Filtración de acuerdo con Odebrecht preocupa a la fiscalía

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, expresó ayer su preocupación por la filtración en las redes sociales de parte del “acuerdo preparatorio de colaboración” con la empresa brasileña Odebrecht. Agregó que este documento está siendo usado de manera indebida para confundir a la ciudadanía.

“¿Por qué digo que me siento preocupado? Porque se estaría haciendo lamentablemente actos o prácticas indebidas de haber obtenido copia o fotografías de un documento archivado en oficinas de la fiscalía y se estaría dando un uso indebido en las redes sociales”, manifestó.

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Pérez dijo que solicitará que se “redoble” la seguridad en las oficinas del equipo especial y que se evalúe nuevamente al personal asignado.

“Como antes se había señalado que en la fiscalía había informantes de sectores interesados, nuevamente se da esta práctica, esta misma modalidad, hay un peligro de obstaculización respecto a las personas que están siendo investigadas con el ánimo de que las investigaciones fracasen, que no lleguen a buen término y que se genere impunidad con todo esto”, subrayó.

En diciembre del 2018, el ex presidente Alan García –quien es investigado por los sobornos que la firma brasileña admitió haber entregado por la línea 1 del metro de Lima– dijo que tenía “informantes” en el Ministerio Público.

Pérez reiteró que existe “una firme voluntad” de Odebrecht, la procuraduría del Caso Lava Jato y el Ministerio Público para que el acuerdo de colaboración se suscriba y se homologue ante un juez. “Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica [empresa] y las personas naturales”, remarcó.

Fuentes de El Comercio indicaron que el documento que se filtró corresponde al acta de beneficios –que tiene 29 páginas– del acuerdo al que se llegó en diciembre, pero cuya firma se postergó a raíz del cese de los fiscales Rafael Vela y Pérez del equipo especial.

La semana pasada, el Ministerio Público, la procuraduría y Odebrecht concretaron un nuevo convenio. Este documento, que fue entregado el viernes 18 de enero a las partes para su análisis final, contiene más de 1.000 páginas y se mantiene bajo reserva. Las mismas fuentes señalaron que el acuerdo dará acceso a nuevos testigos y a los servidores de la empresa que están encriptados.

—Local de Telefónica—
El fiscal Pérez, además, acudió ayer al local central de Telefónica del Perú, en el distrito de La Victoria, para verificar, junto a policías, la información que la empresa le entregó hace unos meses por la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el delito de lavado de activos.

La diligencia de exposición de documentos se realizó un día después de que la analista de Telefónica Silvana Castagnola denunciara en el programa “Punto final” que la compañía negó en abril del año pasado información al Ministerio Público sobre las llamadas de Keiko Fujimori entre el 2009 y el 2014, bajo el argumento de que no guardaba datos que superaran los tres años de antigüedad.

Sin embargo, la trabajadora refirió que nunca realizó la búsqueda respectiva.

Pérez señaló que aún no puede concluir que la empresa haya obstruido el trabajo de la fiscalía. “Eso yo no lo puedo determinar [si se investigará a Telefónica por ocultamiento] en este momento, yo voy a esperar, más bien, que concluya la labor de la policía técnica, ellos van a elevar un informe sobre si lo que [la empresa] informó es cierto, se está contrastando esto con los equipos”, mencionó.

Por medio de un comunicado, la referida empresa rechazó las acusaciones, en el sentido de que no haya cumplido con atender los requerimientos de la fiscalía “afectando el desarrollo de las investigaciones en el Perú”. Indicó que en el 2018 atendió 13.000 solicitudes de registros de llamadas.

José Ugaz, abogado de Telefónica, explicó que la Ley 27336 establece que las empresas operadoras están obligadas a mantener información sobre las llamadas hasta por tres años de antigüedad. Añadió que los registros que superen este tiempo son pasados a unas cintas que se almacenan en un local en Lurín.

“Por lo tanto, cuando se solicita información superior a los tres años, tendría que hacerse un procedimiento especial para sacar la información del almacén, procesarla nuevamente de manera digital y pasar a verificar que lo que contiene esa información es exacto o no es exacto”, detalló.