El primer ministro, Guido Bellido, recurrió el viernes a uno de los reiterativos argumentos que utilizan representantes de Perú Libre para defender a Vladimir Cerrón: que existe una supuesta persecución política y judicial contra el líder del partido de gobierno.
“Evidente persecución político judicial a Vladimir Cerrón, intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes”, escribió Bellido recientemente en su cuenta personal de Twitter.
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Tanto él como el sentenciado exgobernador regional son actualmente investigados por presunto lavado de activos. La indagación es llevada a cabo por el fiscal provincial Richard Rojas Gómez por presunto financiamiento ilícito en la campaña electoral de Perú Libre. En el caso se encuentran también involucrados otros dirigentes de la agrupación.
El Comercio conversó con los exministros de Justicia Eduardo Vega y Eda Rivas; así como con el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva y dos abogados penalistas, quienes coincidieron en que no hay argumentos para sostener que en el Perú existe una persecución política y judicial. Además reiteraron que, al contrario, se debe confiar y defender a las instituciones.
Evidente persecución político judicial a Vladimir Cerrón, intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus lideres. Delitos: renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos ley, Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. Estamos dispuestos a enfrentarlos junto al pueblo.
— Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) October 1, 2021
Afirmación refutada
Las declaraciones de Bellido han sido rechazadas y refutadas este viernes debido a que no tienen ningún fundamento. El exministro Eduardo Vega dijo que las investigaciones en curso no son recientes y, además, reiteró que el Ministerio Público tiene autonomía en su trabajo. “No veo ninguna injerencia de parte de algún poder extraño. Más bien, llamaría a que los investigados puedan facilitar y transparentar la información”, comentó Vega.
En cuanto a la actuación de la fiscalía, consideró que si se están llevando a cabo las investigaciones es porque cuentan con evidencias para ello. “No entiendo las declaraciones del premier, pero así como se investiga a Cerrón se investigan a otros líderes políticos. No escudarse en que hay una persecución. Si uno no tiene elementos para decir eso, no debería hacerlo”, cuestionó Vega.
Más bien, dijo que le correspondería al primer ministro Bellido respaldar las investigaciones, pues es lo que toda autoridad debe procurar.
“Toda autoridad tiene que buscar que se esclarezca la verdad y acusaciones, y no estar planteando estas figuras que lo que hace es poner una sombra de duda. Ahí se equivoca el premier al lanzar esa afirmación. Lo que toca es rechazar cualquier tipo de mensaje que vaya a vulnerar la autonomía e independencia con la que tienen que actuar jueces y fiscales frente a casos graves de corrupción, criminalidad, desde los propios funcionarios del Estado”, finalizó.
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La exministra de Justicia Eda Rivas remarcó que en el Perú no hay persecución política. “No hay delitos políticos hace mucho tiempo”, respondió.
En el mismo sentido que lo manifestado por Vega, criticó que se quiera debilitar a las instituciones encargadas de seguir las investigaciones. “Lo que me parece terrible es que se esté debilitando a las instituciones con ese tipo de afirmaciones. No sé si es injerencia [de Bellido] propiamente. Lo que pasa es que estas afirmaciones temerarias que hace no se justifican, habría que justificarlo con ejemplos”, indicó la exministra.
Contrario a lo deslizado por Bellido, Rivas recordó que más bien las instituciones deben ser reforzadas y confiar en ellas. “No sé cuál es la intención de Bellido, pero una institución fuerte va a hacer su trabajo más allá de lo que digan o no las autoridades. A eso tenemos que aspirar. La base de la democracia son instituciones fuertes, que cada una se aboque a sus propias competencias”, concluyó.
En tanto, el exfiscal supremo Víctor Cubas incidió también en la autonomía e independencia de poderes. “No tiene fundamento en la realidad sostener que hay persecución política. Lo que hay es una ligereza [de Bellido] al sostener que hay acciones de persecución. El Ministerio Público es autónomo y el Poder Judicial independiente. Señalar que hay persecución política no tiene fundamento en la realidad”, remarcó.
“Las investigaciones que se siguen no surgen con posterioridad al 28 de julio, son investigaciones que se venían haciendo anteriormente. Entonces, ¿qué persecución política podría haber? No siempre las apreciaciones son objetivas”, dijo Cubas.
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Desde el espacio del derecho penal, el abogado Carlos Caro dijo que “sin duda no existe ninguna persecución política”. Esto en concordancia con el concepto que brinda el derecho penal internacional.
“Acá los jueces y fiscales no son nombrados por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso, que son órganos políticos, sino por la Junta Nacional de Justicia que es un órgano autónomo e independiente y donde ni el Ejecutivo ni Congreso tienen participación. Para hablar de persecución tendríamos que hablar de injerencia del Ejecutivo o Congreso en las decisiones de la fiscalía y Poder Judicial“, subrayó.
Además, Caro observó que sería contradictorio sostener una supuesta persecución política cuando el Gobierno es controlado por el partido de Bellido.
“Es grave [la declaración] porque quiere politizar la justicia. Esto más bien es injerencia política en temas judiciales. Lo que trata Bellido es influenciar en la decisión judicial o decisiones de la fiscalía. No puede utilizar el poder del Estado para defenderse porque uno de los investigados es él en el caso de lavado de activos. Desde mi punto de vista, Bellido podría ser objeto de control político (una interpelación) por parte del Congreso”, sentenció.
Por su parte, la penalista Liliana Calderón consideró que este tipo de declaraciones “se hacen en el marco de una opinión que puede tener él y un grupo de políticos. Considero que se ve como repetitivo”.
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Recordó que es un argumento que sostienen ´desde otras organizaciones políticas, como Fuerza Popular. “Es algo muy recurrente. La institucionalidad del Ministerio Público y del Poder Judicial van por la dirección contrario, que se trata de investigaciones que tienen que ser dilucidadas en las vías que correspondan. Defendiendo siempre la institucionalidad, hay que confiar y creer en ellas”, agregó.
La persecución como defensa recurrente
Esta semana, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, descartó que exista una persecución política contra Vladimir Cerrón y explicó que el proceso que se sigue en su contra no es nuevo. Además, que las pruebas en su contra son reales.
“Es falso [que haya persecución], el Ministerio Público no persigue nadie, somos neutrales. No hay persecución política contra el señor Cerrón. Lo puedo decir categóricamente. Investigamos delitos que comprometen a personas. Las investigaciones por este caso [los Dinámicos del Centro] se han iniciado tiempo atrás”, dijo en entrevista con Exitosa.
Sin embargo, el argumento de una supuesta persecución contra Cerrón y su partido ha sido colocado en la palestra desde tiempos de la campaña electoral. El hoy presidente Pedro Castillo, cuando aún recorría el país como candidato presidencial, afirmó que la sentenciada autoridad había sido condenada “por la corrupción” y había una persecución política en su contra.
“[Vladimir Cerrón] ha sido condenado, no por corrupción, sino por la corrupción. Cuando alguien del pueblo surge a levantar su voz, ahí sí salimos a decirle corrupto, pero la gran corrupción hoy es constitucional en el país. [...] [Pero Vladimir Cerrón ha sido sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo] Es totalmente político. Es una persecución política”, respondió en abril a RPP Noticias.
El 28 de agosto, cuando la fiscalía de lavado de activos allanó junto a la Policía Nacional sus inmuebles y los del partido, Cerrón dijo que existía “la persecución política contra el partido y sus dirigentes”. Congresistas de la bancada de Perú Libre han declarado en este mismo sentido, respaldando a su líder.
El legislador Pasión Dávila consideró, por ejemplo, que el allanamiento “parece una cacería de brujas”. En tanto, el abogado Raúl Noblecilla, quien ejerce la defensa de Cerrón, declaró a Sudaca que su patrocinado es un “perseguido político” al igual que el partido de gobierno. Incluso, dejó abierta la posibilidad para la solicitud de un asilo, que carecería de argumentos, según expertos consultados por El Comercio.
El último sábado, el congresista Jaime Quito, durante un evento de Perú Libre en Arequipa, volvió a referirse a una supuesta persecución.
“Nuestros dirigentes del partido vienen siendo perseguidos, nuestros dirigentes como Vladimir Cerrón hoy están siendo perseguidos porque simplemente no quieren que se plasme el programa del partido en esta realidad que estamos viviendo”, dijo el legislador.
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