‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
El contralor general de la República, Nelson Shack, reveló que su institución detectó un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte, luego de evaluar sus declaraciones juradas de bienes y rentas.
Shack afirmó que Boluarte declaró ante la Contraloría menos cuentas bancarias de las que realmente posee.
Precisó que la investigación que los llevó a detectar las omisiones se inició hace más de dos meses. Esto tras conocerse que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le entregó relojes Rolex y otras joyas de alta gama.
“A través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, [se] ha detectado que la señora presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos detectado en el sistema financiero nacional. Y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial”, dijo Shack en diálogo con RPP.
Fuentes de El Comercio indicaron que la Contraloría realiza un proceso de fiscalización contra Boluarte. “Los resultados van a ser remitidos a las entidades que correspondan, que pueden ser el Ministerio Público y el Congreso”, complementaron.
Por el Caso Rolex, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Boluarte en mayo pasado, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Además, continúa investigándola por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública, en la modalidad de omisión de consignar información en documento oficial.
En la denuncia constitucional señaló que la presidenta presuntamente recibió de Oscorima, “en calidad de donación”, tres relojes Rolex valorizados en US$ 18.250, US$ 26.215 y US$ 20.217, un par de aretes argolla de oro con diamantes, de US$ 5.512; y una pulsera Bangle con 94 brillantes, de US$ 9.900.
Acusa reacción irregular
Según Shack, después de que la Contraloría informara a la presidenta sobre la indagación de sus declaraciones juradas, ella y el primer ministro Gustavo Adrianzén presentaron al Congreso un proyecto de ley que, entre otros temas, reduce el financiamiento del control concurrente que realiza su institución.
“Ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio y 10 días después aparece este proyecto de ley”, señaló Shack.
El proyecto, de más de 300 páginas, plantea que se aprueben créditos suplementarios para financiar gastos asociados a la reactivación económica. No obstante, una de sus disposiciones complementarias propone que el control concurrente sea financiado solo con hasta el 0.5% del valor de las inversiones. Actualmente se financia con hasta el 2%.
Shack aseguró que “no tiene ningún sentido que pongan una disposición que cercena la capacidad operativa de la Contraloría”. “Nos llama poderosamente la atención, ¿cuál es el apuro?. ¿Por qué no quieren tener una discusión alturada, técnica, reflexiva respecto de si vale la pena o no reducir la capacidad operacional de la contraloría a nivel nacional?”. exclamó.
El último jueves, la Contraloría se pronunció contra el proyecto de ley mediante un comunicado. En este alertó sobre “cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos”.
Señaló que el proyecto del gobierno de Boluarte “esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción en el gasto público”. Y agregó que de aprobarse, se desmantelarían los Órganos de Control Institucional (OCI).
En respuesta, Adrianzén señaló el último lunes que el 2% que puede llegar a destinarse para el control concurrente de una obra “es una cantidad astronómica, millonaria”.
“Tuvieron tantos saldos sin ejecutar, que ya en fechas anteriores el Ministerio de Economía y Finanzas había decidido retirar esos saldos y ajustar el 2% a 0.5%. [...] Sí queremos a la contraloría haciendo control concurrente”, señaló a RPP.
No obstante, una fuente de El Comercio adelantó que no es la única medida que evalúa el gobierno de Boluarte respecto al control concurrente que realiza la contraloría. La misma fuente aseguró que estas se han planteado con anticipación a las acciones contra la presidenta.
La gestión de Boluarte también ha propuesto que el abogado César Aguilar Surichaqui sea nombrado nuevo contralor general en reemplazo de Shack, cuyo mandato vence este mes.
La propuesta fue oficializada el último viernes y está en manos del Congreso de la República, que recientemente aprobó una ley para que el contralor se mantenga en funciones hasta que no se designe a su sucesor.
El legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia) dijo a El Comercio que el Congreso deberá nombrar nuevamente a la subcomisión que evaluará la propuesta del Ejecutivo.
En mayo pasado, Montoya presidió la subcomisión que rechazó la candidatura de Pedro Cartolín.
El legislador adelantó a El Comercio que está dispuesto a continuar a cargo del grupo si así lo decide la Comisión Permanente. “Mañana [martes 16] hay reunión de portavoces y se podría ver este tema”, dijo.
Niega desbalance
El abogado Juan Carlos Portugal, defensor legal de Boluarte, negó la existencia de un desbalance patrimonial y acusó a Shack de actuar de manera irresponsable.
“Me preocupa que una autoridad como el contralor tenga conclusiones tan irresponsables y tan apresuradas como las que ha señalado. La creación de una cuenta no involucra de forma automática un desbalance patrimonial. [...] La creación de toda cuenta en el sistema financiero genera una trazabilidad inmediata. [...] Una cuenta es una información registrada y rastreable. Alguien que la crea no quiere ocultar sus ingresos y egresos, sabe perfectamente que estará sujeto a control financiero”, dijo en diálogo con El Comercio.
Portugal añadió que el procedimiento de fiscalización por parte de la Contraloría aún no ha concluido. “Hay una comunicación [de la Contraloría] que nos permite aun realizar las observaciones a los hallazgos. De manera que nadie puede concluir sin haber escuchado o leído las observaciones que por supuesto vamos a levantar. Me sorprende que el contralor haya concluido un desbalance patrimonial en el minuto 89 del partido”, dijo.
Por último, señaló que la existencia de un desbalance patrimonial se debe determinar mediante una pericia contable.
Boluarte no se pronunció hasta el cierre de esta edición. Recientemente se negó a precisar ante la prensa cuántas joyas y relojes de alta gama le entregó Oscorima.
Ante el Congreso
Oscorima se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso el lunes último. Esta lo citó para que responda por el Caso Rolex y otras presuntas irregularidades en su gestión. No obstante, se acogió al derecho al silencio.
El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Oscorima, había adelantado a la prensa que su representado no declararía ante el Congreso. “Tiene que respetar la reserva de la investigación”, dijo.
Opinión
Fuad Khoury: Es un error politizar la Contraloría
El excontralor Fuad Khoury señaló que Shack "está cometiendo un error, que es politizar la Contraloría".
Agregó que la propuesta de financiar el control concurrente solo con hasta el 0.5% de una obra "es un tema netamente económico, de total responsabilidad del ministro [José] Arista"
Khoury también cuestionó la modalidad con la que se emplea el control concurrente y los resultados que habrían obtenido. En su opinión, los OCI deben estar presentes solo en las instituciones públicas más grandes, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“Cuando haces gestión, tienes que controlar. El control interno lo tiene que hacer la propia entidad. A la gestión pública le hemos quitado la capacidad de pensar en cómo controlar su negocio o la construcción de una obra. No es una crítica destructiva, simplemente pongamos las cosas en su sitio. Es un error que el titular del proceso administrativo de control interno sea la contraloría. No estoy de acuerdo al 100% en cómo se ha desarrollado el control interno, aunque para muchos es la panacea”, dijo.
En opinión de Khoury, la contraloría no tiene casos relevantes que mostrar a la ciudadanía. "Las alertas no corrigen la corrupción, que vemos que ha aumentado. Todo los actos de corrupción que vemos en el Congreso y el Ejecutivo pasan por encima de todos", señaló.
