Dina Boluarte, el informe de la UIF y los Rolex: ¿cómo complican su situación de la presidenta?

Justamente, la segunda mitad de este mes ha significado para Dina Boluarte una seguidilla de escándalos y controversias han golpeado al gobierno. La presidenta está incómoda, sin respuestas claras, escudada entre ministros, abogados y agentes de seguridad, y cada vez más evasiva ante la prensa.

Coincidentemente, las revelaciones surgieron todas por publicaciones periodísticas. El Comercio conversó con cuatro especialistas para poner en perspectiva la dimensión y las implicancias de cada caso.

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El inicio de marzo estuvo marcado, a nivel del gobierno de Dina Boluarte, por la salida de Alberto Otárola de la presidencia del Consejo de Ministros y la llegada a ese cargo de Gustavo Adrianzén. Y las semanas posteriores, lejos de ser un espacio de calma y respiro para un Ejecutivo a raíz del nuevo gabinete, se convirtieron en los más agitados de los últimos meses para un gobierno que ya venía gozando de cifras históricas de impopularidad.

La información del programa digital ‘La Encerrona’ sobre el uso de 15 relojes por parte de Dina Boluarte desde que es alta funcionaria, al menos uno de ellos de la marca Rolex, llevó a la Fiscalía de la Nación a abrirle una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito u omisión de consignar declaración. La presidenta no ha dado respuesta claras. Inicialmente, repsondió que uno de esos Rolex es “de antaño” y es fruto de su trabajo. Luego, anunció que dirá “su verdad” a la fiscalía.

Sin embargo, la fiscalía informó hace unos días que ella misma frustró las diligencias por las que la citaron: no exhibió los relojes que le requirieron y no acudió a declarar. Sus abogados, al respecto, atribuyeron lo ocurrido a su “apretada agenda”.

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, remarcó que Dina Boluarte no está siendo investigada preliminarmente por un “delito cualquiera”, sino por enriquecimiento ilícito, un ilícito grave que se puede sancionar hasta con 15 años de prisión. El futuro avance y eventual formalización del caso tendrá que pasar, necesariamente, por el Congreso de la República por su inmunidad como alta funcionaria.

“No hablamos de un reloj, hablamos de varios. Ya eso habla de una tendencia a tener artículos de lujo. Y desde lo penal, la no declaración ya es un indicio. Varios rólex podría sumar hasta US$ 100 mil. Salvo que diga que fueron regalos y puede probarlo, sus ahorros no podrían ser US$ 100 mil, no tendría cómo justificarlos”, destacó el abogado

Añadió que la presidenta “pudo salir y aclarar al momento: esto es, aquí lo adquirí, se acabó. Sin embargo, esto ha sido la punta la madeja para ir jalando y desentrañando cada vez más cosas: el informe de la UIF, nuevos Rolex, la camioneta, etc. Hasta ahora no se aclara nada y seguimos con indicios para indagar un enriquecimiento ilícito”.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que da cuenta de ingresos de S/ 1.1 millón de origen desconocido a cuentas de Dina Boluarte entre 2016 y 2022, movimientos que “podrían estar ligados al delito de lavado de activos”, por el que ya es investigada en fiscalía en torno a las finanzas de Perú Libre.

Sin embargo, el informe advierte que la mayor parte del dinero ingresó a una cuenta compartida con un dirigente del Club Departamental Apurímac, cuando era su presidenta. En respuesta, el primer ministro Gustavo Adrianzén negó que la presidenta tenga un desbalance patrimonial y afirmó que ella misma lo ha dejado en evidencia ante la fiscalía contra el lavado de activos que la investiga.

La penalista Cecilia Madrid comentó que el informe “podría fortalecer la tesis de la fiscalía” y llevar a que se le indague por un delito adicional: ”El lavado puede tener diversas fuentes. La investigación que tenía era por el partido. Ahora, con este informe, se puede dar cuenta de otro presunto hecho de lavado: aparentes operaciones de lavado de dinero de fuente ilícita, proveniente del delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

“Ella era directiva de esta asociación y habría abierto una cuenta mancomunada, pero el dinero sería de la asociación, no de ella. Eso sería un delito de fraude en la administración. Si ese dinero fue usado para compras, para transferir a otras personas, podrían ser actos de lavado provenientes de ese delito”, opinó.

El dominical Panorama reportó que la seguridad de la presidenta perdió el cuaderno donde registran los ingresos y salidas de su vivienda. Ocurrió el 15 de marzo, al día siguiente de la revelación sobre los relojes. El documento apareció horas después en la Vía Expresa. Lo ocurrido llevó al relevo de una docena de agentes de seguridad del Estado, de los 222 que hay asignados a la seguridad de la presidenta.

El hecho fue confirmado por el propio Gustavo Adrianzén. Inicialmente, dijo que el hecho les llamaba la atención de “sobremanera” y que el Ministerio del Interior “ya ha adoptado las acciones pertinentes a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Luego, criticó que se lleven registros de este tipo y los atribuye a un “reglaje” instalado en la gestión de Pedro Castillo.

Sin embargo, Danilo Guevara, exdirector de la Dirección Inteligencia Nacional (DINI), comentó a El Comercio que este tipo de registros se llevan “en todos los países del mundo”. Precisó que ello no hace como parte de un ‘reglaje’ o seguimiento, sino por seguridad de un jefe de Estado. Como tal, es un documento que debe ser “resguardado bajo seguridad especial”.

Consideró que el hecho es una grave vulneración a la seguridad del presidente -incluso mayor a la agresión sufrida por la presidenta en Ayacucho- y a información sensible para el Estado. ”Este cuaderno, que puede tener información clasificada, se extravía, y lo que es más extraño, luego de dos horas aparece botado en una vía pública”. Añadió que podríamos estar ante una operación para extraer información del cuaderno con un propósito aún desconocido, lo cual se debe investigar y explicar a la ciudadanía. “Estas cosas no pueden pasar en un país serio. Más allá del acontecimiento, el sistema de seguridad de la presidenta debe ser reestructurado”.

El principal prófugo del gobierno es Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido con que la presidenta fue candidata y donde militó hasta el 2022. Además, ambos fueron investigados juntos por lavado de activos por las finanzas de la agrupación. Hoy, Vladimir Cerrón supera los 170 días sin ser ubicado. En enero, la Policía ejecutó un operativo en Asia, balneario al sur de Lima, donde se le ubicó, pero no se le pudo capturar.

Al respecto, Punto Final dio cuenta de que un vehículo que usa Dina Boluarte fue visto en febrero cerca de ese lugar. Gustavo Adrianzén solo respondió que la presidenta -por seguridad- se traslada en vehículos oficiales para todas sus actividades, así sean oficiales o personales; pero para el exministro Mariano González, este “sin duda es un indicio de algo irregular”. “¿Qué hacía ese vehículo ahí? Es el que transporta a la presidenta”.

Recordó que poco después del operativo en Asia, el gobierno removió al jefe de la Policía, Jorge Angulo, y al de la DINI, Roger Arista. “No es solo un hecho de suspicacia. Definitivamente, algo había[...]Son hechos concatenados que tienen que ver desde la llegada de Víctor Torres al Ministerio del Interior”, consideró.

Para el exministro, la policía y los órganos de inteligencia sí han hecho su trabajo para dar con el exsocio político de Dina Boluarte, pero " pareciera que hay ausencia de voluntad política”. “Políticamente, el gobierno les jala la alfombra”.