En un primer momento, fue el Congreso el que intentó una salida a la crisis política, pero fracasó de muchas maneras. Un segundo momento estuvo protagonizado por el equipo especial de la Policía Nacional y el Ministerio Público, y llegó hasta la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. El tercer momento, que atravesamos ahora, está otra vez en manos del Congreso, y los pronósticos de Altuve-Febres al respecto no son precisamente optimistas.
—¿Ve con alguna expectativa el rol que va a cumplir el Congreso con esta papa caliente?
El punto es entender cuál es la estructura de la decisión que determina cómo salir del problema. Y la estructura constitucional del Perú propone la solución de este problema político, jurídico y judicial en el Congreso de la República. La fiscal puede hacer todo su trabajo en el plano de sus competencias, sin que haya voluntad del Congreso. Ella puede mostrar las pruebas, evidenciar, pero el eje es el Congreso. Es evidente que en los miembros del Congreso actual hay un blindaje para que no se produzca un cambio. Ya no es un problema de las competencias del Congreso, es un problema de los actores de este Congreso.
—¿La generalización vale para este caso? Es decir, ¿todo el Congreso es en sí mismo un freno?
El Congreso anterior destituyó a Vizcarra por motivos muy menores en comparación con todo lo que hay ahora. Tenemos un huaico de evidencias, naufragamos en la inmundicia, pero ellos no quieren, no hay la voluntad política.
—El procurador Daniel Soria comentó en una entrevista que el artículo 117 de la Constitución, o sea el meollo de este asunto, está muy desfasado respecto de la democracia actual. ¿Cambiarlo habría sido una alternativa, acaso?
Lo que es un precedente peligroso es cambiar los artículos por las circunstancias y problemas que tenemos. Es un problema de personas, y la mayoría de personas que están en el Congreso no son capaces de asumir su responsabilidad, de dejar de blindar a un gobierno corrupto. Si tuviéramos otro Congreso con otra composición, tendríamos otra realidad. No es un problema de las instituciones, es problema de las personas que están en las instituciones.
—En esta etapa de la crisis ha habido un subcapítulo: el Gobierno pidiendo apoyo internacional. Eso le da más oxígeno al presidente.
Creo que esto siempre ha sido un plan B, no es una estrategia que han sacado del sombrero ahora. Lo que pasa es que, con la gravedad de la situación, ahora la participación de la OEA ya no puede ser una visita sorpresiva del secretario general. Acaba de haber una conferencia de la OEA en Lima y no ha sido suficiente para arropar al gobernante. Entonces, ahora tratan de encontrar una fórmula a ver si se ponen de mediadores o tratan de buscar una mediación, pero cualquier persona de la oposición que se acerque a esa mediación va a salir carbonizada. No hay el espacio político para poder asentar una transición o un diálogo, más allá de la renuncia del presidente, y luego ver cómo la señora [Dina] Boluarte o el presidente del Congreso convocan elecciones.
—Seamos realistas: eso no va a suceder.
El Ejecutivo y el Legislativo en su mayoría –no la oposición, obviamente– están jugando al cataclismo. O sea, ‘solamente si hay un cataclismo nos vamos’. Y es una apuesta muy arriesgada. En el 2001, al final de cuentas todos tomaron conciencia de que algo había acabado y algo tenía que empezar, gustara o no gustara. Aquí hay una visión a la inversa: ‘Hasta que las circunstancias me saquen’. Pero cuando se llega a ese punto, tú ya no controlas las circunstancias, ya no sabes lo que puede pasar. Hay un agotamiento de la ciudadanía y hay el consenso, unos más y otros menos, de que esto tiene que tener una transición.
—¿Ve a alguien en el entorno del presidente que podría advertirle que con el cataclismo no se juega?
Por una miopía ideológica, no tienen las herramientas para darse cuenta de la gravedad de la situación, no son gente experimentada políticamente. En el fondo, su vida política se ha hecho con base en no ceder nada. En el Parlamento la supervivencia se obtiene concediendo, el mecanismo es a la inversa. Hay un bloque donde está un sector de Acción Popular, además de Podemos y Alianza para el Progreso, que de cierta manera son los que han sostenido al Gobierno. Su defensa de intereses particulares y políticos se ha ido agravando: se ha agravado la situación de Podemos, la de ‘Los Niños’, la del señor Acuña. No tienen qué negociar al otro lado y no saben cómo salirse, están presos. Si hubiera una oposición más inteligente, tendría una forma de arroparnos para salir del problema. Los problemas no son solo de los partidos que mencioné, sino también de ese tercio que debería organizar la salida. ¿Podrían encontrar una salida? No la están encontrando.
—Seis abogados y expolíticos, incluyéndolo, presentaron una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta traición a la patria. ¿Ha prosperado?
La acusación constitucional está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.
—¿Ese ensayo no le da acaso al presidente más razones para decir: me atacan, me golpean, me satanizan?
La imprudencia internacional que ha cometido el presidente es en este momento el único tipo penal por el cual, según establece la Constitución, puede ser acusado. Todo lo que pide la fiscal con muy buena intención está sujeto a ciertas interpretaciones. Lo que no es interpretable es que haya una acusación por un tema internacional grave. De todos los que han participado, yo he sido el más escéptico; que haya llegado a donde llegó para mí ha sido una sorpresa.