Fuerza Popular: ¿se justifica allanamiento a sus locales?

La investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori ha tenido un nuevo capítulo el último jueves: el allanamiento de dos locales del partido Fuerza Popular en el centro de Lima y Surco, una diligencia encabezada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez.

La operación se da en el marco de una de las pesquisas que Gómez realiza a Fujimori, la referida al financiamiento de la campaña electoral del 2011, 6 años atrás. Precisamente como parte de ello, el magistrado interrogó a Marcelo Odebrecht —ex CEO de la constructora que lleva su apellido— el pasado 9 de noviembre en Brasil. Y como informó este Diario, él señaló que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de la lideresa del partido anaranjado y otros candidatos favoritos en esos comicios.

—El procedimiento—
El allanamiento se da en medio de un momento de crispación política y de un claro enfrentamiento entre Fuerza Popular y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre quien pesan dos denuncias constitucionales en trámite en el Congreso. Sin embargo, penalistas consultados por El Comercio destacaron que la diligencia corresponde a un acto permitido por la ley como parte de una investigación. Así, como procedimiento estrictamente legal, justificaron la medida.

¿Cómo se procede para un allanamiento? Si bien la Constitución establece el derecho a la inviolabilidad de domicilio, este procedimiento judicial responde a una medida preventiva que necesita primero de una solicitud fiscal y posteriormente la autorización de un juez, como en este caso la ha dado Richard Concepción Carhuancho.

Todo ello en un marco en el que el Ministerio Público considere que hay indicios de delitos, para lo que presenta argumentos y pruebas que son evaluadas por el juez para decidir si acepta o no la solicitud. “El allanamiento es para recoger información que las partes eventualmente no quisieran dar”, indicó a El Comercio la penalista Romy Chang Kcomt.

Por su parte, Enrique Ghersi refirió que cuando se lleva a cabo una diligencia de este tipo es porque el fiscal quiere evitar que desaparezca la posibilidad de conseguir alguna información importante para la investigación, sean documentos, libros contables u otros.

“El fiscal tiene información de que en esos inmuebles existe documentación que requiere ser asequible porque de por medio hay información que justifica la importancia de esa documentación”, dijo al respecto el también penalista Luis Lamas Puccio.

—El caso del fujimorismo—
Efectivamente, según la resolución del juez Concepción Carhuancho, la finalidad del allanamiento es encontrar e incautar documentación contable o administrativa relacionadas a la campaña electoral del partido fujimorista en el 2011 así como equipos de cómputo, informáticos y de datos que contengan información contable o administrativa vinculadas a esa campaña presidencial.

En cuanto a la investigación específica y considerando que se trata de un partido político, los penalistas consultados difirieron en sus apreciaciones respecto a la razonabilidad y justificación del allanamiento.

Chang Kcomt apuntó que las declaraciones de Marcelo Odebrecht son consideradas suficientes por el Ministerio Público para tener indicios de que existe algún delito. Y si bien señaló que el allanamiento no es irregular, sino más bien algo que se veía venir, expresó: “Yo no sé si el Ministerio Público realmente va a obtener algún tipo de información respecto del allanamiento. La lógica dice que no va a ser así si tomamos en cuenta que ya pasó un montón de tiempo de la campaña y que información sensible no se suele guardar en los locales”.

Pese a ello, sostuvo que de todos modos a veces se suele encontrar información que no se espera. “Lo único que nos va a poder decir si la decisión fue correcta o no, es el resultado de si se encuentra algo o no en el allanamiento […] De momento, es una medida que pareciera ser más política que jurídica”, consideró, aunque manifestó que es necesario separar el ámbito político del jurídico.

Lamas Puccio tuvo una posición discrepante y defendió la legalidad del procedimiento. “Esto no tiene nada que ver con la interpretación política que le quieren dar. Es un hecho estrictamente permitido por la ley como parte de una investigación”, indicó.

Finalmente, Ghersi consideró que se trata de una “situación extrema”, pues involucra a un partido político. Por ello, dijo ver necesario que el Ministerio Público y el Poder Judicial den las explicaciones del caso, lo que no implica revelar datos de la investigación.

“Una diligencia de este tipo se puede prestar a abusos. Tampoco puede el Ministerio Público abusar de esta facultad y el Poder Judicial debe tener una gran prudencia para ejercerla. Si se trata de un partido hay una obligación del Poder Judicial y Ministerio Público en dar una explicación a la opinión pública por más que sea legal”, sentenció.