Contraloría denuncia hostilización y amenazas del gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez

La Contraloría General de la República denunció la “hostilización y amenazas” del gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, en su labor de control de las presuntas irregularidades en contrataciones -vinculadas al Caso Karelim López- y uso indebido de bienes de la empresa estatal.

Sobre Hugo Chávez pesa ya una orden judicial de 8 meses de impedimento de salida del país como parte de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción en la licitación para la compra de biodiesel. La medida también alcanza a la empresaria Karelim López. La fiscal anticorrupción Norah Córdova les imputa el presunto el delito de colusión.

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A través de un comunicado, la Contraloría precisó que dichas acciones ocurrieron en las últimas semanas y constituyen “limitaciones”, ya que obstruyen el ejercicio del control gubernamental.

Mencionó que en el caso de la adquisición de Biodiésel B100, se detectaron limitaciones en la recopilación de testimonios y declaraciones por parte de los funcionarios de Petroperú involucrados en la investigación.

Detalló que dichos funcionarios se han negado a prestar testimonios, aduciendo haberlos brindado a la Fiscalía. “La Contraloría y el Ministerio Público tienen funciones distintas bien definidas en la ley”, acotó.

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En el marco de las investigaciones sobre el supuesto uso irregular de un vehículo asignado a la Gerencia General de Petroperú, se procedió a requerir oportunamente la respectiva información sustentatoria. Sin embargo, la empresa brindó información parcial que no responde claramente a las preguntas formuladas por el órgano de control, lo que consta en documentos oficiales.

Adicionalmente, el 18 de febrero, se efectuaron llamadas telefónicas desde la Gerencia General de Petroperú a la jefatura del Órgano de Control Interno (OCI) para “reclamar de manera airada, lanzando improperios” y se amenazó con represalias contra el jefe y el personal del mencionado OCI.

“Dichas amenazas se materializaron con el retiro, sin previa coordinación, de los abogados asignados al OCI, que venían participando de las investigaciones, entre otras restricciones”, subrayó la Contraloría.

“Estas conductas limitan y obstruyen el ejercicio del control gubernamental y contravienen las disposiciones que señalan que los funcionarios y servidores públicos están sujetos al control que ejerce la Contraloría”, agregó.

La entidad advirtió que el incumplimiento, negativa o demora de manera injustificada para la entrega o suscripción de la información requerida, contraviene la ley de Infracciones y Sanciones de la Contraloría General de la República.

“Los hechos antes mencionados han sido comunicados al Presidente de Directorio de Petroperú y serán oportunamente comunicados al Ministerio Público para que actúen de acuerdo a sus competencias”, sentenció el ente fiscalizador.

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