La narrativa de una presidenta con aprobación rasante (15% según última encuesta de Ipsos en abril) está condenada a la incredulidad popular. En especial, la de Dina Boluarte que pretende diluir su responsabilidad en hechos de represión, en un país con una fuerte tradición de penalizar a los presidentes.
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La propia Boluarte, apenas vio su afirmación en la portada de El Comercio, ha de haber caído en cuenta del impacto que tendrían sus palabras: ‘ah, la presidenta se lava las manos y le echa el peso de las decenas de muertos a las Fuerzas del Orden’, fue la lectura casi unánime de políticos, analistas, militares en retiro (los activos guardan silencio oficial) y caricaturistas. Algunos han invocó la figura bíblica de Pilatos.
Mira: Boluarte afirmó que respalda a las FFAA y a la PNP.
Tan poca acogida tuvo el esbozo de narrativa presidencial que, al día siguiente, el lunes, en una ceremonia militar en la cual su presencia no tenía nada de casual, dijo: “Como presidenta ratifico mi previo respaldo a las FFAA y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país”. Narrativa desdicha, narrativa al agua.
En realidad, como ya adelantamos, la historia y la jurisprudencia conspiran contra el intento -muy humano, eh- de la presidenta de defenderse de la eventual penalización de sus responsabilidades políticas. Ya hay un ex presidente, Alberto Fujimori, preso por autoría mediata en violación de derechos humanos. Y hay otro, Manuel Merino, investigado por un caso idéntico al de Dina aunque con muchos menos fallecidos: Manuel Merino.
Las narrativas contra los políticos en el Perú son tan duras y severas , que alientan la penalización de todo lo que digan y hagan; dejando muy poco espacio a sus argumentos de defensa.