Dina Boluarte busca asesores: ¿Cómo recompone su círculo de confianza la presidenta?, una crónica de Fernando Vivas

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Desde que se hizo cargo de la jefatura del gabinete de asesores, el 22 de diciembre, Molina se comprometió con Dina a hacer un milagro: lograr que los líderes de las zonas alzadas dialogaran con el gobierno y posaran para la foto. En la misma tarea estaba el viceministro de Gobernanza, José Muro y el equipo de gestión de conflictos en la PCM. Boluarte les exigía resultados de diálogo pero, por otro lado, con Otárola daba rienda suelta a una política represiva que imposibilitaba lo primero. Muro renunció sin resultados milagrosos el 28 de diciembre.

El ex asesor Molina hizo su carta de renuncia el 22 de enero pero esperó a fin de mes para lograr que se realice una reunión de autoridades religiosas y civiles que el gobierno buscaba comprometer como mediadores del diálogo soñado. No tuvo éxito y pidió una reunión con Boluarte para darle su carta de renuncia. Coincidentemente, en esa reunión la presidenta le pidió lo mismo. No sabemos si Otárola influyó en ella, pero me contaron esta anécdota: Molina había dado una entrevista subrayando sus ideas de diálogo por sobre la represión, y eso enfureció a Otárola. En una reunión con Dina y 3 personas más, dijo esto en cara de Molina: “No he conocido ningún gobierno donde un asesor sea vocero”. Había un curso de colisión. El choque finalmente se produjo y Dina, la presidenta más frágil de la región, se quedó por unos días sin siquiera un asesor que le haga contrapeso a su primer ministro, alzado cual región del Sur.

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Pequeña historia

“Toledo fue el único que dio cierta importancia a los asesores”, me comenta uno de la media docena de profesionales interdisciplinarios que lo acompañó en Palacio. (Estos fueron: Luis Arias Graziani como jefe del gabinete de ‘consejeros’, que así se les llamó para marcar distancia con el recuerdo del ‘asesor’ Montesinos; Roberto Rodríguez Rabanal; Juan de la Puente; Eduardo Bruce; Luis Chuquihuara y Esteban Silva). El ex consejero tiene razón. Fujimori tuvo a Montesinos que lo corrompió todo. Luego de él y de Toledo, Alan García y PPK fueron muy soberbios como para sentir la imperiosa necesidad de un equipo a su lado. Eran de los que se decían a sí mismos: ‘nadie me va a decir lo que yo sé que tengo que hacer’.

Ollanta Humala tuvo a Nadine Heredia ocupando cualquier espacio que la distanciara del poder. Wilfredo Pedraza fue uno de sus pocos asesores. Martín Vizcarra se hizo de una ‘muralla moqueguana’ de lealtades sin prestigio; aunque tuvo a alguien en especial, Maximiliano Aguiar, que lo proveyó de ideas para la gobernabilidad (para esto sirven los asesores). Francisco Sagasti fue muy efímero como para armar ese ‘think tank’ que en otras circunstancias quizá hubiera sido sustancioso. Se limitó a contar con su coetáneo Enrique Felices Garcés y un joven Giaccomo Ugarelli. Castillo, quien más asesoría necesitaba, la buscó retorcida, recomendada para apoyarlo en la farra presidencial: Auner Vásquez primero, Biberto Castillo después. De Alberto Mendieta, quien lo acompañó en su última fase de temeridades (salvo el golpe); valga destacar que no está procesado por corrupción como sus predecesores.

Dina Boluarte, por lo tanto, ha heredado una tradición en la que el asesor o es sospechoso de ser un aprendiz de Montesinos o es personal prescindible. Los presidentes improvisados los ven como una carga antes que como un soporte. Les es mucho más cómodo y funcional, tener a los ministros por ‘dream team’ multidisciplinario y gobernar directamente con ellos; en lugar de contar con un grupo de profesionales que los obliguen a discutir y repensar las políticas públicas.

Morgan abordo

Tras una semana huérfana de asesor único, Boluarte fichó a Morgan Quero. No tuvo que buscar mucho. Él había sido su jefe de gabinete en el Ministerio de Inclusión Social y seguía en el mismo puesto con el ministro Julio Demartini (ex viceministro de Dina). Quero es politólogo formado en Francia y México y antes del Midis, ocupó el mismo cargo en los ministerios de Cultura, Educación y Producción. También fue asesor de Jorge Nieto en Defensa. Conoce el Estado.

Quero acompaña a Boluarte en varias reuniones y, junto a Suzie Sato, la jefa de comunicaciones, es quien ‘brifea’ (informa sucintamente) a la presidenta de asuntos claves que puedan ser incluidos en sus declaraciones. Por ejemplo, podemos presumir que ellos, y quizá alguien más con quien conversó la presidenta, la ‘brifearon’ sobre las críticas que había contra el ministro de Educación, Óscar Becerra; y ella resolvió, con Otárola, que no podía salir a dar su mensaje por el Día de la Mujer antes de que el lenguaraz difunda un video con sus disculpas. Si Dina daba su mensaje sin ese requisito previo del mea culpa de Becerra, le hubiera tenido que cortar la cabeza en el aire. Para calibrar estas cosas es indispensable tener asesores que respondan solo a ella y no a la PCM.

Boluarte suele llamar a ministros para preguntarles asuntos puntuales de la coyuntura en sus sectores. La idea conformista de que ‘los ministros son los asesores’, sigue en pie. Pregunté a una fuente palaciega cercana a Quero si este tiene el propósito y la venia presidencial para armar un equipo multidisciplinario. Me contaron que ya lo está haciendo. Por lo pronto, ha fichado a Manuel Castillo Calle, un funcionario de carrera. Pronto fichará a otros. Quero no está fichando a personalidades sino a funcionarios que cumplan perfiles exigentes. Todavía no se está devolviendo al gabinete de asesores la prestancia que merece para que se convierta en un soporte fundamental de la gobernabilidad. Al revés, nos topamos con la bulla de personajes, sin rango de asesores sino de asistentes, como Grika Asayag, que fue defenestrado tras revelarse un presunto de tráfico de influencias.

Quero necesita empoderarse con su equipo para que Boluarte no dependa de las miradas compartimentalizadas de los ministros. La mayoría de aquellos son expertos en su sector –muchos fueron viceministros- pero sin vuelo político para enfrentar las aguas turbulentas de hoy. Ya hubo cuatro ministros que renunciaron porque no quisieron asumir el peso moral de los muertos en las protestas (Jair Pérez de Cultura, Patricia Correa de Educación, Eduardo García de Trabajo y Grecia Rojas de la Mujer). Sandra Belaunde no ha explicado la razón de su renuncia a Producción, pero según mis fuentes, no pudo lidiar con presiones y pedidos.

Salvo la de Belaunde, todas estas renuncias, incluyendo las de dos ministros del Interior, César Cervantes y Víctor Rojas Herrera; fueron provocadas por el abrumador peso de los muertos. Los dos últimos se fueron –según me confirmaron fuentes oficiales- para pagar el costo político de las muertes; pero esos gestos no se entendieron, pues el ascenso de Alberto Otárola, de Defensa a la PCM, el 21 de diciembre, los contradijo. A propósito de Otárola, este tampoco cree mucho en asesores. Los pocos que tiene en la PCM son de bajo perfil. Está muy lejos de su antecesor Fernando Zavala quien, en tiempos de PPK, tuvo un nutrido gabinete de jóvenes (David Rivera, Carlos Meléndez, José Alejandro Godoy, Daniel Olivares, Carlos León Moya, entre otros) que parecían una agencia creativa.

Ha sido fichada Alexandra Ames, conocida académica experta en políticas públicas, como secretaria de gestión social y diálogo, en el equipo del viceministro de Gobernanza, Paúl Caiguaray. Ha habido un cambio visible en la política de diálogo, que, en la perspectiva de Boluarte y Otárola, intenta llegar de otra forma a la meta que se habían fijado Molina y Muro. Quero, según me cuentan, la llama ‘política de reconocimiento’. Suena bonito, aunque es algo más bien prosaico: la nueva promoción de gobernadores y sobretodo de alcaldes que se estrenaron en enero, ha hecho de tripas corazón y, superando las reticencias de las oposiciones regionales, desfila por Palacio presumiendo que –por necesidad de legitimación gubernamental-hay temporada abierta para conseguir atención y obras.

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En lugar de que ese desfile de autoridades degrade en clientelismo, desborde la capacidad del Estado o desequilibre demasiado la relación con las regiones; el Ejecutivo debe ordenar su relación con la sociedad civil. Todo esto suena a la confirmación de que se quieren quedar hasta el 2026 (esa es lo que percibo en todas mis fuentes oficialistas); pero aún si la ilusión se les arruinara y se tengan que ir el 2023 o el 2024, los asesores son indispensables para poner orden y dar aliento de gobernabilidad a estos procesos de supervivencia política. Más aún si –como me comentan algunas fuentes- Boluarte ha hecho acercamientos y llamadas a posibles reemplazos del Gabinete Otárola, cabeza incluida.