La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha pedido a la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) iniciar acciones legales contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP), por incumplir un convenio que la obligaba a desarrollar un prototipo de radar tridimensional para el programa de vigilancia e interdicción de aeronaves que transportan droga.
Devida también le exige a la FAP la devolución de S/.1’350.000 que le transfirió para ese fin. Ahora, ambas instituciones del Estado, que participan en el combate contra el narcotráfico, podrían verse las caras en los tribunales.
Al cierre de esta edición, el procurador de la PCM, Carlos Cosavalente Chamorro, se alistaba para elevar el expediente al Consejo de Defensa del Estado. El organismo antidrogas alega que la FAP no cumplió con las obligaciones que asumió al firmar el convenio el 10 de julio del 2012. En lugar de desarrollar un prototipo de radar VHF 3D, contrató a una empresa que acabó desarrollando el modelo VHF 2D.
La FAP ha denunciado a la empresa a la que contrató para el desarrollo del equipo, una compañía con sede en Estados Unidos llamada Microwave Technology Inc., manejada por José Velasco Núñez, un peruano que presta servicios a la NASA. Este físico y ex marino se defiende señalando que solo hizo lo que la Fuerza Aérea le requirió.
No era lo acordado
El modelo de radar acordado en el convenio firmado entre Devida y la FAP era el VHF 3D, un aparato que puede detectar blancos aéreos a 400 kilómetros de distancia. Para ello, Devida transfirió a la FAP una partida de S/.1’350.000.
La institución antidrogas suponía que las labores estaban encaminadas y sin contratiempo. No obstante, en setiembre del 2013, más de un año después del acuerdo, la FAP remitió a Devida una relación de avances con la siguiente acotación: “sin embargo, el prototipo que se está desarrollando es un equipo radárico con capacidades básicas en 2D, con una cobertura de captación de +/- 60º con referencia al haz principal en el plano horizontal y con rango no definido en el plano vertical”.
El instituto castrense no era el desarrollador del prototipo. Había contratado a la empresa Microwave Technology Inc. Ante esta situación, el 16 de abril del 2014, Devida decidió romper el contrato por “causal de incumplimiento de compromisos asumidos”. Por su parte, la FAP responsabilizó del hecho a la firma Microwave y le exigió una indemnización por “daño moral” de US$1 millón.
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