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Durante el último año, el fiscal José Domingo Pérez intentó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Defensa (Mindef) le remitan información sobre los gastos destinados a la inteligencia en el Valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem), a fin de ampliar la investigación sobre los presuntos colaboradores fantasmas.
Entre los documentos solicitados por la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa se encuentran declaraciones juradas firmadas por supuestos colaboradores, quienes en el programa de televisión “Panorama” negaron haber recibido pago alguno, e incluso denunciaron que sus firmas fueron falsificadas.
A inicios de mayo, mediante un oficio firmado por el primer ministro, Fernando Zavala, el actual Gobierno le negó por segunda vez al fiscal Pérez el acceso a la información solicitada. La PCM indica que la documentación tiene el “carácter de secreto”, clasificación que le fue dada por el Ministerio de Defensa.
El oficio, al que tuvo acceso El Comercio, también está suscrito por María Soledad Guiulfo Suárez-Durand, secretaria general del Mindef, y Mónica Huertas Fernández, de la oficina de Asesoría Jurídica de ese despacho.
Fuentes de este Diario, cercanas a la investigación, cuestionaron la decisión tomada por la PCM y el Mindef. Advirtieron que la pesquisa será archivada y que los responsables de los hechos denunciados no serán identificados ni juzgados.
Lo que más preocupa tanto a la procuraduría como a los representantes del Ministerio Público, es que este sería el primer precedente para que en casos futuros, el Gobierno se niegue a brindar información amparándose en el carácter de reservado.
“Ni en la época del ex presidente (Alberto) Fujimori o en los años siguientes se ha negado información. Este es un caso chico. ¿Cómo será cuando se trate de compras militares, en las que se mueve millones de soles?”, cuestionó la fuente.
Tras negativa del Gobierno para que el despacho del fiscal Pérez acceda a la documentación que, en su momento presentó “Panorama”, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria ha fijado una audiencia para el próximo 12 de junio, donde el caso –según lo establece la el Código Penal- deberá pasar al archivo.
Los datos
Esta no es la primera vez que la fiscalía no puede acceder a la documentación, pues ya en la gestión del ex ministro de Defensa Jakke Valakivi, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), hubo una negativa a entregar los papeles apelando también al secreto.
Tras la toma de mando de Pedro Pablo Kuczynski, la PCM negó, por primera vez, el acceso a la información de los gastos de inteligencia en el Vraem en octubre del año pasado. El oficio también fue firmado por Zavala.
Luego de esa media, la fiscalía interpuso un pedido ante el Poder Judicial, a fin de que autorice la entrega de información. Sin embargo, El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Sonia Bazalar Manrique, respondió que ella no podía definir si podía o no obtener la documentación solicitada.
La jueza Bazalar argumentó que esa decisión era netamente del Ejecutivo, según lo estipula el Artículo 224 inciso 3 del Nuevo Código Procesal Penal.
Entonces, la fiscalía solicitó, nuevamente, a la PCM que le entregue las declaraciones juradas firmadas por supuestos colaboradores en el Vraem, que ha sido rechazado otra vez.
