Revelan que Dina Boluarte dio respuesta esquiva a fiscal de la Nación sobre pago de S/ 41 millones a Aionia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió de manera esquiva a las preguntas de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la investigación que afronta su exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén y el expresidente del Seguro Social de Salud (Essalud) Aurelio Orellana.

Se trata de la declaración que la mandataria ofreció al Ministerio Público el pasado 26 de marzo por el caso de pagos indebidos a la empresa Aionia Technology Corporation por parte de Essalud. La indagación incluye a Grika Asayag, quien trabajó en el Despacho Presidencial.

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Según informó Canal N, en el interrogatorio Boluarte Zegarra afirmó que no conocía a Adrianzén Ojeda hasta el día de su juramentación como titular del MTPE y aseguró que no tiene ningún vínculo con Orellana Vicuña.

Al ser consultada sobre si sabía del depósito de más de S/ 41 millones a la empresa Aionia, la jefa de Estado respondió: “Sí, tengo conocimiento sobre el pago que salió en las noticias”.

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Respecto a las acciones que adoptó tras estallar el escándalo, Dina Boluarte indicó: “Convoqué al ministro de Trabajo y al presidente de Essalud para que expliquen sobre la noticia. Esto fue días después de propalada la noticia. Ambos funcionarios concurrieron en forma conjunta”.

La mandataria refirió que Adrianzén le manifestó que se trataba de un “pago regular”, mientras que Orellana aseveró que era un “laudo arbitral que no se pudo apelar, y como sentencia consentida, tuvieron que pagar”.

Mensajes de WhatsApp y Grika Asayag

Boluarte Zegarra también admitió que no revisó los documentos que le llevaron Adrianzén y Orellana en dicha reunión. Sí confirmó que el entonces presidente de Essalud le mostró un mensaje de WhatsApp de una conversación con el ministro de Trabajo.

“La conversación de WhatsApp que me mostró el presidente de Essalud el día que lo convoqué, en presencia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; precisando que la comunicación era entre el ministro de Trabajo y el presidente de Essalud, no recordando exactamente el contenido, como tampoco la fecha de comunicación”, aseveró.

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“Debo precisar, además, que la comunicación en mención la vi en el teléfono celular del presidente de Essalud, esto fue en la primera fecha, cuando acudieron solo el ministro y el aludido funcionario de Essalud. Es importante mencionar que la conversación vía WhatsApp solo me la mostraron”, agregó.

Incluso Dina Boluarte dijo desconocer si entre las funciones del ministro de Trabajo estaba el intervenir en los pagos de Essalud y sugirió “revisar la reglamentación correspondiente”. Del mismo modo, acotó no tener conocimiento sobre reuniones entre los funcionarios que participaron en las gestiones y representantes de Aionia.

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De otro lado, la mandataria respondió que las funciones de Grika Asayag en el Despacho Presidencial era apoyar en las reuniones con las autoridades, coordinar con la Secretaría General la agenda.

Del mismo modo, Boluarte dijo que Asayag no podía celebrar reuniones con ministros o presidentes ejecutivos de otras dependencias del Estado. También confirmó que no le solicitó ninguna explicación luego de estallar el escándalo y verse involucrada en el caso.

El caso

El último lunes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén Ojeda por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

Las pesquisas iniciadas en marzo conforman la carpeta fiscal 61-2023, que corresponde al caso del presunto interés indebido en el pago de S/41′000.520 por parte de Essalud a Aionia Technology Corporation S.A.C.

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Dicha empresa, en agosto del 2020, obtuvo la adjudicación de esa entidad para venderle 1′174.800 pruebas rápidas destinadas a la detección del COVID-19.

Unas semanas después, la Contraloría General de la República halló indicios de que el proceso estuvo orientado a favorecer a Aionia y que la compañía entregó los test fuera del plazo establecido. Por esta situación, el pago se detuvo.