Consejo para la reforma de justicia se volverá a reunir a más tardar en marzo

A Palacio de Gobierno llegaron ayer martes por la mañana las máximas autoridades que administran justicia en el Estado. Lo hicieron ante la convocatoria del Ejecutivo para realizar una nueva sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, un encuentro entre autoridades que no ocurría desde hace dos años.

El cónclave fue encabezado por la presidenta Dina Boluarte y se prolongó por cerca de tres horas. Y, a pesar de su extensión, no se alcanzaron acuerdos tangibles ni tampoco se anunciaron reformas concretas, salvo algunos compromisos y metas planteadas.

“El consejo ya había determinado algunos aspectos en los cuales el sistema de justicia se debe reformar. ¿Qué hemos hecho el día de hoy? Lo más importante, reunir a los actores del sistema de justicia. Para nosotros era muy importante, después de dos años, escuchar a los titulares de los que representan a los sectores de justicia para escuchar cómo ellos han evolucionado en el tiempo y cuáles son sus nuevas propuestas”, dijo ayer el ministro de Justicia, Eduardo Arana, a RPP.

“Lo segundo que hemos hecho [...] es evaluar, de cara a la ciudadanía, cuál es el rol que tenemos. Y hemos acordado, por ejemplo, número uno: privilegiar los servicios de justicia a la ciudadanía, que es muy importante. Segundo: la defensa irrestricta de la autonomía e independencia de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos”, agregó.

Además de Boluarte, participaron del consejo los titulares del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación. También estuvieron los titulares de la Defensoría del Pueblo y la contraloría, así como el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, a pesar de integrar el consejo, no participó. Este Diario intentó comunicarse con él para conocer el motivo de su ausencia, pero no respondió.

Tras el encuentro, la presidenta Boluarte brindó un breve pronunciamiento de apenas un minuto, flanqueada por las otras autoridades, en donde les agradeció por acudir a la cita y dijo esperar que se pueda alcanzar “esa reforma de justicia de acceso a la población, quienes son los que exigen celeridad en los casos que se llevan a cabo dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial”.

Y, en una nota de prensa, desde el Ejecutivo se indicó que en el encuentro “se reafirmó” la urgencia de trabajar de forma articulada “aunando esfuerzos para atender las exigencias de una justicia proba y eficiente que la ciudadanía reclama”.

Además, priorizar proyectos —no se detalló cuáles— y la presentación al cierre del primer semestre de “propuestas articuladas para combatir la corrupción en el sistema de justicia y, con ello, reducir drásticamente las pérdidas económicas que tiene nuestro país a consecuencia de este flagelo”.

El ministro Arana indicó que “uno de los grandes acuerdos” que se adoptaron ayer es de que cada sector evalúe los acuerdos previos y disponga cuáles los temas prioritarios. Señaló, en ese sentido, que la próxima reunión se realizaría a más tardar en la primera o segunda semana de marzo.

“Lo que queremos es que la justicia no espere, como otros años, a que se haga trabajos de dos o tres años”, aseveró.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola consideró que estos consejos “representan una buena intención” para poder emprender algo tan necesario como la reforma de la administración de justicia, pues —resaltó— son evidentes sus defectos y carencias.

Sin embargo, también destacó la necesidad de que estas intenciones tienen que “aterrizar en algo concreto” y puso en duda que los propios titulares de las entidades puedan promover los cambios y señaló que debería disponerse la creación de una comisión técnica específica.

“Estos consejos representan una buena intención para emprender algo que sí es necesario: la reforma de la administración de justicia. Pero lo importante sería que se vaya ya a hechos concretos. Las atribuciones que tienen todos los que conforman el consejo no les van a permitir entrar ya a la tarea de presentar, por lo menos, planteamientos concretos. Eso se debe traducir, quizás, en la conformación de una comisión que se dedique al trabajo para identificar los temas que deben ser objeto de modificación o reforma. Y plantear, en todo caso, los proyectos de ley que tienen que pasar, obviamente, en algunos casos, a través de reformas constitucionales, otros a través de reformas de leyes orgánicas, de códigos incluso. Es todo un proceso. Esto no lo va a hacer el consejo”, resaltó Urviola en diálogo con El Comercio.

En 2022, el Tribunal Constitucional (TC) planteó un proyecto de ley para no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, al considerar que su participación es “incompatible” a la función de control constitucional que desempeña. Esto pues eventuales reformas promovidas podrían ser objeto de impugnaciones sobre las cuales tendría que pronunciarse la institución.

Por su parte, Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, consideró que en la sesión del martes se han establecido algunos puntos prioritarios “un tanto genéricos” respecto a la política de reforma publicada ya en 2021, “pero nada que sirva de fondo para poder establecer un cambio real en el sistema de justicia”.

“Lo primero que se debe tener en consideración es que, en tanto no existan presupuestos adecuados para las principales entidades que conforman el sistema de justicia, me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial, vamos a seguir teniendo deficiencias muy, muy notables en nuestro sistema de administración de justicia”, remarcó Andía.

Para el exviceministro, al haberse logrado una reunión con las máximas autoridades del sistema de justicia, se perdió una gran oportunidad de poder aterrizar propuestas concretas que tengan un impacto en la ciudadanía.

“Algo mínimo que podrían haber visto es cómo va la modernización del sistema de justicia a nivel, por ejemplo, de expedientes técnicos electrónicos. Es algo fundamental para poder tener un orden en nuestro sistema de justicia y evitar la corrupción. ¿Qué han dicho de eso? Tenemos al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia trabajando en el expediente electrónico, pero no todos están trabajando a la par. Es algo que deberíamos priorizar, por supuesto, porque creo que es algo que deberíamos tener ya a nivel nacional implementándose. Entonces yo creo que sí, se ha perdido una oportunidad muy valiosa”, cuestionó.