Prefectos que colaboran con Nicanor Boluarte para formar partido siguen en el cargo | INFORME

Entre ellos está Violeta Ruiz Sánchez, quien es subprefecta de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca. Ella es señalada por un testigo, que prefirió ocultar su identidad por seguridad, como una de las personas que exigieron pagos entre los S/3 mil y S/5 mil a candidatos a prefectos y subprefectos distritales para ser nombrados.

Esto por encargo de Noriel Chingay Salazar, quien fue prefecto regional de Cajamarca, hasta la semana pasada, según informó “Cuarto Poder”.

Este dinero habría sido para el “partido” del “número dos”, como llaman al hermanísimo de la jefa de Estado.

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El Comercio intentó comunicarse con Ruiz Sánchez, pero hasta el cierre de esta nota no respondió a nuestras llamadas.

La aún subprefecta de la provincia de Santa Cruz-nombrada en marzo último por Chingay Salazar- ha negado la acusación en su contra.

“El señor Noriel nunca me ha dicho Violeta pide dinero o Violeta pide firmas”, expresó al referido programa dominical.

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Chingay Salazar renunció el último miércoles a la prefectura regional de Cajamarca, tras haber sido grabado visitando la casa de Nicanor Boluarte para su cumpleaños. En esta cita, también acudió el alcalde de Nanchoc, de la región norteña, llevado por Jorge Chingay, hermano de la ex autoridad del sector Interior.

Nueve días después de esta reunión, el referido distrito recibió una partida presupuestal de S/20 millones para obras.

A raíz de ello, la fiscalía inició pesquisa contra Nicanor Boluarte, los hermanos Chingay y Hoyos, entre otros por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias.

Los prefectos de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta

Participantes en reuniones

En junio último, la Unidad de Investigación de este Diario reveló que el hermano de la mandataria se encontraba organizando el partido Ciudadanos por el Perú con el respaldo de prefectos y subprefectos de diferentes zonas del país.

Por ejemplo, en las reuniones virtuales, coordinadas por Nicanor Boluarte, participaron Peggy Arias Barrios, prefecta regional de Ica; Grethel Pino, prefecta regional de Cusco; y Misael Menéndez Chávez, prefecto regional de Huancavelica. Todos ellos, de acuerdo a la página web de la DGIN siguen en sus cargos.

En breve diálogo con El Comercio, Arias confirmó que sigue al frente de la prefectura de su región. No obstante, se excusó de brindar declaraciones. “Estoy en una reunión con una alcaldesa, luego te devuelvo la llamada”, dijo.

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Entre agosto de 2021 y setiembre de 2022, ella consiguió órdenes de servicio por S/45.000, en Cuna Más, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Pino, por su lado, durante el 2022, ganó contratos en Cuna Más, del MIDIS, por S/36.000.

Entre julio de 2021 y noviembre de 2022, la hoy presidente Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En junio, las subprefectas distritales de Puente Piedra, Dinela Canta, y de Independencia, Diana Quispe, asistieron a una reunión organizada por Nicanor Boluarte para organizar la fundación de su partido en Barranco.

Canta Cullampe fue candidata al Congreso por Alianza para el Progreso (APP), partido del gobernador regional de La Libertad, en las elecciones de 2021. Solo obtuvo 373 votos preferenciales.

Por su lado, Quispe Zúñiga también tentó una curul en el Parlamento, al postular bajo el símbolo de Perú Libre en Lima. Pero solamente tuvo 872 votos preferenciales.

Esta última, de acuerdo a fuentes del Ministerio del Interior, fue retirada de su cargo a inicios de setiembre.

Gilmer Flores Fernández- sindicado como una de las personas que recibía dinero de postulantes a cargos del Estado- fue cesado como subprefecto provincial de Cajamarca el 3 de noviembre.

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Tienen “el aval del más alto nivel”

Al respecto, Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública del Mininter, consideró que estos prefectos y subprefectos debieron poner su cargo a disposición, luego de haber sido relacionados con la formación del partido de Nicanor Boluarte.

“Y si no dan un paso al costado, el que debe pedir su renuncia es el ministro del Interior, Vicente Romero, a través de la Dirección de Gobierno Interior. Y esta [ayudar con la inscripción de un partido] no es una función que le corresponde a un prefecto o subprefecto, es más deben mostrar neutralidad ante cualquier tipo de organización política”, remarcó.

En comunicación con El Comercio, Valdés dijo que el hecho de que se hayan mantenido en el cargo, a pesar que en algunos casos su relación con el hermano de la presidenta se conoce desde cinco meses, se puede interpretar como que tienen “el aval del más alto nivel” y que este incluye al ministro Romero y, posiblemente, a la misma jefa de Estado.

La ex alta autoridad refirió que el Ejecutivo debe estudiar la posibilidad de restructurar la Dirección de Gobierno Interior o trasladar ciertas responsabilidades de las prefecturas a otras instancias. Por ejemplo, las comisarías podrían dar los certificados de garantías. “Y el ser depositario o fiscalizadores de rifas o sorteos a las notarías o gobiernos regionales y locales”, acotó.

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El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) sostuvo que la continuidad de estos prefectos y subprefectos en sus oficinas es una señal evidente de que “siguen teniendo el respaldo del gobierno”, a pesar de los cuestionamientos en su contra.

Rospigliosi, exministro del Interior, indicó que la solución pasa por “la desaparición” de estos cargos, porque, desde su perspectiva, “no tiene ningún sentido que sigan existiendo, hace mucho tiempo dejaron de tener una tarea específica aparte de dar trabajo a los allegados a los gobiernos de turno”.

Explicó que existe un proyecto de ley de la congresista fujimorista Nilza Chacón que propone eliminar a los prefectos y subprefectos y que ya ha sido dictaminado. “Hay que darle trámite y votarlo en el pleno”, complementó.

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La reacción del gobierno

Al ser consultado sobre la denuncia contra los prefectos cercanos a Nicanor Boluarte, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que el último sábado se reunió con estas autoridades en Lima para “dar algunos alcances sobre la integridad” y el “comportamiento” de estos.

“Ellos, como prefectos y subprefectos tienen que ser el ejemplo, los grandes articuladores sociales”, manifestó.

Romero, no obstante, reconoció que ante la gran cantidad de prefectos, subprefecto y tenientes gobernadores que hay en el país “muchas veces” se les “escapa hacer una buena verificación”. “Mi recomendación para ellos es que sean los representantes de las comunidades y toda la sociedad en el Perú”, acotó.

A su turno, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, evitó pronunciarse sobre el fondo de la denuncia respecto al aparente uso de prefectos y subprefectos por parte de Nicanor Boluarte para la obtener dinero para la formación de su partido político, al sostener que ya el Ministerio Público ha abierto una investigación en contra del hermano de la presidenta.

“Tenemos que esperar a la investigación y a la averiguación de la verdad por parte del Ministerio Público”, expresó en conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Otárola dijo que Nicanor Boluarte “no ha intervenido en ninguna actividad, proyecto o cosa similar al interior del gobierno”.

“Este no es el gobierno corrupto de Pedro Castillo, el gobierno quiere que se sepa la verdad, que se sepa quién ha asignado estos cinco proyectos para la municipalidad de Cajamarca [Nanchoc], vamos a estar listos para el escrutinio público, respeto por la verdad. Reiteramos nuestro pedido para que esto se procese dentro de sus cauces, el Ministerio Público ya ha abierto una carpeta fiscal”, concluyó.

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Más información

El ministro de Justicia y DD.HH., Eduardo Arana, defendió a su viceministro, Walther Iberos, quien, de acuerdo a “Punto Final” fue abogado de Nicanor Boluarte cuando ya era asesor de la secretaría general del MIDIS en la gestión de la hoy presidenta Dina Boluarte.

“El reportaje no está relacionado con ningún acto de corrupción ni alguna irregularidad. Cuando he asumido el cargo el señor Iberos me ha demostrado capacidad, idoneidad en su función”, declaró.