Fuerza Popular y sus intocables: ¿Por qué el partido no es drástico con sus congresistas cuestionados?

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Cordero Jon Tay ha sido involucrado en la trama de espionaje de Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, y, además, pesa sobre él una denuncia por violencia contra la mujer. Castillo también fue acusado de maltrato hacia su pareja.

De otro lado, Zeta Chunga fue señalada por presuntamente haber usado indebidamente - en plena emergencia por las lluvias en el país- un helicóptero de la Fuerza Aérea para viajar con su hijo y la enamorada de este, quien compartió fotografías dentro de la aeronave en sus redes sociales.

Consultado por El Comercio, Diethell Columbus, excongresista y actual secretario de prensa de Fuerza Popular, señaló que, a fines de marzo, el partido inició un proceso disciplinario contra Cordero Jon Tay. Sin embargo, no quiso dar detalles de en qué etapa se encuentra el caso y si se evalúa expulsar al legislador.

El proceso disciplinario al que hace referencia Columbus no se inició de oficio, sino a pedido de la parlamentaria Martha Moyano, cuyo número habría sido facilitado por Cordero Jon Tay a ‘El Español’ para probar los equipos de interceptación telefónica.

Además, cuando el escándalo estalló, a inicios de marzo, la única medida que tomó la bancada naranja fue retirar a Cordero Jon Tay de la Comisión de Inteligencia. También comunicó que el legislador se encontraba suspendido del bloque desde el pasado 6 de diciembre, sin la posibilidad de participar de las reuniones de la agrupación, debido al caso de violencia contra la mujer en el que estaba involucrado.

“Sobre el caso de Cordero ya hay un proceso instaurado por la Secretaría de Ética y Disciplina del partido. Esta información se hará pública en su momento”, afirmó Columbus.

Sobre Castillo, Columbus indicó que el caso ya es revisado por la Comisión de Ética del Congreso, y que “ahí dará sus descargos”. “Hay que hacer una contrastación de dichos y ver si hay pruebas o no y será esa comisión quien determine si hay o no responsabilidades”, añadió.

Tanto Columbus, como fuentes del partido consultadas por este Diario, no anunciaron ningún proceso interno contra Castillo, pese a la gravedad del caso.

Es importante recordar, que - a mediados de marzo - cuando la Comisión de Ética debatía investigar de oficio al parlamentario, sus colegas de bancada Rosangella Barbarán y Arturo Alegría buscaron blindarlo, minimizando la acusación. Pese a la oposición de Barbarán y Alegría, la denuncia fue admitida por mayoría, con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención.

Columbus remarcó que el caso de Zeta ya “ha sido aclarado por la Fuerza Aérea”. Según un comunicado de la FAP, con fecha del 22 de marzo, la parlamentaria y sus allegados eran parte del grupo de ciudadanos que se encontraban varados en Sodorillo (Huancabamba, Piura) y que el helicóptero fue usado para evacuarlos de ese distrito el día 20 de ese mismo mes.

De otro lado, Patricia Juárez, portavoz de FP, rechazó que exista un blindaje de sus colegas. “Fuerza Popular no ha blindado al congresista Cordero [...] Nosotros hemos votado para que regrese a Comisión de Ética y mediten la resolución de archivamiento en sede fiscal y retorne al pleno para votar”, alegó.

“En las reuniones de bancada, siempre estamos recordando la responsabilidad de nuestra conducta que debemos guardar como congresistas”, concluyó Juárez.

Similar explicación dio el congresista César Revilla, también integrante del bloque naranja. “Ética lo investiga de oficio se permitirá el debido proceso [contra Eduardo Castillo]. Fuerza popular no blinda a nadie y permitiremos el debido proceso”, arguyó.

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Los analistas políticos Kathy Zegarra y Luis Nunes señalaron a El Comercio que la actitud de Fuerza Popular podría interpretarse como “apañamiento” y “blindaje”.

Zegarra indicó que estos casos reflejan “que constantemente se van apañando actos que son cuestionables” y que van “en contra del interés ciudadano”.

La analista afirmó que, mientras el tema no se ponga en la agenda política y no haya presión, la agrupación naranja no se va a “atacar a sí misma” y, al contrario, “se va a proteger”.

No obstante, consideró que lo ocurrido con Fuerza Popular “no es un fenómeno nuevo” y lo hace “únicamente este partido”. A su juicio, esta tendencia es propia de una clase política que tiene a congresistas, autoridades y líderes políticos que no tienen una imagen “limpia” o que están cuestionados.

En tanto, Luis Nunes cuestionó que Fuerza Popular no tomara medidas inmediatas sobre Cordero Jon Tay al tratarse de un caso “evidente”.

“Hubo falta de velocidad y reacción [de Fuerza Popular] en que estos asuntos se aclaren inmediatamente [...] En el caso de Cordero Jon Tay no hay que esperar demasiadas pruebas porque la situación es bastante evidente”, manifestó.

Nunes expresó también que, en el caso de Zeta y de Castillo, el partido también debería tomar medidas y no solo dejar el caso en manos de la Comisión de Ética. “Yo creo que ellos tienen que abrir igual procesos de investigación porque sino Fuerza Popular va a tener un discurso para los otros partidos y va a ser defensa de sus propios legisladores[...] Al no haber investigaciones la gente dirá que son más de lo mismo y blindan a su gente”, agregó.

El especialista comparó la reacción condescendiente de Fuerza Popular, con las decisiones que tomó Alianza para el Progreso en los casos de Magaly Ruiz y Rosio Torres.

Finalmente, señaló que este tipo de casos golpean también la reputación del Congreso, “que tiene una aprobación del 6%”. “El ciudadano común y corriente juzga a los congresistas como un todo”, expresó también.

Luis Cordero Jon Tay

Involucrado en trama de espionaje

El pasado 7 de marzo, Cordero Jon Tay fue señalado por sus presuntos vínculos con la red criminal que tendría como líder al ex presidente Pedro Castillo. El Comercio reveló que el agente especial de la fiscalía Carlos Barba Daza relató al Ministerio Público que Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, le comentó que el parlamentario estaba interesado en asistir a una feria de equipos electrónicos en Panamá y que este asumiría sus gastos, como pasajes y estadía.

‘El Español’ le dijo que Cordero Jon Tay “está apoyando bastante al gobierno al interior de la Comisión de Inteligencia”.

El viaje a Panamá se realizó en la quincena de octubre del 2022 y Barba fue como asesor de la dirección de la Digimin. En el país centroamericano tomó contactó con el fujimorista, “con quien estaría durante los tres días que se desarrolló la feria, con la finalidad de asesorarlo en cuestiones de inteligencia electrónica”.

Durante ese tiempo, Barba Daza fingió contactarse con una empresa “que vende soluciones de interceptación de comunicaciones vía WhatsApp”.

Según el testimonio de Barba Daza, las negociaciones no fueron prósperas. Ante ello, Barba le comentó a Hernández Fernández que había “una solución para interceptar mensaje de WhatsApp”. ‘El Español’ le refirió que el presidente Castillo estaba dispuesto a respaldar la compra, pero solicitó “una demostración”.

“Ante esto, Carlos Barba le indica [a Hernández] sí se puede hacer la demostración para lo cual le menciona que le solicite a Cordero el número [de celular] de la congresista Martha Moyano [quien entonces ya era primera vicepresidenta del Parlamento], como estrategia para seguir fortaleciendo la confianza [de parte del fujimorista] con ‘El Español’”, detalló ante la Fiscalía de la Nación.

Luego de ello, “generaron una simulación de captura de pantalla de una conversación de WhatsApp”, aparentemente de Moyano.

Tras esto, la bancada de Fuerza Popular anunció que pediría su salida de la Comisión de Inteligencia. Como miembro de este grupo de trabajo, cuyas sesiones son secretas, Cordero Jon Tay tuvo acceso a información sensible, vinculada a la seguridad nacional.

Por aquellos días, el partido no era drástico con Cordero. En una entrevista con El Comercio, Miguel Torres, portavoz de FP, dijo respetarían “la presunción de inocencia del parlamentario”. Asimismo, expresó que actuarían “conforme vayan conociéndose los hallazgos de la investigación del Ministerio Público”. Hasta ese momento, no anunciaban medidas contra su correligionario.

Posteriormente, se difundieron nuevos chats y audios que comprometían aún más al congresista. También se revelaron imágenes de Cordero Jon Tay en la feria a la que acudió en Panamá.

El 13 de marzo, la Comisión de Ética Parlamentaria admitió denunciar de oficio contra el legislador Luis Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, por su presunto vínculo con la supuesta organización criminal encabezada Castillo Terrones.

Previamente, en mayo de 2022, referido grupo de trabajo aprobó un informe que recomienda al pleno del Congreso suspender por 60 días a Cordero por otro caso.

El grupo determinó que el legislador trató de intimidar a su expareja para que deje de denunciarlo ante los medios de comunicación por agresiones físicas. Luego de casi un año, el caso pasó al pleno del Poder Legislativo, donde Cordero Jon Tay fue blindado.

Las bancadas que votaron mayoritariamente a favor fueron las de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Somos Perú y Renovación Popular.

Varios días después de que se conocieran sus vínculos con ‘El Español’, Fuerza Popular le abrió un proceso disciplinario por “faltas graves y muy graves” tras una denuncia presentada por Martha Moyano.

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Eduardo Castillo

Denunciado por violencia contra la mujer

Inicios de marzo, el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la cónyuge del congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo Rivas, otrora portavoz alterno de la organización política, luego que ella lo acusara de violencia familiar ante una comisaría en Piura.

La resolución de la jueza Líder Ermelinda Facundo Facundo, del Segundo Juzgado de Familia con sede en San Martín, se basa en la denuncia que hizo la esposa del parlamentario, Maricarmen Lisbeth Salazar Quintana, ante la Comisaría de Sullana el pasado 23 de febrero.

En esa ocasión, la víctima dijo que fue objeto de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica luego de haber recibido mensajes de WhatsApp de Castillo Rivas, con quien tiene una hija menor de edad.

También señaló que esa no era la primera vez que sufría ataques de este tipo, en un contexto en el que se encuentran en un proceso de divorcio y conciliación para determinar la tenencia y régimen de visitas de su hija, así como pensión por alimentos.

La cónyuge del legislador adjuntó en su acusación un informe psicológico que concluye que sufre de tensión, enojo, temor y preocupación al estar expuesta a este tipo de violencia.

En respuesta, Eduardo Castillo aseguró que la acusación fue una mentira y que había un acuerdo previo verbal para una separación convencional con un acta de conciliación, el cual habría sido irrespetado por su cónyuge.

Ante estos hechos, la magistrada evaluó que las conversaciones por WhatsApp demuestran que el congresista usó aspectos económicos para “causar sufrimiento a la agraviada, controlarla y conseguir con ello la firma del acuerdo de conciliación”.

Por esto, la jueza dictó medidas de protección que incluyen el cese de cualquier tipo de violencia por parte del congresista contra su esposa, incluyendo cualquier tipo de represalias o actos violentos como amenazas, acosos e insultos.

Días después, cuando el caso era debatido en la Comisión de Ética, su compañeros Rosangella Barbarán y Arturo Alegría, de Fuerza Popular, intentaron blindarlo, votando contra de que se admita la denuncia de oficio en su contra.

Barbarán y Alegría aseguraron que Castillo dio sus descargos a la bancada, con documentación que acredita su versión. Según afirmaron, el legislador está en proceso de conciliación con su expareja, por lo que se trata - según consideró Barbarán- de un tema “personalísimo”.

“No hay ninguna persona a quien juzgar en este caso porque un hecho personalísimo, como lo es un divorcio, siempre es un tema doloroso para todas las partes. Conociendo el material al que hemos podido acceder, yo sí considero que no amerita ningún tipo de apertura, al menos a través de la Comisión de Ética”, dijo.

En tanto, Alegría señaló: “Lo que aquí hay, digamos, es una discusión probablemente entre dos personas que han mantenido una relación. [...] Abrir investigación creo que no es lo adecuado por parte de la comisión. Me extraña que sin mayores argumentos la comisión pretenda abrir investigación”.

Pese a la oposición de Barbarán y Alegría, la denuncia fue admitida por mayoría, con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención de la legisladora Rosío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso (APP).

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María Zeta

Uso de helicóptero de la FAP

A finales de marzo, se dio a conocer que Maricruz Zeta, su hijo y la novia de este utilizaron un helicóptero de la Fuerza Aérea para trasladarse a Piura. Ello en plena emergencia por las lluvias en el país, especialmente en las regiones del norte.

Según informó RPP Noticias, la joven –identificada como Karen Albán Flores- publicó en su cuenta de Instagram las fotografías de su viaje en la aeronave, lo que generó críticas.

Al respecto, el presidente de la Junta Vecina de Miraflores en Piura, Jorge Pellón, señaló a dicha emisora radial que “no hay ninguna razón” para que el hijo de la legisladora y su pareja viajen en “actitud social” en un helicóptero destinado para llevar ayuda a los damnificados por la emergencia.

Zeta reconoció que viajó en un helicóptero de las Fuerzas Armadas en compañía de su hijo y su enamorada. En una entrevista con RPP, la parlamentaria dijo que se trasladó a Huancabamba con un grupo de “jóvenes voluntarios”, entre ellos sus allegados y, luego de tres días, procedían a retirarse cuando quedaron varados tras un derrumbe.

“En el camino ha habido un derrumbe del cerro en el caserío de Los Ranchos, y había cerca de 15 camionetas y camiones que estaban aislados que no podían avanzar ni a Piura ni regresar a Huancabamba. Quedamos varados todos”, señaló.

En otro momento, la congresista señaló que la protagonista de la fotografía (la enamorada de su hijo) no es política y que, como cualquier persona, “comparte sus fotografías”.

En un comunicado, la FAP explicó que Zeta y sus acompañantes formaban parte del grupo de personas varadas en el distrito de Sodorillo (Huancabamba, Piura) que ayudaron a evacuar con el helicóptero.

Sobre las fotografías publicadas por la pareja del hijo de la congresista, la FAP señaló que #son enteramente responsabilidad de la persona que las tomó y no comprometen en absoluto a la tripulación que llevó a cabo su deber de manera profesional”.

En ese entonces, el partido político no expresó comentario alguno sobre el caso.