Fondos de papel, la columna de Fernando Tuesta

Hasta inicios de siglo, los fondos de los partidos políticos provenían exclusivamente de fuentes privadas, sin límites ni supervisión. El dinero, que en algún momento fue el elemento que provocaba la desigualdad a favor de un partido en una campaña electoral, era compensado por la capacidad organizativa y movilizadora de otros partidos. Pero los recursos propios, cuotas de afiliados y gestión de su patrimonio fue reduciéndose o desapareciendo en el momento en el que los partidos perdían militantes, dirigentes y recursos.

Cuando se promulga la Ley de Partidos Políticos, en el 2003, estábamos delante de partidos políticos históricos altamente debilitados y partidos emergentes carentes de todo, menos de posibilidades de ganar una elección. Todo esto en un contexto en el que creció la brecha entre los altos costos de las campañas electorales y los bajos recursos de los partidos. Los partidos se convirtieron en organizaciones vulnerables al dinero privado proveniente de las corporaciones y de fuente ilícita. Las normas, así como muchas propuestas de reformas, han ido respondiendo a la lógica de exigir transparencia del origen de los recursos y sanciones para los que infringen la ley.

Estas legítimas propuestas no han podido ni podrán solucionar el tema de la corrupción y la intromisión de fuentes delictivas de dinero, sino se responde a la pregunta de dónde se generarán las fuentes lícitas y controladas para las campañas electorales. Aun cuando no guste, la única vía para reducir la brecha antes anotada y atenuar los efectos del dinero mal habido, es el financiamiento público, incrementando la franja electoral (impidiendo la compra de espacios más allá de ella) y financiando las campañas electorales, como ocurre en toda la región salvo Bolivia y Venezuela.

Por el contrario, el financiamiento privado es el más difícil de supervisar y el más escurridizo. Justamente, sobre el financiamiento privado, hace unos días se presentó la útil e imprescindible plataforma Fondos de Papel, cuyo propósito es investigar el financiamiento de la política, para lo cual ha analizado a 371 organizaciones políticas entre partidos y movimientos regionales, con lo que se obtuvo la información de 908.965 aportes, sumando un total de 312’590.753 soles, en los once últimos años.

El dinero de fuente privada viene de todo lado y de diversas maneras. Así se observa, por ejemplo, que Alianza para el Progreso, de César Acuña, ha recibido en todo el período analizado de la Universidad César Vallejo, Universidad Señor de Sipán y Universidad Autónoma del Perú la suma de 8’184.157 soles. Se trata del uso de sus centros educativos para fines de campaña electoral. Igualmente se encontró que 856 personas, entre investigados por delincuencia organizada, corrupción, delitos ambientales, lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas, están relacionadas con 65 organizaciones políticas de todo el Perú.

Partidos sin recursos y débilmente estructurados son presa fácil del dinero de las corporaciones y de origen ilícito. Solo con dinero público, con todo lo que ello implica, se puede reducir este flagelo. Solo así las demás reformas tendrán sentido y eficacia.

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