Francisco Ísmodes: “Perú-Petro no informó de manera adecuada”

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, explica los motivos por los que se derogaron los decretos que permitían explorar cinco pozos petroleros en el litoral. También habla de la implementación de comités de coordinación con las regiones.

—Tenemos un problema serio en el Perú con los grandes proyectos mineros, que no salen. El Perú pierde con eso muchos ingresos. ¿Qué estrategias se están aplicando para prevenir el activismo antiminero y crear las condiciones sociales para que haya la inversión minera?
Vemos cómo suben los precios de los metales y la economía se empieza a activar: es un círculo virtuoso. Para que los proyectos salgan, hay una labor todavía por hacer: que el gobierno tenga una mayor presencia en las zonas mineras para que, de una manera muy proactiva, pueda hacer, en algunos casos, de interlocutor, transmitir de manera adecuada la información a la población sobre los alcances de estas labores que se estarían por desarrollar y aclarar inquietudes; pero también ser un garante de los compromisos y las obligaciones que las empresas asumen, lo que no ha venido ocurriendo. Que el Estado se gane la confianza de las poblaciones.

—¿Cómo se va a ejecutar ese rol, dónde?
Tenemos el plan para hacerlo por lo menos en cuatro regiones este año. La idea es transformar el conflicto en un espacio de desarrollo. Ya hemos constituido un primer comité, en Moquegua. Lo hemos llamado Comité de Coordinación Intersectorial Regional. Lo que busca es establecer, por ejemplo, en el espacio de la región, un trabajo con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), con el gobernador regional, con las empresas y con otros sectores del gobierno como Agricultura, el Ministerio del Ambiente, Transportes, para que sea un espacio no solo reactivo sino donde se propongan iniciativas de desarrollo. Que sea el sector Agricultura y no la empresa el que proponga proyectos agrícolas a la población campesina.

—Solo en Cajamarca hay cinco grandes proyectos –Río Blanco, Galeno, Conga, La Granja y Michiquillay– que tienen el potencial de incrementar la producción de cobre en el Perú en 50%. Serían un gran aporte. ¿Hay una estrategia para sacar adelante estos proyectos?
Lo que queremos es acompañar a las empresas y a las comunidades en estos procesos. Tienen que llegar a buenos acuerdos. Promover confianza para que el reclamo y la preocupación no se expresen en las calles tomando carreteras, sino en un espacio de diálogo. El Gobierno va a estar presente para que la población aclare sus dudas e inquietudes directamente con el Gobierno. Y que el Gobierno dé a las comunidades la tranquilidad de que las cosas se van a hacer correctamente. En Michiquillay está por firmarse el proyecto con la empresa Southern y las comunidades van a estar presentes en la firma del convenio. Hay un fondo social que ya está en funciones. Entonces nosotros vamos a buscar cómo trabajando junto con la empresa ganamos esta confianza y estamos presentes proactivamente.

—En Tía María lo único que falta es una decisión del ministerio para otorgar la autorización de construcción. La empresa ha cumplido con todos los requisitos legales. Incluso se ha reducido significativamente la oposición en el valle. ¿Entonces se va a dar esta autorización para la construcción?
Entiendo que falta todavía un requisito, una servidumbre que no está completa. Southern es consciente de que hay un número importante de pobladores que apoya el proyecto y hay otro número importante que no lo está apoyando. Queremos apoyar para que el mayor número de pobladores respalde este proyecto. Se ha venido demorando no por el gobierno, sino por la relación que Southern ha tenido con las poblaciones vecinas. Queremos acompañar para que la población sienta que el Gobierno está presente en este espacio garantizando el cumplimiento de los compromisos legales y ambientales de la empresa.

—¿Cuándo se hará eso?
Estamos viendo cuándo podría ser, pero exactamente no le podría decir.

—¿Sale Quellaveco?
Esperamos una respuesta para mitad de año. Esperemos que sí.

—En el corredor minero del sur se pasean ONG contrarias a la minería y también esos abogados, los hermanos Chávez, que arman líos contra las empresas para exigir compensaciones para las comunidades a cambio de una jugosa comisión. Están denunciados pero no pasa nada. ¿Qué van a hacer para neutralizarlos?
Lo primero es hacer respetar la ley. Si hay personas que están actuando fuera de la ley y generan iniciativas que contravienen el orden público, pues entonces se tendrá que actuar. Estas demandas o denuncias que usted menciona, habrá que revisarlas. El punto es cómo el Estado va a llenar esos espacios que hoy día son llenados por terceros que tienen otros intereses. Con los comités. Además, es importante construir una visión compartida de la actividad. Muchas de esas ONG que menciona, no es que sean antimineras, sino que están preocupadas por lograr que la actividad se desarrolle con buenos estándares ambientales y sociales.

—Algunas sí y otras no. Basta revisar, por ejemplo, los manuales de CooperAcción…
Bueno, hay de todo... En algunos casos, hay consignas y en otros casos no. Las ONG que creen que puede haber una minería que todos queremos, entonces van a estar convocadas en estos espacios con empresas, con la academia, con periodistas, para poder construir esa visión de lo que nuestro país necesita. Ahora, también es necesario remediar los pasivos ambientales, para conseguir apoyo de las poblaciones. Hay comunidades que conviven con ellos y se enferman. Estamos reestructurando activos mineros y priorizando cuáles son esos pasivos de alto riesgo para apalancar recursos en un programa muy intenso de remediación.

—¿Quién va a coordinar la presencia de todos esos sectores en esos comités intersectoriales?
El Ministerio de Energía y Minas, por ahora. Además, todas las semanas viajamos a un encuentro muni-Ejecutivo, en el que nos reunimos con alcaldes, tomamos información de sus necesidades y todo eso va entrando en un proceso de programación y seguimiento. Estamos transformando el reclamo en un espacio positivo de desarrollo.

—Pero, entonces, van a tener oficinas permanentes en las regiones, oficinas multisectoriales, replicando la estructura de los gobiernos regionales…
No, no, no, al contrario. Son comités que van a ir a estas zonas en fechas predeterminadas, con reuniones periódicas que se van convocando con anticipación y el gobierno regional nos va a dar la facilidad del espacio para no estar haciendo más gastos. Además, no vamos a superponer roles. La mediana y la gran minería corresponden al gobierno nacional, pero las DREM deben estar informadas.

—Ahora, otro problema es la tramitopatía, que se multiplicó por diez a partir del 2011. Toma muchísimo tiempo sacar un proyecto adelante, también en hidrocarburos. ¿Están extirpando esa tramitología?
Es parte de lo que tenemos que optimizar. Queremos promover una ventanilla única, virtual, que permita hacer seguimiento a todas las etapas de los distintos permisos y autorizaciones que tiene que obtener una empresa minera para ver dónde se pueden optimizar los plazos.

—¡Quiere decir que todavía no han empezado!
Sí, hay proyectos presentados al Congreso sobre la ventanilla única. Senace ha avanzado una propuesta de optimización de plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

—Bueno, un área que requiere una reducción de trámites y procedimientos aun mucho más drástica es la formalización de la minería informal, donde las normas son incumplibles. Se han formalizado poquísimos. Habría que derogar todo y formalizar a partir de las plantas...
Vamos a fortalecer la formalización del pequeño minero y del minero artesanal. Hay que articular las distintas normativas que han salido en una sola, que ordene estos procesos de formalización.

—No hay que ordenar, hay que eliminar procedimientos y requisitos...
Bueno, pero dentro del orden. Hay temas críticos que no han sido resueltos aún, en los cuales tenemos que trabajar. Además, hay que formalizar pero atendiendo también el cuidado ambiental e insertando en la economía a estos mineros que se vienen formalizando…

—Pero son muy pocos. ¿Por qué no regresan a la manera como funcionaba antes, en que el Perú exportaba 1.500 millones de dólares de oro proveniente de este sector y se recaudaban 500 millones de dólares en Impuesto a la Renta, que ahora nos vendrían muy bien? Toda esa exportación sale de contrabando a Bolivia ahora…
Por eso menciono que debemos ver la mejor forma de insertar a estos mineros en la economía, cosa que no se ha logrado a pesar...

—Por culpa de las normas vigentes…
Seguramente por culpa de las normas… Activos Mineros, que ya viene comprando oro, puede promover el uso de tecnologías y dar facilidades a estos mineros.

—Un sector patético es el petrolero. En los últimos dos años, han sido devueltos 26 lotes, existen otros 20 lotes declarados en fuerza mayor. La producción sigue cayendo y nos hemos dado el lujo de derogar el decreto que permitía la exploración de 5 pozos en el zócalo. ¿Cómo puede justificarse una decisión como esa?
Porque existen ya una serie de lotes de exploración de hidrocarburos en el norte parados por conflictividad social. Perú-Petro debió desarrollar un proceso de información a la ciudadanía sobre la actividad y no lo hizo de manera adecuada. Hemos quitado la autorización de firma de esos contratos mientras que Perú-Petro mejora el proceso de información a la ciudadanía y a los pescadores.

—¡Pero estos pozos petroleros están situados a 40 millas, muy lejos de las 5 millas!
En algunos casos, en Tumbes están justamente a partir de la milla 5.

—Hay uno, pero fuera del área…
Pero justamente ese es el espacio de información que tenemos que llenar. La propia empresa Tullow ya indicó que va a acompañar este proceso de información y continúa con su interés en el desarrollo de estos pozos. Entonces, en realidad en lugar de poner en riesgo una actividad de exploración, lo que hemos hecho es fortalecer el proceso.

—Era una protesta pequeña y con otras demandas...
Yo he estado personalmente en Tumbes, Lambayeque, Chiclayo y Piura, y me he reunido con varias poblaciones de pescadores...

—¿No los pudo convencer?
He ido a tomar información.

—¿No a explicar?
Pero por supuesto, pero ellos viven de la pesca y tienen una gran preocupación de que esta actividad pueda afectarlos y son miles de pescadores. Entonces se trata de explicar que esta es una actividad que va a ser desarrollada mar adentro, en aguas profundas y que les va a generar beneficios. Lo primero que me dicen es: “Usted me viene a hablar a mí de que es algo bueno para el país. ¿Y usted ha visto cómo estamos? Nos matan, nos roban los piratas, no está Dicapi, no tenemos agua potable, tenemos un embarcadero a mitad de construir, parado hace dos años…”.

—Esos son los problemas reales…
Por eso tenemos este Fondo de Adelanto Social. La idea es que Produce empiece a trabajar con los pescadores para ejecutar mejoras en temas básicos.

—¿Cuándo sale el proyecto del gasoducto sur peruano? ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Es el mismo proyecto que había o es uno nuevo?
Pro Inversión ha contratado a una empresa que está trabajando para identificar cuál es la mejor opción para llevar este gas al sur. Este año debemos tener ya esa información.

—Hay dudas acerca de la rentabilidad de este proyecto. Quizá no tenga sentido realizarlo. Además, ya no podrá ser financiado con nuestros pagos por luz…
Justamente la evaluación comprende ese aspecto económico. El promover la industria petroquímica va a ayudar a darle mayor utilidad a ese gas.

—Algunos dicen que no hay mercado. Por ejemplo, Chile ya no es un mercado, pues tiene ahora una producción eólica y solar enorme. Álvaro Ríos sostiene que, más bien, Chile nos va a exportar a nosotros energía y gas…
Es el tema de la interconexión con Chile para exportarles energía. Los costos actuales de la energía en Chile con el Perú son competitivos y es algo que iremos viendo de acuerdo con el crecimiento de la demanda en ambos países. El mercado decidirá.

—No se entiende por qué las energías renovables, solar, eólica, tienen en el Perú un límite absurdo de 5% del total. ¿Por qué poner límites?
Estamos trabajando en eso. No hemos encontrado motivo para limitar su expansión. Este Gobierno cree firmemente en impulsar las energías renovables y nuestra propuesta al 2021 es tener una energía renovable mayor al 5%. Hoy día las energías eólica y solar se han abaratado mucho. Hay que dar ese marco legal.