Con el fantasma del indulto a Fujimori rondando en los pasillos del gobierno –y la posibilidad de tener a más ex mandatarios presos- conviene recordar la figura de Augusto B. Leguía, el primer presidente en padecer prisión y el único que ha terminado sus días ahí. Porque en los casi 200 años de historia del Perú republicano, varios presidentes han sido derrocados, secuestrados, deportados en pijama y hasta asesinados en actos públicos, pero que hayan cumplido prisión regular solo se conoce a dos: Augusto Bernardino Leguía y Alberto Fujimori.
Los historiadores encuentran algunas semejanzas entre ellos –hay un paralelismo innegable, si se atiende a los hechos– y también diferencias radicales en sus formas de gobernar y los frutos de sus regímenes. Sus encierros hasta ahora desatan pasiones. En el caso de Leguía, la polémica persiste pese a haber fallecido hace 85 años en un hospital del Callao luego de haber sufrido cárcel en la Penitenciaría de Lima o Panóptico (en lo que hoy es el Centro Cívico).
“Ambas figuras tienen un parecido. Entraron con apoyo popular, gobernaron con mano dura, buscaron reelegirse en más de una oportunidad y cayeron luego de una segunda reelección. Si Leguía no hubiera ido a esa reelección, habría salido pobre de Palacio, pero no preso”, afirma la historiadora María Delfina Álvarez Calderón, autora de El saqueo olvidado: asalto a la casa de Augusto B. Leguía. La diferencia, dice la estudiosa, es que Leguía “no mandó matar” –aunque deportó a varios, como Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui–, mientras que Fujimori cumple condena por crímenes como los de La Cantuta y Barrios Altos bajo la tesis de la autoría mediata. “Uno está en una cárcel dorada, mientras que el otro fue tratado de forma inhumana”.
La coyuntura invita a revisar la ola que se genera en torno al alguna vez llamado ‘Júpiter Presidente’, ‘Gigante del Pacífico’ o ‘Wiracocha’, cada vez que el fujimorismo se alza a favor de un indulto humanitario para su líder (que últimamente viene seguido de un sospechoso guiño del oficialismo como parte de un posible cálculo político). Es de notar, además, la inédita circunstancia histórica actual de tener a un ex presidente sentenciado y preso, uno con orden de captura (Alejandro Toledo) y otro cuyo futuro legal luce negro, como es el caso de Ollanta Humala. ¿Acaso los peruanos podrían tener a tres ex gobernantes cumpliendo condena?