Otárola sobre protección policial a Vizcarra: “La seguridad a un alto dignatario debe ser lo más austera posible”

Desde Urubamba, Cusco

Después de participar en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2023), el jefe de Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, afirmó que la protección que la Policía Nacional brinda a los expresidentes de la República “debe ser lo más austera posible”. Agregó que la seguridad que goza hoy en día el exmandatario Martín Vizcarra “podría ser un exceso”.

“Estamos revisando la base legal, en principio creemos que la seguridad que se puede brindar a un alto dignatario debe ser austera, lo más austera posible […] Podría ser un exceso [la protección a Vizcarra Cornejo]”, manifestó al ser consultado por El Comercio al respecto.

Este Diario reveló el último martes que el también ex gobernador regional de Moquegua tiene a 11 policías que lo cuidan. Y desde enero de 2021 hasta setiembre último, este resguardo le ha demandado un gasto de S/278,060 al Parlamento, de acuerdo a información entregada por esa institución, tras una solicitud realizada en amparo de la Ley de Transparencia.

Lee también: Caso ‘mochasueldo’: Asesor de María Cordero le entregó hasta el bono por escolaridad, señala fiscalía

Además, desde mayo de 2022, tras la publicación del Decreto Supremo N°004-2022-IN, Vizcarra Cornejo debió dejar de contar con seguridad policial.

El artículo 11 del referido decreto establece las causales por las que la prestación del servicio de protección por parte de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP “se suspende temporalmente”. Una de ellas, es por la “inhabilitación del cargo o del ejercicio de la función pública”.

Este mecanismo fue promulgado-con las firmas del entonces presidente Pedro Castillo y ministro del Interior, Alfonso Chávarry- el 6 de mayo del año pasado y actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades.

El 11 de mayo, cinco días después, el Congreso aprobó una denuncia constitucional contra Vizcarra Cornejo por presuntamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Por ello, lo inhabitaron de la función pública por cinco años.

Esa fue la segunda sanción política del también ex gobernador regional de Moquegua. En mayo de 2021, el ex jefe de Estado fue inhabilitado por 10 años, tras el “vacunagate”.

Lee también: Los 100 días de Alejandro Soto en el Congreso: así ven su gestión 4 especialistas | ANÁLISIS

A diferencia del ministro del Interior, Vicente Romero, quien sostuvo que mientras Vizcarra no tenga una sentencia, la Policía Nacional “sin duda” le dará seguridad, Otárola subrayó que le ha encargado a este sector “revisar esa prerrogativa”.

En declaraciones a El Comercio en la CADE 2023, el congresista acciopopulista Luis Aragón dijo que el expresidente no puede continuar “vulnerando una norma”.

“Si a Vizcarra, este Congreso y el anterior lo han inhabilitado [para ejercer la función pública] ya no tiene por qué gozar de prerrogativas [como la protección policial]. Lo que tenemos que hacer es invitar al ministro del Interior a efectos de que nos dé explicaciones del caso”, expresó.

Por medio de su cuenta de X (ante Twitter), la presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, Patricia Chirinos (Avanza País), afirmó el ministro del Interior debe actuar de inmediato y “retirar la seguridad asignada” al ex gobernador regional de Moquegua, a fin de “destinar esos recursos a combatir la inseguridad ciudadana que azota al país”. “¿O acaso se niega a cumplir y hacer cumplir la ley?”, cuestionó.

Lee también: Encuesta de Datum: Dina Boluarte alcanza pico de desaprobación en su mandato con 84%

El factor Nicanor

En otro momento, el primer ministro se pronunció respecto a la continuidad de al menos cinco prefectos y subprefectos que apoyan a Nicanor Boluarte en la formación del partido Ciudadanos por el Perú. Algunos de ellos, de acuerdo a la declaración de un testigo a “Cuarto Poder”, incluso habrían solicitado entre S/3 mil y S/5 mil para ser nombrados en como prefectos y subprefectos distritales. Este dinero habría sido destinado para financiar a la agrupación política del hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Lee también: Josué Gutiérrez: “Yo no he ordenado que se contrate a nadie en la defensoría” | ENTREVISTA

“El derecho a participar en la vida política del país es un derecho fundamental que está en la Constitución. Lo que sí no se debe hacer es involucrar a cualquier autoridad en proselitismo político. Se debe investigar y sancionar”, mencionó.

Otárola reiteró que la bandera del gobierno de Boluarte es “la lucha contra la corrupción”, al sostener que el Ejecutivo no permitirá que actos de este tipo queden “impunes”.

Más información

Durante su presentación en el primer día de la CADE 2023, que se realiza en Urubamba (Cusco), Otárola volvió a responsabilizar al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) por haber provocado la recesión económica que atraviesa el país.

El jefe de Gabinete Ministerial, en un foro lleno de empresarios, sostuvo que tras la pandemia de COVID-19, “la recuperación” económica del país “se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión anterior”. Agregó que la administración castillista “amenazó reiteradamente con cambiar las reglas de juego”.

“El resultado: la peor crisis de confianza de las últimas dos décadas; confianza que se debe recuperar. Como lo dice el lema de este CADE: para crecer es imprescindible volver a creer. Por ello, tras el golpe de Estado, perpetrado hace casi un año, la presidenta [Dina] Boluarte asumió entre otras decisiones trascendentales, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible”, manifestó.