Palacio de Gobierno clasificó como “reservada” la información sobre el vehículo que traslada a la presidenta Dina Boluarte, conocido como el “cofre”. Esto en un contexto en el que se investiga si estuvo a disposición del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en febrero pasado.
A inicios de este mes, los periodistas Stefanie Medina, del programa “Contracorriente”, y Ernesto Cabral, del noticiero digital “La Encerrona”, solicitaron a Palacio información sobre los desplazamientos del auto, de placa EGR-844, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, Palacio les negó la información argumentando que “se encuentra comprendida dentro del Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y Locales Anexos”, aprobado el último 13 de septiembre. Además, precisó que este plan y sus anexos fueron clasificados como reservados mediante una resolución del último 17 de setiembre. Es decir, se refirió a dos documentos emitidos luego de los pedidos de información.
ESTA ES LA RESPUESTA DE PALACIO AL PEDIDO DE MEDINA:
La resolución del 17 de septiembre establece que solo se permitirá el acceso de la información clasificada a las entidades mencionadas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, “a su solo requerimiento”.
El artículo señala que pueden obtener la información el Congreso de la República, mediante una comisión investigadora; el Poder Judicial, en un determinado caso, cuando la información sea imprescindible para llegar a la verdad; la Defensoría del Pueblo, en el ámbito de sus atribuciones de su defensa a los derechos humanos; y la Contraloría General de la República, solo dentro de una acción de control de su especialidad.
En tanto, la resolución del 13 de septiembre, con la que se actualiza el plan de seguridad de Palacio, señala que “se han identificado nuevas amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de la señora presidente de la República, familia presidencial e instalaciones”. Esto -según señala- mediante un estudio de seguridad elaborado por el área de Análisis de Información de la Casa Militar en el primer trimestre de este año.
Palacio debe sustentar la clasificación
El abogado Roberto Pereira, especializado en libertades informativas, consideró que “no parece verosímil que exista una razón justificada para negar esa información”.
“Se está pidiendo información del pasado, sobre la ruta que habría seguido el vehículo durante dos meses y quiénes habrían estado allí. Si bien algún desplazamiento podría estar justificado que no lo revelen, eso también tendría que decirse. No toda la información puede estar clasificada como reservada, sino que solo aquella que se justifique”, dijo.
Además, explicó que no basta con que la autoridad considere que algo debe ser clasificado, sino que debe expresar los motivos que lo sustentan.
“La clasificación es válida en la medida que la autoridad acredite lo que se llama la prueba del daño; es decir, más allá de señalar que es reservado, exprese las razones por las cuales la divulgación o el acceso público a esa información causará un perjuicio, por ejemplo, a la seguridad de la presidenta o a la seguridad del Estado. Eso no lo veo plasmado en la respuesta a la periodista [Medina]. No le dicen en qué consistiría el riesgo de daño”, dijo en diálogo con El Comercio.
Por último, destacó que, según la respuesta de Palacio, la clasificación de reservado se realizó luego del pedido de información. “Si es una información que efectivamente pone en riesgo la seguridad de la presidenta de la República o la seguridad del Estado, debió estar clasificada desde siempre”, señaló.
En tanto, el abogado Erick Iriarte, especialista en derecho digital, explicó que la clasificación de una información como secreta, confidencial o reservada debe estar declarada explícitamente en alguna normativa.
Iriarte añadió: “La información secreta tiene caracter fundamentalmente militar, la confidencial trata de datos personales de individuos. La reservada puede ser pública con posterioridad al momento que se está controlando, como por ejemplo, las negociaciones internacionales. [...] De las excepciones mencionadas, no se infiere directamente que la información sobre el vehículo sea reservada. [...] ¿Y por qué recién la declaran reservada a raíz de la solicitud? ¿Y cuál es el alcance de la reserva?”.
La periodista Medina presentó una apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP). Este es un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de resolver, en última instancia administrativa, las controversias vinculadas al derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Depende administrativamente del despacho ministerial.
Vehículo pasó por peaje de Ica
El último miércoles, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, mostró un documento entregado por la concesionaria vial COVIPerú. En este, se informa que el vehículo asignado al Despacho Presidencial, captado cerca de donde habría estado escondido Vladimir Cerrón, al sur de Lima, transitó por el peaje de Ica, en el sentido de norte a sur, el 27 de febrero.
“Ustedes pueden ver que la agenda de la señora Boluarte estaba en blanco, no tenía ninguna actividad en ese periodo. La pregunta es, ¿qué hacía el vehículo presidencial al sur de Lima en ese periodo de tiempo?”, cuestionó Burgos.
En la sesión, el exasesor de inteligencia Henry Shimabukuro dijo que la comisión debe citar al conductor del vehículo de la presidenta y a los agentes de Seguridad del Estado que siguieron ese auto hacia el sur. Ellos deben explicar por qué se dirigieron hacia Pisco o Nasca.
En tanto, el último cinco de septiembre, la Fiscalía de la Nación solicitó a Palacio información sobre la flota de vehículos destinados a la presidenta. Esto luego de la difusión de un audio, atribuido al ministro del Interior, Juan José Santivañez, en el que se menciona que el auto habría estado a disposición del prófugo Cerrón para que continúe escapando de la justicia.
