Financiamiento ilegal de partidos: dictamen ya no se verá en el pleno

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) cuestionó los alcances del dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de la República que propone incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Según pudo conocer El Comercio, dicho sector envió a la comisión una ayuda memoria con sus puntos de vista. Esto ocurrió el miércoles por la tarde, horas después de que la Junta de Portavoces –con votos de Fuerza Popular, Apra, Peruanos por el Kambio y APP– acordara ampliar la agenda del pleno para que se discutiera el dictamen y se lo exonerara de debate en la Comisión de Constitución.

En el documento, al que accedió este Diario, el ministerio advierte que “se estaría afectando la competencia del Ministerio Público” incluso desde la etapa preliminar al plantear que para que este inicie investigaciones necesita como requisito un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esto se contempla en la primera disposición complementaria final del dictamen.

Asimismo, señala que como agravante se están incorporando actos que configuran el delito de lavado de activos, pero proponiendo penas menores a las vigentes. “... Nos encontramos frente a figuras delictivas autónomas ya tipificadas y podría tener impacto en las investigaciones en curso contra organizaciones políticas”, señala el Minjus y agrega que estas “podrían alegar que las conductas no se encontraban tipificadas previamente al inicio de las investigaciones”.

También se indica que el dictamen regula las conductas “de manera muy amplia”, lo que podría contravenir los principios de legalidad y de proporcionalidad.

En tanto, la ONPE expresó ayer en un comunicado que no fue consultada sobre la disposición complementaria que le estaría atribuyendo funciones que corresponden a la fiscalía.

Fuentes del organismo precisaron a este Diario que se emitió opinión favorable al proyecto de la congresista Patricia Donayre –uno de los tres que considera el dictamen–, pero específicamente en cuanto a la necesidad de sancionar el financiamiento ilegal de partidos.

La asociación civil Transparencia afirmó que no emitió opinión favorable, como se señala en el dictamen, sino que solo remitió un informe técnico.

Este Diario intentó sin éxito comunicarse con Alberto Oliva, presidente de la comisión. El dictamen no indica que se haya recibido una opinión del Minjus.

—Reacomodos—
Por otro lado, las bancadas de Peruanos por el Kambio y APP informaron que retiraron sus firmas del acta de la Junta de Portavoces, con lo que el acuerdo solo quedaría con votos de Fuerza Popular y el Apra. Con esto queda sin efecto la exoneración del debate en comisión y no será visto en el pleno.

Jorge Meléndez, vocero de PpK, indicó que ante los cuestionamientos se está a la espera de un informe más amplio del Minjus para incorporarlo a la propuesta. “Lo que se pretende es penalizar el financiamiento ilegal. Pero como el tema es sensible ahora, hay que tener cuidado con el proyecto”, dijo acotando que “todo se va a mejorar para evitar malos entendidos”.

Richard Acuña, de APP, pidió que se retire la condición a la fiscalía (el informe previo de la ONPE) para investigar. “Ese dictamen no debe ser aprobado tal como está. APP y PpK hemos pedido que no se vea en el pleno esta semana”, indicó.

Por su parte, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, justificó que la norma no pase por Constitución, aunque precisó que podría ser modificada en el pleno.

—Cronología—

5/4/2018
Marisol Espinoza (APP) presenta su proyecto sobre el tema. Los otros son de Patricia Donayre (no agrupada) y Gilbert Violeta (PpK).

7/11/2018
La Comisión de Justicia aprueba el dictamen por unanimidad.

21/11/2018
La Junta de Portavoces acuerda ampliar la agenda del pleno y exonerar a la norma de debate en la Comisión de Constitución.