Ejecutivo observará autógrafa de ley que afecta el proceso de colaboración eficaz

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció este viernes que el Gobierno observará en parte la autógrafa de ley que afecta el proceso de colaboración eficaz, duramente cuestionada por diversas instituciones. El Ejecutivo tenía hasta el lunes 24 de julio para decidir si devolvía el texto aprobado por el Congreso -con sugerencias- o lo promulgaba.

“El Ejecutivo ha decidido observar la ley de colaboración eficaz que ha sido propuesta por el Congreso de la República [...] Creemos que es una ley muy buena en el sentido de proteger el debido proceso legal y la tutela jurisdiccional efectiva de los sometidos al procedimiento”, manifestó ante la prensa este viernes.

Otárola señaló que el cuestionamiento será específicamente al texto que limita el plazo para aprobar una colaboración eficaz, que el Parlamento redujo a solo ocho meses.

“Se va a observar, no toda la ley, puntualmente la parte que se refiere al plazo. Creemos que el plazo establecido en esta autógrafa no es razonable y estamos sugiriendo un plazo de 36 meses improrrogables”, aseguró ante la prensa este viernes.

La ley a la que hizo alusión el primer ministro fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 22 de junio y limita la colaboración eficaz al establecer que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, se dará un plazo máximo de 8 meses.

Por causas justificadas, el fiscal podría prorrogar este hasta por cuatro meses. Y en caso de crimen organizado, la prórroga sería hasta por 8 meses. Además, indica que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció para oficializar la posición del Ministerio Público en contra de esta iniciativa que limita la figura de colaboración eficaz, sobre la cual dijo que requiere “mayor análisis y debate”.

En una reunión con los fiscales coordinadores de las áreas que trabajan con colaboradores eficaces, se acordó plantear lo mismo que ha señalado el Ejecutivo: que el plazo máximo que la norma del Congreso establece que sea 8 meses se amplíe hasta los 36 meses.

También consideran que la declaración ante el fiscal a cargo de la investigación no requiera un registro audiovisual, y por último, que se mantenga el término de “colaborador” en el proceso sin introducir el concepto de “aspirante”.