Para el exministro Carlos Basombrío, se necesita mayor inversión en inteligencia y capacidad operativa de la policía para así lograr ir a las cabezas de las organizaciones criminales y desarticularlas. Remarca que la receta del estado de emergencia ya se utilizó, y la incidencia delictiva no se frenó y más bien, siguió incrementándose de forma estrepitosa.
—¿Es factible combatir el crimen organizado sacando tanquetas y fusiles a las calles?
El crimen en general y el crimen organizado que más nos afecta en las ciudades ahora en particular que es la extorsión, por definición busca la oscuridad, la oportunidad, el momento y necesita hacer sus cosas por debajo de la superficie. La respuesta, entonces, sería no. Sí es cierto que, si tuviéramos una masiva presencia militar, pero masiva, podría influir mucho en inhibir, al menos temporalmente, la acción del delito. Pero ahí viene inmediatamente la siguiente reflexión, ¿tenemos eso?
—¿Comparte la impresión de que no hubo un plan de por medio, ante el anuncio que hizo la presidenta Boluarte desde Nueva York?
Sí, por supuesto. Si retrocedemos semanas anteriores, donde ha habido una comprensible presión de los alcaldes por encontrar alternativas a los problemas de seguridad, porque la situación está terrible, han ido yendo [desde el Gobierno] por aquí y por allá. El premier habló de usar el ‘plan Bukele’, luego se habló del ‘plan Boluarte’, sin especificar qué. Y antes de eso, se habló de la Policía Militar de orden público, que ya desapareció de la escena. Lo último fueron las dos granadas en SJL que hicieron que dijeran bueno, algo hay que hacer, entonces hagamos esto.
—¿Hubo un apresuramiento al hacer el anuncio el lunes desde Nueva York?
Si nos fijamos bien, lo que dice el ministro de Defensa cuando se entera (porque estoy seguro que se entera ahí y creo que el ministro del Interior también) es: ‘vamos a preparar, vamos a hacer un plan para intervenir’. No es ‘tenemos’. No había nada. ¿Y qué es lo que se ha hecho ahora para que parezca que ya se está actuando? Tomo fotos de policías pidiendo documentos en Sullana. Se está desperdiciando energías muy importantes en lugares muy importantes, y lo más grave de esto es que se está perdiendo el tiempo.
—No se tenía un plan….
Si el plan hubiese sido pensado mínimamente, una semana antes aunque sea, la primera pregunta que cabría hacerse es: ‘ah, ya se hizo el año pasado’, ‘¿qué pasó?’ ‘¿Cómo funcionó?’ Para poder, a partir de ahí, desarrollar algo. ¿Qué sabemos de lo que pasó en 2022? Que la criminalidad aumentó muchísimo ese año, muchísimo. Y no por culpa de los militares, porque ellos básicamente no salieron finalmente. Y ahí otro punto: ¿Cuántos militares tenemos de sobra para poder hacer estas tareas y por cuánto tiempo? A vísperas del Fenómeno del Niño, ¿cuántos militares vamos a distraer de prepararse para enfrentarlo por estas medidas que, a mi juicio, son para la foto?
—Justamente, en el gobierno de Castillo ya se había prolongado hasta seis veces el estado de emergencia. ¿No es todo esto solo para la tribuna?
En todo caso, si en la época de Castillo se pensó que podría resultar y no resultó. Ahora ya sí es evidente que es una medida para la foto. Ahora, las fotos envejecen. Porque dentro de dos meses va a haber que darle cuenta a la población de qué cosa es lo que está pasando.
—Esta declaratoria ha generado que otros alcaldes se acerquen, con justa razón, al gobierno pidiendo que también se declare ello en sus jurisdicciones. ¿Qué hacer para no terminar con todo el Perú en estado de emergencia?
Lo primero es no cometer un error tan elemental. La situación muy grave de inseguridad no es solo en esos dos distritos. ¿Por qué ha sido en SJL? Primero porque están muy afectados, pero además porque el alcalde se plantó y le tocó diez veces la puerta al premier, declaraba en todas partes. Pero, ¿y en todos los demás distritos populosos? Al día siguiente nomás hubo una marcha en Pachacamac, y lo van a pedir todos porque dirán: ‘¿funcionará? No sé, pero mejor tenerlo’. ¿Hay la posibilidad de hacerlo para todos? No. Vamos a entrar en una espiral de demandas de los alcaldes exigiendo igual trato, que es totalmente comprensible.
—Pero ya está sobre la mesa incluso la emergencia en todo Lima...
Lo pidió el alcalde de Lima. Bueno, ‘quien pide poco, es un loco’. ¿Y La Libertad? ¿Tumbes? ¿Chimbote? Todo el norte chico, el sur chico, y todo el mundo tiene esos problemas, en mayor o menor medida, y todos necesitan mejor atención de parte del Estado. El punto medular ahí, creo yo, es político. Nadie se atreve a decirle a la población que no hay soluciones de un día para otro. Tenemos que construir esas soluciones cambiando cosas que se están haciendo mal ahora; y que eso toma un tiempo, pero que eso que se está haciendo mal ahora, se puede ir revirtiendo. Pero que de aquí a diciembre haya un cambio significativo, es una ficción.
—¿SJL y SMP son los únicos distritos donde deberían focalizarse estos esfuerzos?
No. Si usted me dijera que van a hacer un proyecto piloto en un sector de SJL muy complicado, habría que discutir el tema de otra manera. Pero si me dicen que esa es la solución al problema de SJL, yo creo que se está vendiendo humo.
—¿Declarar a Lima en estado de emergencia no es una mala imagen hacia el exterior?
Esos son problemas colaterales bien complicados. Las embajadas de los países que más turistas nos envían, tienen reportes para sus potenciales viajeros. Si todo Lima está en estado de emergencia, desbordado, con autoridades que dicen que no hay cómo controlarlas, si el Ejército tendría que estar en las calles, no dude que va a disminuir significativamente el turismo. No es el argumento fundamental, pero también es uno a tomar en cuenta.
—Claro, porque al declarar un estado de emergencia, en cierta medida se está reconociendo que te ha sobrepasado…
[Es reconocer] Que no puedes. Y se dice que los militares van a disuadir por su propia presencia. Sí, es impactante ver una tanqueta en una esquina de una pollería, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si entran en ladrones a la del costado o más allá? ¿Las FF.AA. van a actuar o no? Hay un dilema bien complicado. Su sola presencia disuade dos días. Pero si los delincuentes se dan cuenta que tienen instrucciones de no hacer nada, de estar ahí parados y hacer parecer que hay control, los delincuentes no son idiotas. ¿Van a intervenir? ¿Saben hacerlo? ¿Sus armas está adecuadas para ello? ¿Y si se encuentran patrullando con cualquier hecho delictivo, van a seguir su camino o van a intervenir? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Van a disparar? ¿Y si lo hacen, no hay un altísimo riesgo de que maten al delincuente, a la víctima y a lo caiga? Y ahí la última cosa sobre eso: ¿El gobierno va asumir responsabilidad o se la va a chantar a ellos como ya hicieron en enero? Hay problemas bien complicados. Si yo fuera un soldado y me llevan a hacer estas cuestiones, recuerdo perfectamente lo que pasó meses atrás en donde la presidenta y el primer ministro dijeron ‘no, nosotros emitimos un decreto de emergencia, si pasa algo es culpa de ellos’.
—Bajo esa premisa que usted plantea, ¿el gobierno aprendió la lección?
No ha aprendido. La lógica de la forma de gobierno es de que, a cada día, solucionemos el problema y veamos después qué pasa mañana. Me parece que en todos los campos se gobierna así. Ir durando, durando, durando, hasta que llegue el plazo.
—Se refiere al 2026...
El 2026. Y de repente lo logran. Pero el precio para el país es muy alto. Y sí se pueden hacer cosas concretas, se puede fortalecer significativamente las unidades de élite de investigación criminal y de inteligencia con mejor personal, con los mejores equipos de tecnología, con logística. Eso está al alcance del presupuesto del Perú, totalmente. Es más, el Mininter casi no ha ejecutado su presupuesto de inversiones. Entonces, declarar en emergencia el equipamiento policial y, por supuesto, con los controles para evitar que haya la corrupción. Adquirir lo mejor que se pueda de tecnología, con el personal más capacitado, para que hagan operaciones de inteligencia e investigación que permitan ir a las cabezas de esas organizaciones. Nosotros hace años hicimos un alquiler de patrulleros, ahí siguen, los únicos que siguen ahí (funcionando) son esos. Se necesitan unos 5 mil patrulleros alquilados nuevos, con GPS, monitorear y ver cada uno dónde está, etcétera, junto con un mapa del control del delito y así poder actuar con mucha más rapidez. ¿Eso va a solucionar totalmente el problema? No. Pero por lo menos avanzamos y evitamos engañar a la población haciéndole creer que un tanque va a garantizarle tranquilidad.
—A su juicio, se requiere inversión en inteligencia y capacidad operativa…
Pero de a verdad. Tenemos mucho personal de altísimo nivel. Tenemos policías que se esfuerzan haciéndolo, pero al carro no le prende el motor, la llanta, hay que pelearse por el mismo equipo por turnos porque no alcanzan. Estoy hablando de inversiones razonables, creo yo que menos caras de lo que significa movilizar a los militares.
—¿Las FF.AA. están preparadas como tal para este requerimiento en zona urbana y, sobre todo, tomando en cuenta el tipo de delito?
No, definitivamente no. El extorsionador no se pone un letrero. Todo eso va por internet, por el papel debajo de la puerta, una bomba que se pone al pasar. ¿Cómo podemos creer que el hecho de que haya un soldado los va impedir? No se puede pensar así.
—Solo en el tema de la extorsión, estamos hablando que se han reportado más de 13.000 casos, mientras que en sicariato hay más de 200 víctimas. Solo en este año...
El sicario, por definición, es un profesional del asesinato. Quiere mandar matar a Juan Pérez, se le hace seguimiento. Están los militares ahora, mañana no hay, lo mata. Y ojo, las denuncias que han crecido bárbaramente, son solo las denuncias. ¿Cuántos de los amenazados por extorsión denuncian? Una pequeña minoría, porque te mueres de miedo a que te maten. Entonces esas denuncias son la punta de iceberg, los que están desesperados y se atrevieron.
—La misma PNP ha reconocido que más del 50% de su flota vehicular está inoperativa. ¿Cómo enviar así a efectivos a luchar contra el crimen?
Eso es parte del deterioro institucional de la Policía en los últimos años. Si tú tienes siete ministros del Interior en el gobierno de Castillo, toda planificación del desarrollo institucional decae notoriamente; y si tienes cinco directores generales... mientras se van acostumbrando a conocer el cargo, ya se pasó la misa. Yo le aconsejaría ahí al comandante general que no se le vaya ocurrir comprar vehículos; eso ha sido una de las grandes tragedias de la PNP porque terminan en chatarra. Los que están alquilados ahí está, siguen funcionando.
—Dentro de la PNP hay toda una reforma pendiente, irónicamente es el principal bastión de lucha contra la delincuencia, pero al mismo tiempo percibida como una de las instituciones más corruptas. ¿Por dónde empezar?
Por los dos lados. Luchar contra la corrupción y equiparla a la vez, no se puede esperar a una o a la otra. Cada vez estoy más convencido de que se tiene que hacer unidades de élite de primer nivel, que sea un lujo entrar ahí, y que de ahí irradie hacia otros sectores de la Policía.
—Ahora, se ha dado un golpe en Venezuela al Tren de Aragua. Sin embargo, ciertamente nuestras fronteras hacen aguas...
La frontera entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile son un lugar de paso muy fácil. Hay un millón y medio de venezolanos, de los cuales los últimos 300,000 ya más bien son delincuentes los que han entrado. Es dificilísimo controlar las fronteras, y es dificilísimo controlar el paso del delito. Y lo que ha ocurrido en la cárcel de Tocorón me parece raro porque, primero, Maduro tiene ocho años en el poder y de un día para otro se le ha ocurrido (intervenir)...
—Al cabecilla, el ‘Niño Guerrero’, no se le ha sido ubicado...
Eso es lo que yo me temo, que estén buscando nuevos lugares y nuevas formas. Comparto la sospecha de muchos de que lo de Tocorón nos pueda también afectar. Lo que demuestra la importancia de la inteligencia e investigación criminal en esto. Es fundamental saber contra quién te estás peleando. No sé si pedir documentos en Sullana va a ayudar a parar a El Tren de Aragua. Se desperdician energías... Necesitamos soluciones permanentes, y la institución permanente que tenemos es la Policía. A esa hay que apostarle, mejorarla, fortalecerla, darle todo lo que necesita dentro de nuestras características como país y esperar resultados paulatinos. Después de todo, a varios líderes de El Tren de Aragua los han metido a la cárcel con los pocos recursos que se tiene. Sí se puede, hay buenos policías en el Perú.
—Permítame cambiar un poco de tema. ¿Cómo evalúa usted, a nivel general, estos ya nueve meses que tiene la presidenta Boluarte? Me atrevería a preguntarle incluso qué nota le pondría...
Dina Boluarte fue el 98% del tiempo ministra de Castillo. Participó de todo lo que allí pasó (no necesariamente estoy diciendo que haya robado directamente) y ahora va a las Naciones Unidas a decir que el gobierno anterior robó S/25.000 millones, etcétera. Y uno dice… se sabía que eso estaba ocurriendo. Este gobierno me inspira poco respeto. ¿Es mejor que el de Castillo? Nada puede ser peor que el de Castillo. Y si a Castillo le pondría 05 (de nota), (a Boluarte) le pondría 10. Solo sobrevivir no es un mérito.
—Una encuesta de Ipsos dio cuenta que, para el 52% peruanos, realmente quien gobierna es el Parlamento. ¿Comparte esa idea?
Yo subiría la cifra. En algún momento determinado el Congreso se ha dado cuenta que cada día ellos son más fuertes que Dina y pueden zamaquearla para sus propios intereses y ella no puede hacerlo con ellos. Dina tiene, además, una espada de Damocles, que es el 2025, a partir del cual el Congreso podría sacarla sin ningún costo. Esa fecha comienza a avanzar. Esa combinación no le hace ningún bien al país, y la inversión privada es un síntoma.
—Pero mientras eso ocurre, desde el Congreso se mantiene una desconexión con la realidad. Ahora último se incluyó en agenda un cuestionado proyecto sobre el tema de la extinción de dominio, por ejemplo.
La sucesión de normas que desfavorecen en la lucha contra el crimen es demasiado llamativa. La ley que busca reducir la colaboración eficaz, la ley de reducción de los plazos para la prescripción, ahora esta ley de extinción de dominio. Uno se pregunta: quién está detrás, a quién se está ayudando.
—Y, según su análisis, ¿para quién se estaría legislando?
Creo que, para el peruano honesto promedio, no.