Cuéntame tu plan, Martín, una crónica de Fernando Vivas

Se dice que le falta ‘narrativa’ a Martín Vizcarra. Quienes así piensan no es que quieran oír ‘cuentos’ en la fea acepción de ‘mentiras’, sino convencerse de que el presidente tiene un plan y lo está siguiendo.

Pues tiene más de uno, documentados y en ejecución. Pero le es muy difícil contarlo. El Plan de Competitividad tiene 80 lineamientos y uno de ellos es el Plan Nacional de Infraestructura Para la Competitividad (PNIC), que en 114 páginas describe y marca la ruta de ejecución para 52 proyectos priorizados por un valor aproximado de S/ 100.000 millones.

En el portal de la Presidencia destaca el video del 30 de octubre pasado en el que, justo un mes luego de disolver el Congreso, Vizcarra presentó un ‘plan de trabajo’ (así lo llamó Palacio, para confundirnos con otra acepción de la palabra) ante un nutrido grupo de autoridades. El presidente lee unas hojas y describe los 5 ejes (lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización) que inspiran el Plan de Competitividad y el PNIC, y que hubieran inspirado la exposición del primer ministro Vicente Zevallos si hubiera ido al Congreso a pedir la tradicional investidura. Cuando Vizcarra explicó esa contingencia, el auditorio percibió un dejo de cachita moqueguana.

Una narrativa es otra cosa, va mucho más allá de hojas con pautas y de la cachita, es hacer que el plan cunda y cale porque las promesas y los resultados brillan; que la gente, sin hacer esfuerzo, lo perciba en pocas palabras. Pueden ser una o varias ideas fuerza entrelazadas, ni siquiera es necesario que se pronuncien explícitamente; pero deben estar al menos tácitas cuando el presidente discursea en un podio o cuando enfrenta a la turba de micrófonos.

En el mejor de los casos, la narrativa es un lema. Por ejemplo, ‘el Perú avanza’ fue el último que tuvimos, más o menos oficializado, para abarcar todo un gobierno, el de Alan García. Luego de ello, sonó brevemente el de ‘una sola fuerza’, difundido durante el gobierno de PPK para responder a la emergencia del fenómeno del Niño. En ambos casos, las frases se debieron al ingenio de políticos y comunicadores; pegaron y se usaron en spots, portadas y vallas. Fueron realidad.

Sigue sobre la ola

El vizcarrismo no tiene un lema, pero sí tuvo picos de aprobación y popularidad luego del primer discurso a la nación del 28 de julio del 2018 y las veces que pechó al Congreso en nombre de la lucha contra la corrupción. Si algo pega, se mantiene.

El Lava Jato primero y el escándalo de los audios del CNM después provocaron esa gigantesca ola de indignación sobre la que se montó esta narrativa que el gobierno se resiste a ajustar. En nombre de ella, convocó una comisión de reforma de la justicia para elaborar proyectos que serían sometidos a referéndum. De esa forma, se consolidó la idea de un gobierno anti corrupción obstruido por una mayoría congresal corrupta. Era un relato poderoso que, si funcionó una vez, podía funcionar otra.

Luego del referéndum de diciembre del 2018, se llamó a otra comisión, llamada de ‘reforma política’, para presentar un paquete de proyectos de ley lanzados provocadoramente al Congreso. Vinieron dos cuestiones de confianza más, una temeraria propuesta de adelanto de elecciones generales y, finalmente, llegó la disolución del Congreso el 30 de setiembre.

Ninguna historia es perfecta ni es creída por todos. Sin embargo, según las encuestas, la del gobierno obstruido por el Congreso corrupto ha gozado de gran simpatía. Incluso, muchos de los adherentes a Vizcarra piensan que las investigaciones y juicios contra políticos asociados al Lava Jato, se deben al gobierno; aunque el Ministerio Público y el Poder Judicial se conducen con autonomía. (Los opositores suelen esgrimir lo contrario para sustentar sus hipótesis de persecución política).

Si el enemigo principal está técnicamente disuelto, ¿debe cambiar una narrativa que necesita de obstáculos? A simple vista, se confirma que no ha cambiado, pues el presidente la invoca con suma frecuencia. No ha cambiado ni por la carcelería de su ex PCM, César Villanueva; ni aunque enfrente el informe de la Contraloría que encontró irregularidades en los pagos para la construcción de un hospital en Moquegua. Ese informe excluye al ex gobernador regional, Martín Vizcarra, y a su gerente de aquel entonces, el actual ministro del MTC, Edmer Trujillo; pero tienen responsabilidad política y el revuelo los toca.

La lucha contra la corrupción sigue siendo lo primero que les viene a la cabeza al presidente y a su equipo cuando se les pregunta hacia dónde vamos y con qué prioridades. Incluso, aunque suene irónico, se jactan de que la ley que obliga al control concurrente como un mecanismo para prevenir la corrupción, fue motivo de uno de los primeros actos de gobierno en el 2018.

Cuando, semanas atrás en Lambayeque, Vizcarra hizo sus polémicas declaraciones recomendando votar por candidatos que luchen contra la corrupción y contra la inmunidad parlamentaria, es muy probable que pretendiera deliberadamente a revivir la narrativa del gobierno anticorrupción versus el Congreso pro corrupto, aunque esté disuelto.

Una de las cifras que espera mostrar el gobierno como signo de avance es el impacto positivo del control concurrente en la ejecución de obras. Cuando los técnicos tienen que contar algo, juegan con las cifras. Si la comparación con periodos anteriores no es buena, entonces nos comparamos con la región o con el promedio de los países de la OCDE. Por ejemplo, la PISA, que es la prueba de educación de la OCDE, nos muestra bajos en el total, pero el avance es significativo. La matemática posible no es el mejor ingrediente narrativo, pero todo avance cuenta.

Sin embargo, es muy fácil rebatir ante la opinión pública, cifras de avance real o relativo. Cualquier evidencia de gasto mal ejecutado o no hecho, cualquier colegio o posta de salud inconclusa o fallida; tiene un impacto destructivo en un gobierno con técnicos de débil muñeca política y que, además, deben ser consecuentes con la bandera anti corrupción. En el Perú actual es casi imposible revertir la percepción de desconfianza en las judicializadas política y gestión pública.

Los ejes de la urgencia

Indagué qué narrativa, más allá de la lucha contra la corrupción y de buscar cifras irrebatibles de avance, se estaría esbozando en el interregno, y traté de leerla entrelíneas de los 28 decretos de urgencia (DU) promulgados hasta hoy. Por cierto, estos DU son los principales actos de gobierno, la pura voluntad política del vizcarrismo convertida en ley sin tramitología congresal. Algo tendrían que expresarnos entre su retórica de fundamentos técnicos e incisos numerados; algo que se oponga al dato negativo de haber ajustado el pronóstico de crecimiento, desde 4,2% a 2,2%.

Mis fuentes destacaron dos DU en especial. Ambos del sector Salud: el DU 007-2019 que hace más asequibles los medicamentos genéricos y el DU 0017-2019 que oficializa la cobertura universal del SIS. El accidentado cambio de ministros debido a temas personales (Silvia Pessah se fue por enfermedad y Zulema Tomás por revelaciones periodísticas que le imputaban actos de nepotismo), no impidió arribar, con la nueva ministra Elizabeth Hinostroza, a esos hitos en un sector cuya gravitación sí pesa en Palacio.

Sin embargo, si recordamos que la anemia infantil fue motivo de una promesa presidencial para reducirla hasta el 20%, vemos que falta consistencia al sector. Esa meta está muy lejana (la actual cifra está en el rango del 30% al 40%) y no se anuncia una reforma que integre las caóticas redes de salud (Minsa en sus tres niveles, Essalud, hospitales de las FFAA). Hay buena voluntad de acercar la atención y los medicamentos genéricos a la gente; pero dificultad en pensar en una reforma del estado que involucre a ese sector crucial.

Subrayemos la palabra reforma, pues tras dos comisiones llamadas con el fin de reformar justicia y política, se podría pensar en una iniciativa similar para una reforma del estado, o para un paquete de medidas y proyectos desagregados por áreas. Sin duda, la campaña de acreditación de universidades por la Sunedu, es la expresión vistosa de una reforma en marcha y de larga data. La fundación de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano) es la expresión de una reforma en ciernes que ya ha ayudado a empujar un DU, el del bono de chatarreo.

Por ejemplo, no hay un paquete de iniciativas –y esto tendría especial sentido en la lucha anti corrupción- para reformar aquellos puntos claves que permitieron torcer los megaproyectos hechos bajo asociaciones público privadas, como los mecanismos de adendas y arbitrajes ad hoc. Mis fuentes prefieren destacar a los COAR (Colegios de Alto rendimiento). Todo indica que esta iniciativa que empezó con García, repotenció Humala y mantuvo PPK, sobrevivió a 3 gobiernos, y Vizcarra empieza a hacer la buena cosecha. Sorprende que no esté más presente en su discurso, a pesar de haber sido la educación el puntal de su éxito moqueguano.

Me contaron que en una sesión del Consejo de Ministros se estableció que los DU promulgados serían los estrictamente indispensables. O sea, solo lo importante y lo urgente. Sucede que correr para ejecutar las 52 obras del PNIC es importante y urgente para Vizcarra y su círculo íntimo. Trujillo, en el MTC, tiene más de la mitad del presupuesto de ejecución del PNIC. He ahí un dato que permite comprender el blindaje al ministro amigo.

Hay varios DU motivados por las prioridades del PNIC. Facilitan transferencias, dan asistencia técnica a las regiones (corrigiendo uno de los mayores problemas de la descentralización), apuran licencias e, incluso, hay medidas audaces que podrían generar controversia, como la del DU 018-2019, que habla de medidas extraordinarias para ejecutar los proyectos priorizados por el PNIC. En su Art. 15, establece el silencio positivo administrativo para el CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) y los trámites que siguen a este ante el Ministerio de Cultura. O sea, si al cabo de plazos de entre 10 y 30 días, el ministerio no responde, la aprobación se da por hecho. Ustedes juzguen si más vale construir el bien común que paralizarse ante la posibilidad de encontrar restos.

El gobierno está corriendo para ejecutar un plan con lista de prioridades y rutas. Aquí habría mucho que contar, pero el miedo y la parálisis pos Lava Jato, la judicialización de la política y la economía, los cuestionamientos al equipo, los plazos, la incertidumbre respecto a cómo se portará el próximo Congreso, los ajustes al plan de acuerdo a las contingencias y reclamos regionales; hacen muy difícil que Vizcarra deje el libreto de ‘lucho contra los corruptos’, por el de ‘miren cómo corro por mi PNIC’. Sin embargo, podría intentar fundirlos en uno solo. No está de más, tras el caos y las prioridades perversas del Lava Jato, contar que tenemos algo parecido a un plan de obras que debieran cerrar brechas, incrementar la inversión pública y privada, la conectividad y el empleo.

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