El Consejo de Ministros aprobó ayer los proyectos para la reforma del sistema de justicia. (Foto: USI)
El Consejo de Ministros aprobó ayer los proyectos para la reforma del sistema de justicia. (Foto: USI)
Redacción EC

El Ejecutivo envió esta tarde al Congreso todos los proyectos de ley con los que buscan llevar a cabo la reforma del sistema de administración de justicia, tal como fue anunciado por el presidente en su mensaje a la nación del 28 de julio.

Entre los ocho proyectos que ya están registrados en la página web del Congreso se encuentra la iniciativa de reforma para cambiar dos artículos de la Constitución relacionados a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La aprobación de esta reforma constitucional requerirá, según anunció el presidente Martín Vizcarra, una votación en el pleno del Congreso para que luego sea sometida a un referéndum. 

Los otros siete proyectos de ley que no requieren de una consulta popular también fueron presentados por el mandatario ante el pleno del Congreso.

Dos de ellos buscan crear la Autoridad de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público respectivamente, mientras que el tercer proyecto busca modificar dos artículos en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

La cuarta norma incorpora un título adicional específico que incluye al Poder Judicial, Ministerio Público, CNM, Tribunal Constitucional (TC) y la Academia de la Magistratura en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

El quinto proyecto de ley busca incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía y propone un conjunto de medidas para establecer la función social de este oficio.

El sexto texto plantea la creación de la Fiscalía Suprema Anticorrupción como parte del sistema especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Delitos Conexos.

Por último, el séptimo proyecto crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, el cual estará integrado por las máximas autoridades entre todos los poderes del Estado. Su objetivo será asegurar el cumplimiento de las políticas para que la "justicia sea ejecutada con probidad y de manera eficiente y oportuna".