Santiváñez: La historia sobre la “reunión privada” que se pidió a un congresista en medio de una pesquisa por audios

El incidente, ocurrido el último lunes 16 de setiembre, quedó plasmado en un oficio suscrito por el parlamentario de Podemos Perú y dirigido al propio titular del Ministerio del Interior (Mininter). El documento es, en realidad, una suerte de respuesta formal de Burgos ante el insólito requerimiento que le llegó.

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En el escrito, al que accedió El Comercio, el titular de la Comisión de Fiscalización narra cómo recibió ese día una llamada de una mujer que se identificó como ‘Rossa Medina’, quien le manifestó que Santiváñez le había “pedido concertar una reunión de carácter privado” con su persona.

Burgos le increpa en el documento a Santiváñez que ese tipo de procedimientos “resulta inapropiado” y “no conforme con el protocolo establecido”, por lo que —le indica— toda comunicación debe realizarse a través de los canales formales, más aún por su calidad de invitado que ostenta frente a los hechos a los que la comisión está abocada.

La comisión viene indagando los audios atribuidos a Santiváñez con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, en donde se habla del uso de un vehículo presidencial o ‘cofre’ para presuntamente ayudar al exgobernador Vladimir Cerrón a rehuir de la justicia, así como de pedidos para desactivar a la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). La comisión busca obtener facultades investigadoras por este caso y el ministro ya ha comparecido ante este grupo.

“Por lo tanto, le insto a que todas las solicitudes y comunicaciones futuras sean dirigidas a través de los medios oficiales y establecidos, para evitar cualquier tipo de malentendido o irregularidad en el proceso”, se lee en el oficio enviado por Burgos.

El tema fue abordado en la sesión de la Comisión de Fiscalización de este miércoles. Allí, Burgos detalló, además, que la persona que se comunicó con él se presentó como coordinadora parlamentaria del Mininter y que le indicó que Santiváñez le había solicitado “concertar una reunión de carácter privado y en un lugar neutral”.

“Acá hemos sido muy claros [...] No vamos a traficar influencias, no vamos a aceptar conversaciones bajo la mesa”, expresó Burgos en la sesión del grupo de trabajo. También agregó que “es probable” que se cite para una próxima sesión a la persona en cuestión, pues ya se tienen sus datos.

Por su parte, el titular del Mininter envió también por escrito su respuesta ante esta información, asegurando que no se ha remitido ni solicitado ninguna cita con el presidente de la Comisión de Fiscalización “de manera directa o indirecta, y menos aun utilizando medios informales”.

Santiváñez indicó que la coordinadora parlamentaria del Mininter es otra funcionaria, por lo que “repruebo y rechazo” la solicitud que le hace conocer. También le pidió que le informe el número de celular que la persona que efectuó la comunicación “a fin de presentar de manera inmediata” una denuncia penal para esclarecer el hecho.

“Solicito a usted que, en caso se presenten situaciones similares, generadas por terceras personas, que pongan en duda mi actuación frente a la comisión, sean rechazadas y de manera inmediata y se ponga conocimiento de la autoridad correspondiente”, señaló Santiváñez en el documento dirigido al titular de la comisión.

En realidad, se trata de dos oficios enviados por Burgos al titular del Mininter, a los cuales accedió este Diario. En el primero, le pone en conocimiento de la insólita llamada; mientras que en el segundo se consigna el número completo del celular desde el que se intentó pactar la reunión informal.

Según pudo revisar El Comercio, el número telefónico en cuestión está vinculado al nombre de Rossana Medina Pacheco-Benavides, una comunicadora social que registra varios contratos con el Estado, entre ellos, el Mininter.

Entre julio y diciembre de 2022, Medina laboró como asesora en esa cartera, primero en el Despacho Ministerial y, en diciembre, en el Despacho Viceministerial de Orden Interno. Además, entre 2023 e inicios de 2024, se desempeñó como asesora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), según reportes oficiales.

Además, este año también registra una contratación en el OSCE con el Ministerio de Defensa, en mayo, por “servicio de coordinación en temas parlamentarios”.

Este Diario intentó contactarse con Medina, a través de ese número con llamadas y mensajes; sin embargo, al cierre de este informe no hubo respuesta.

El documento donde Burgos da cuenta del intento de acercamiento fue dado a conocer inicialmente por “Panorama”, a través de sus redes sociales. Sin embargo, este hecho ocasionó que la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del dominical, recibiera amenazas de acciones legales de parte de Santiváñez por una supuesta difamación.

Ramírez reseñó en sus redes sociales el documento de carácter oficial y Santiváñez le increpó por la publicación y le indicó que él no había intentado nada con Burgos. “Espere mis acciones legales. Gracias. Lo suyo no es libertad, es delito”, le indicó el titular del Mininter.

Esta abierta amenaza contra la libertad de información fue rechazada tanto por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) como por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Ambas organizaciones recordaron que no es la primera vez que el ministro Juan José Santiváñez tiene conductas hostiles contra la prensa crítica.

Ante la Comisión de Fiscalización, se presentó este miércoles el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, quien informó, entre otros temas, que se han “desarrollado más de cincuenta operativos” en la búsqueda y captura del prófugo Vladimir Cerrón. Ninguno de ellos ha tenido éxito.

Zanabria también dijo que, respecto al operativo desplegado a inicios de año en un condominio de Asia, se ha revisado todo el sistema de cámaras de seguridad en el lugar, en los distintos ambientes, “y fehacientemente el señor Vladimir Cerrón no estuvo en el lugar”. “Ya lo hemos comprobado, estamos haciendo el informe por escrito con la visualización de las cámaras”, refirió el comandante general.

Mencionó que hubo un colaborador “tecnológico” que entregó inclusive un documento con capturas de pantalla de comunicaciones con congresistas y que, por las características de las conversaciones, perdió total credibilidad.

Por ello, dijo que los esfuerzos están orientados hacia la fuente humana, motivo por el cual se incrementó el monto que se ofrece en el Programa de Recompensas por cualquier información que ayude a dar con el paradero del prófugo exgobernador. Actualmente, se ofrecen S/500.000 por la captura de Cerrón.

Respecto al ‘cofre’, en referencia al vehículo presidencial, Zanabria dijo que sí estuvo “en el lugar”; sin embargo, que la información respecto a las motivaciones y todo lo demás tendría que requerirse a la Casa Militar o al propio Despacho Presidencial, respectivamente. No se dio más detalles.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dio a conocer poco después un documento cursado por la concesionaria vial COVIPerú.

En el escrito, se informa que el vehículo asignado al Despacho Presidencial de placa EGR-844, que fue captado muy cerca del último lugar donde habría estado Cerrón al sur de Lima, sí transitó por el peaje de Ica, en el sentido de norte a sur, el 27 de febrero del año en curso.

“Ustedes pueden ver que la agenda de la señora Boluarte estaba en blanco, no tenía ninguna actividad en ese periodo. La pregunta es, ¿qué hacía el vehículo presidencial al sur de Lima en ese periodo de tiempo?”, cuestionó Burgos.

A la sesión de la Comisión de Fiscalización, también se hizo presente el exasesor de inteligencia Henry Shimabukuro, quien ratificó que Cerrón habría fugado y “podría estar en Cuba o en Venezuela”. Dijo que la comisión debe citar al conductor del ‘cofre’ y a los agentes de Seguridad del Estado que siguieron al vehículo hacia el sur y que expliquen por qué se dirigieron hacia Pisco o Nasca “donde habían agentes de inteligencia de otros países”.

También remarcó que “la única persona que puede dar la orden a la secretaría general o a la subsecretaría para que puedan mover el ‘cofre’ que se encuentra en el área de estacionamiento de Palacio es el presidente de la República”. Además, Shimabukuro también reveló que tiene información de que se ha conformado un equipo de inteligencia para “desprestigiar” a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop.

“De la misma manera que lo declaré en los medios de comunicación hace casi seis meses [sobre el ‘cofre’] y nadie le prestó atención; de la misma manera también hago una denuncia que han conformado un equipo de inteligencia especial de la policía para hacerle seguimiento a la fiscal Marita Barreto y a otros fiscales para desprestigiar su imagen y de muchos fiscales más. Es un equipo especial que lo han organizado desde las altas esferas. Pido al fiscal de la Nación o a la fiscal Marita Barreto o acá al mismo congreso para que puedan indagar sobre este equipo especial de inteligencia”, aseveró Shimabukuro.

A la sesión también acudió el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, quien ratificó que Santiváñez le habló sobre la presunta fuga de Vladimir Cerrón y que el actual ministro “tenía la obsesión de ser designado como ministro del Interior”.