El 15 de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado del Consejo de Ministros y de los representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú, declaró el estado de emergencia nacional para hacer frente al COVID-19. Desde ese día, el desempeño de todas esas autoridades ha sido evaluado minuto a minuto.
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Inicialmente, las medidas drásticas de aislamiento obligatorio y cierre de fronteras centraron la atención en el presidente y su Gabinete. Pero bastó poco tiempo para que esta girara hacia las municipalidades, a cargo de la entrega de canastas a personas más vulnerables, y hacia los gobiernos regionales, responsables –entre otras cosas– de la prestación de los servicios de salud.
La poca efectividad para contener el virus y la generalizada precaria atención a los pacientes contagiados han resultado en una evaluación negativa de ambos y pronto ha escalado a una severa sentencia sobre el fracaso de la descentralización en nuestro país.
Este juicio puede resultar impreciso, pues excluye del análisis 18 años de historia, democratización y acercamiento del Estado al ciudadano. Sin embargo, ante situaciones de emergencia como la que vivimos, la cercanía no es útil si no hay respuestas oportunas y eficaces.
Para Yamila Osorio, ex gobernadora regional de Arequipa, además de los problemas que se siguen arrastrando sobre perfiles y capacidades profesionales, también hacen falta liderazgos que convoquen y aprovechen los activos de actores públicos y privados de la región.
Recuerda, así mismo, el papel clave que tuvo la capacidad estratégica, logística y mística de las Fuerzas Armadas tras el sismo en Caylloma en el 2016.
Pero no solo es un problema de capacidades políticas y de gestión, hay también una falla de diseño o, como señala Mayén Ugarte, especialista en gestión pública, de que “el gobierno nacional sigue dando camisas del mismo tamaño para todos”.
Así, se han distribuido competencias a gobiernos subnacionales asumiendo una homogeneidad entre ellos que no se corresponde con la diversidad de sus capacidades, tamaños y geografías.
En palabras de Ugarte, “si aplicas los principios de la Ley de Bases de la Descentralización para hacer una distribución de funciones, el resultado sería una distribución distinta para cada uno, de acuerdo a variables territoriales”.
La crisis sanitaria viene poniendo en evidencia cuánto dependemos del aparato público, de su capacidad de respuesta y liderazgo, de sus decisiones y servicios. A su vez, la descentralización está siempre en los periódicos y en los discursos, pero hace mucho que no está en la agenda política.
Más de 10 años de inercia pueden romperse. Esta coyuntura puede reabrir un debate que tenga como centro no la descentralización, sino el fin que está detrás de ella: el desarrollo equitativo con servicios públicos de calidad a lo largo de todo el Perú. Las capacidades institucionales, las particularidades territoriales y la especificidad de los servicios pueden ser un punto de partida para repensar dónde es necesario recentralizar las competencias y dónde profundizar la descentralización.
MÁS INFORMACIÓN:
—Solo las competencias de cuatro de los 19 ministerios son 100% exclusivas del gobierno nacional y no son compartidas con gobiernos subnacionales: Economía y Finanzas, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores.
—Se han implementado comandos COVID-19 regionales, que responden al gobierno nacional. En solo ocho de los 24, el Ejecutivo designó a gobernadores regionales como jefes de operaciones de los mismos.
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