Fuerza Popular: ¿Es adecuada la medida de vigilancia judicial dispuesta por el juez? | ANÁLISIS

De acuerdo al pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez, aún existía peligro de que la presunta red criminal al interior de Fuerza Popular pueda continuar utilizando a dicha persona jurídica para captar fondos ilícitos, así como ocurrió en las campañas del 2011 y 2016.

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El juez a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró que el Ministerio Público no logró comprobar que persista el peligro de obstaculización en el proceso por parte de los miembros de la presunta organización criminal, y tampoco existiría el peligro de que vuelva a cometerse presunto lavado de activos.

De esta forma, el magistrado impuso una orden de vigilancia judicial por el plazo de dos años, con la que Fuerza Popular deberá reportar sus deudas, ingresos y gastos ante el juzgado. “Esta información deberá ser actualizada y remitida al Juzgado el 01 y 15 de cada mes, en caso de que estos días resultaren inhábiles, en el siguiente día hábil”, se lee en la resolución.

“El juzgado concluye que los efectos lesivos del presunto delito de lavado de activos investigado en el presente caso permanecen, específicamente porque se estaría lesionando el valor constitucional de transparencia en la obtención de recursos de organizaciones políticas, lo que, a su vez, implicaría una distorsión de la construcción y canalización de la voluntad popular para el presente proceso electoral”, indicó.

Sobre la proporcionalidad de la medida, el magistrado indicó que no todas las personas que conforman el partido político Fuerza Popular habrían estado involucradas en la presunta materialización de los actos de lavado de activos, “en consecuencia, imponer la medida de suspensión de las actividades de todo el partido político implicaría afectar el derecho de participación política de estas personas sin un motivo que justifique esta restricción”.

Zúñiga Urday añade en su resolución que “no existe peligro concreto de que la presunta organización criminal que se habría enquistado en el partido político Fuerza Popular continúe utilizando esta personalidad jurídica para obstaculizar la averiguación de la verdad o cometer el delito de lavado de activos”.

Sostuvo además que “no todas las actividades políticas del partido político Fuerza Popular han sido utilizadas para la comisión del presunto delito de lavado de activos”.

Según pudo conocer este Diario, para la fiscalía una medida de este tipo no sería suficiente en el caso de Fuerza Popular, y apelarán la resolución en los próximos días.

Rafael Chanjan: “Creo que es proporcional lo que ha resuelto el juez”

El abogado penalista Rafael Chanjan consideró que fue una decisión “razonable” que el juez haya optado por la vigilancia judicial y no por la suspensión. “Era la medida más extrema que se podía tomar de manera provisional. Es razonable que el juez en este caso no le haya dado la razón al Ministerio Público”, señaló a El Comercio.

Según el especialista, la vigilancia judicial es una medida que también podría evitar los riesgos que podrían estar presentes en el caso de Fuerza Popular. “Creo que es proporcional lo que ha resuelto el juez”, añadió.

De acuerdo al Código Procesal Penal, existen otras medidas alternativas a la suspensión temporal. Están también la clausura temporal parcial o total, el nombramiento de un administrador judicial y la inscripción registral del procesamiento penal. La vigilancia judicial a Fuerza Popular es una de las menos gravosas entre las que se contempla para estos casos.

Chanjan explicó que la vigilancia judicial “va a suponer una carga importante para Fuerza Popular, y también está la posibilidad de que si no se cumple adecuadamente, el PJ puede variar esta medida por otra más grave”.

Añadió que es obligación de Fuerza Popular dar información veraz en sus reportes al Poder Judicial. “Si se verifica que esto no es así, que es información que no está completa o es fraguada, ahí el Ministerio Público o el PJ tomarán las medidas adecuadas”, dijo.

Iván Meini: “Es una medida acertada”

El exprocurador Iván Meini coincidió en que la vigilancia judicial es una medida “proporcionada”, tras resaltar que es la primera vez que se impone una medida de este tipo contra un partido político.

“Lo que se había pedido por parte del Ministerio Público que era la suspensión de las actividades implicaba en los hechos que el partido dejase de existir y la misma finalidad que es cautelar que el partido no vaya a ser utilizado para lavar activos y cometer delitos se debe lograr a través de la vigilancia judicial. Considero que es una medida acertada”, señaló.

El letrado sostuvo que la vigilancia judicial es medida cautelar, por tanto, esta puede variar o permanecer, “en función a como se desempeñe el partido”.

“Si es que cumple con suministrar información verídica y eficaz que el juez solicite, entonces la medida debería continuar. Si por el contrario incumple las propias condiciones de la medida de vigilancia, ya sea no presentando información, retrasando, o presentando información falsa, tergiversada o incompleta, esa medida habría fracasado, tendría que levantarse o imponerse una más drástica”, explicó.

Antonio Maldonado: “Es inconsistente y errónea”

Una opinión opuesta es la del exprocurador Antonio Maldonado, quien considera que el juez Víctor Zúñiga debió haber acogido el pedido de suspender a Fuerza Popular. “Es una decisión judicial que no es idónea, es inconsistente y errónea”, apuntó.

“Fuerza Popular en su praxis real, a través de una estructura paralela, la distancia de un partido político, la distorsiona y lo pervierte, es una maquinaria que utiliza cualquier medio, inclusive criminales para obtener poder, un partido debe tener fines democráticos y medios que sean coherentes con esos fines, la medida del juez es inconsistente con su deber de garantizar que lo ciudadanos del Perú no sean objeto de una organización criminal con la fachada de un partido político”, sostuvo.

Añadió que “no solo se trata de proteger a simpatizantes honestos o ingenuos (de Fuerza Popular), es la cuestión de si eso también afecta a la ciudadanía en general”.

Maldonado indicó que el Poder Judicial no tendría la capacidad de que la medida de vigilancia judicial sea cumplida.

“La medida resulta ineficaz, no va a ser posible de ser materializada, el sistema de justicia no tiene esa capacidad, la prueba es que hemos llegado al punto que hemos llegado con lo que ha hecho Fuerza Popular, si el sistema de justicia tuviera la capacidad de prevenir los hechos que se le imputan a Fuerza Popular esos hechos no habrían ocurrido. Esto va más allá de la medida judicial, define la precariedad del sistema electoral, lo más eficaz era acoger la medida solicitada”, añadió.

Defensa de Fuerza Popular: “Teoría (fiscal) se viene desmoronando”

La defensa de Fuerza Popular ha señalado que con esta decisión, los argumentos de la fiscalía han sido desestimados por el Poder Judicial.

“El pedido del fiscal Pérez ha sido desestimado por el Poder Judicial. Es claro que su teoría de imputación se viene desmoronando de a pocos por carecer de fundamentos legales y constitucionales”, dijo Elio Riera, abogado del partido, ni bien se conoció la decisión del juez.

En aquel momento también, el secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, consideró que “ha ganado la democracia”.

“Acá nadie ha ganado o ha perdido. La democracia, más bien, es la que ha ganado en el sentido de que no hay ninguna intromisión de otro poder y parte de los argumentos deben estar por esa línea, que los miembros de un partido y los simpatizantes que quieran votar por una opción política no sean perjudicados por decisiones vinculadas a otras áreas”, exclamó en Canal N.

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