Cateriano convencerá a oposición de dar facultades al Ejecutivo

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, señaló hoy su confianza en que el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, será lo suficientemente persuasivo para convencer a las fuerzas políticas de otorgar las facultades al Ejecutivo para legislar.

"[...] confío en que el Presidente del Consejo de Ministros, al momento de sustentar las facultades delegadas, podrá ser lo suficientemente contundente y persuasivo para que el Congreso nos otorgue esas facultades, que en realidad se necesitan mucho; confío en que así va a suceder", mencionó Gustavo Adrianzén tras indicar que de ese modo se evitaría recurrir a “otros mecanismos constitucionales”.

Durante su exposición ante el pleno del Congreso de la política general del gobierno el último lunes, el primer ministro Pedro Cateriano anunció que el Ejecutivo solicitará facultades delegadas al Parlamento para legislar en materia económica, administrativa, en política social y en lucha contra seguridad ciudadana.

Al respecto, el titular de Justicia manifestó que constitucionalmente está establecido que el primer ministro puede hacer cuestión de confianza ante el Parlamento sobre algún proyecto o pedido.

Explicó que en caso la confianza a un gabinete es rechazada dos veces, procedería la facultad disolutoria que la Constitución otorga al Presidente de la República sobre el Congreso.

LLAMADAS DESDE PENALES
El ministro de Justicia Gustavo Adrianzén adelantó que en dos o tres semanas se inaugurará en el penal de Cañete el primer equipo de bloqueadores de llamadas telefónicas del sistema penitenciario, el cual  cortará las comunicaciones de los delincuentes de una manera "real y efectiva".

Dijo que bajo ese sistema, las llamadas solo se realizarán de los teléfonos públicos instalados en el penal, cuyas conversaciones serán grabadas.

Además, los destinatarios de las llamadas serán informados previamente que el origen es un penal, a fin de que decidan si la reciben. Por último, añadió que de esta manera se empieza a cortar las comunicaciones a las bandas de extorsionadores, que operan desde los penales peruanos.

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