recibos por honorarios a una trabajadora de la contraloría que conoció en un edificio de Magdalena, donde trabajaba como conserje.
Pero quien tampoco registra un solo ingreso a la contraloría, y pese a ello cobró recibos durante la gestión de Edgar Alarcón, es Diego Luis Sánchez Malpartida. Siete por S/800 y uno por S/1.600 por apoyo en la gestión administrativa.
Nilda Cervantes del Carpio viuda de Gómez, una anciana de 74 años que según la contraloría es una de sus proveedoras de servicios, emitió tres recibos por honorarios por S/800 por apoyo al patrimonio del Departamento de Logística. Su hija, María Regina Gómez Cervantes, emitió seis recibos por S/800 por apoyo administrativo.
La joven también tiene una pareja, César Augusto Moreno Gómez, que también fue proveedor de servicios de la Contraloría General de la República. Él emitió 10 recibos por honorarios por S/800 por apoyo administrativo. Ninguno registra documentación alguna en la entidad que avale su supuesto trabajo.
Al respecto, el excontralor Edgar Alarcón alegó desconocimiento salvo en dos casos: el de Dante Abraham Seminario Vera y José Armando Sava Melo. El primero emitió 7 recibos por honorarios por servicios de asesoría en prensa. Los documentos fueron avalados por Alarcón.
En total, Seminario facturó S/18.700 a la contraloría por servicios de los que hoy no quiere hablar. Por el mismo concepto, asesoría en prensa, emitió recibos también Sava Melo, que recibió S/89 mil a través de 36 recibos por honorarios.
Para la Fiscalía de la Nación, los supuestos servicios de Seminario y Sava fueron simulados. De su trabajo no existe un solo informe en el archivo de contraloría. Incluso, en el Departamento de Prensa e Imagen Institucional nadie los conoce.
En su conjunto, los servicios que se investigan como ‘fantasmas’ suman S/463 mil. Detrás de Alarcón, en la contraloría, se investiga a todo un aparato administrativo que operativizó sus decisiones de avalar estos supuestos servicios. Varios de esos funcionarios siguen en funciones.