De cabecillas de organizaciones criminales a colaboradores

El viernes pasado, una semana antes de que venza el plazo que le dio el Congreso para legislar, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski emitió el Decreto Legislativo N° 1301, que establece que los cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales podrán acogerse a la colaboración eficaz, a fin de disminuir sus penas o suspender la ejecución de la mismas.

La reducción de la condena, de acuerdo con la norma, solamente se dará si el aporte del cabecilla permite identificar a integrantes de la red que tengan un mayor rango.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, el DL N° 1301 –firmado por el presidente Kuczynski, el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello– puede ser utilizado por el reo Martín Belaunde Lossio, investigado por los presuntos negocios irregulares de la compañía Antalsis con el Estado peruano.

“Si en el proceso le han dado la condición de jefe o cabecilla, me parece que esto se puede aplicar en su caso sin ninguna duda”, refirió a El Comercio.

Para el abogado penalista Carlos Caro, la medida podría beneficiar a Belaunde Lossio pero también a otros procesados. 

El especialista considera que el decreto legislativo del Gobierno es “muy amplio y muy relativo” para identificar quiénes podrían y no podrían acogerse a este acuerdo.
“Tal y como está aprobada, es una norma cuya aplicación es muy maleable”, indicó el abogado. “En una organización terrorista está clarísimo quién es el cabecilla. En organizaciones de crimen organizado, no lo está”, agregó.

Un ejemplo es el caso del ex gobernador de Cajamarca Gregorio Santos, quien es acusado por la fiscalía como cabecilla de una organización criminal. Según los expertos, es complicado definir si podría acogerse al acuerdo porque en algunos casos él aparece como beneficiario final de la presunta corrupción y en otros como beneficiario inmediato.

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Rivera explicó que el decreto también puede ser utilizado en otros casos, como la pesquisa que se sigue a la red de Rodolfo Orellana. Mencionó, por ejemplo, que el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez podría acogerse al beneficio si brinda información relevante sobre sus superiores en esa organización.

También señaló que en las investigaciones del Caso Odebrecht, este decreto servirá para que los ejecutivos de la constructora brasileña puedan brindar información respecto a los funcionarios que recibieron coimas.

Hugo Canevaro, abogado de Belaunde Lossio, dijo a este Diario que todavía no ha evaluado si su cliente puede o no acogerse a la colaboración eficaz amparado en esta ley.

El ex jefe de la campaña presidencial de Ollanta Humala continúa internado en una clínica local desde abril del año pasado y permanecerá ahí 18 meses más.

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