Fiscalía investiga a Boluarte por presunto financiamiento prohibido y organización criminal: ¿Qué hechos le atribuyen?

La disposición de ampliación de hechos e incorporación de investigados, suscrita por el fiscal Richard Rojas Gómez, también determinó continuar con las diligencias preliminares seguidas contra Boluarte por el presunto delito de lavado de activos.

En octubre del 2021, la por entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social fue incluida en la pesquisa abierta por el citado ilícito, y referida al financiamiento de las campañas del partido Perú Libre.

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Además, el fiscal Rojas incorporó al vacado expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro –investigado en el Caso ‘Gabinete en la sombra’– en la citada indagación. A ambos se les imputa también financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, además de lavado de activos en el caso del exjefe de Estado.

El fiscal recogió recientes declaraciones públicas de Shimabukuro, quien aseguró que financió algunos gastos de campaña de Castillo y Boluarte, como pasajes, alimentación, hospedajes, viáticos y movilidad personal.

De acuerdo con Shimabukuro, también apoyó a Boluarte con la adquisición de material logístico de campaña, como polos, banderolas, lápices, que no se habrían registrado como aportes a favor de Perú Libre.

El empresario también aseguró que realizó transferencias y entregas de dinero en efectivo para financiar la campaña de Boluarte, sin que estas se reporten como aportes de campaña al partido.

El fiscal Rojas asegura que no reportar los aportes de campaña fue un modus operandi de la presunta organización criminal “Perú Libre”, que financiaba sus actividades con dinero ilícito.

La fiscalía le imputa a Boluarte ser presunta coautora del delito de organización criminal, como “integrante” de la mencionada red.

El fiscal señala que Dina Boluarte habría conocido a Vladimir Cerrón en el 2016, cuando fue candidata a la alcaldía del distrito de Surquillo. Años después, en el 2020, se convirtió en militante de Perú Libre, hasta febrero del 2022.

Boluarte fue secretaria de economía de Lima Metropolitana de Perú Libre, “vínculo que le habría permitido conocer o tener acercamiento” con Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón, Arturo Cárdenas y otros presuntos integrantes de la red criminal.

La fiscalía señala que Boluarte, “en mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, [...] habría tenido una función de recolectora y proveedora de dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido”.

Por este caso, la fiscalía cuenta con la declaración de al menos un aspirante a colaborador eficaz que involucra a Boluarte en la recaudación de dinero presuntamente ilícito.

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El fiscal Rojas también atribuye a Boluarte haber realizado actos de conversión y transferencia de dinero presuntamente ilícito, que provendría de actos de corrupción de funcionarios.

La fiscalía destaca que Boluarte ordenó la transferencia de S/15.709 a Vladimir Cerrón el 15 de diciembre del 2020, desde una cuenta mancomunada que compartió con el investigado Braulio Grajeda Bellido. El dinero, según las pesquisas, sería de origen ilícito.

En tanto, al expresidente Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre, la fiscalía también le atribuye haber realizado actos de conversión y transferencia de dinero de procedencia ilegal, por lo que le atribuye presunto lavado de activos.

Además, se le investiga por supuestamente haber ocultado dinero procedente de actividades criminales.

Por último, la fiscalía identifica a Shimabukuru como financista de la presunta red criminal.

El despacho del fiscal Rojas planea recoger el 10 de abril el testimonio de Maritza Sánchez Peralta, quien fue asistenta de Boluarte durante la segunda vuelta presidencial.

Recientemente, Sánchez afirmó que Shimabukuro cubrió gastos de campaña de Dina Boluarte en el 2021 luego de conocerla en el Club Departamental Apurímac.

La fiscalía también pedirá a Castillo y Shimabukuro que presenten, dentro de 30 días hábiles, documentación contable desde enero del 2008 hasta setiembre del 2021, sobre ingresos, egresos e inversiones.

Entre otras diligencias, pedirá a la ONPE precisar si Boluarte, Castillo, Shimabukuro o Sánchez realizaron aportes a la campaña de Perú Libre o a alguno de sus candidatos durante las elecciones congresales 2020 y los comicios generales 2021.