Dina Boluarte y Alejandro Soto “deploran” resolución de Corte- IDH sobre norma que limita figura de la lesa humanidad

La mandataria Dina Boluarte y el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, enviaron una carta a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Nancy Hernández López, para “deplorar” la resolución que emitió respecto a la norma que limita la figura de lesa humanidad.

En la carta, Boluarte y Soto hacen referencia a la resolución del 1 de julio en la que la Corte-IDH requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma, que en ese momento impulsaba el Congreso, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002. Finalmente, la autógrafa fue aprobada el pasado 4 de julio por la Comisión Permanente del Parlamento.

Ante ello, argumentan que el Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, ya sea a través del control difuso del Poder Judicial o del control concentrado del Tribunal Constitucional.

“Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte-IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería, más bien, constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, indicaron ambas autoridades.

Además, Boluarte y Soto consideran que la Corte-IDH, con su resolución sobre el tema de la lesa humanidad, ha excedido sus competencias y ha trasgredido “el rol subsidiario que debe asumir”.

“Rechazamos de manera categórica los términos contenidos en la resolución del 1 de julio de 2024, puesto que lo concedido como medida previsional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes, en tanto que en la práctica requiere que los poderes del Estado renuncien al ejercicio de sus competencias constitucionales y abdiquen en favor de una instancia supranacional que ya no interviene subsidiariamente, sino que, en total contrasentido, dispone más bien asumir el pleno control de las tareas estatales al determinar cuáles no se pueden ejercer”, enfatizaron.

“Lamentamos que la Corte-IDH haya emitido una resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales, de carácter temporal y excepcional para garantizar el resultado de fondo, y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que no se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad, bajo el manido pretexto de encontrarse en supervisión de cumplimiento de sentencia, transgrediendo de modo evidente el rol subsidiario que debe asumir”, agregaron.

En otra parte, los presidentes de los dos poderes del Estado rechazaron que la Corte-IDH use términos como “conflicto armado interno” para referirse a la época del terrorismo, pues consideran que “ofende la conciencia cívica nacional y la memoria de miles de peruanos asesinados por las hordas terroristas”.

También pidieron a la instancia supranacional que, en un “ejercicio de autotutela, corrija sus excesos”, ya que consideran que “terminan por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y afectan la soberanía de los Estados”.

No obstante, resaltaron que el Perú reitera su “firme adhesión” al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos “de carácter subsidiario a la justicia nacional” y su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dina Boluarte no se pronuncia sobre norma

En la conferencia de prensa de este lunes en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado no respondió cuando se le consultó si observaría la ley que limita la figura de lesa humanidad, incluso afirmó que tal autógrafa no había llegado al Ejecutivo, sin embargo, el periodista Martín Hidalgo informó que el documento ya había sido enviado por el Parlamento.

“Respecto al proyecto de ley de lesa humanidad, igual todavía no ha llegado al Ejecutivo, así que esperamos que en el plazo correspondiente que llegue, los sectores lo revisarán, nosotros estaremos atendiendo en esa mirada”, remarcó.

El caso

El pasado 1 de julio, la Corte IDH requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.

Inclus, solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto con el proyecto (que finalmente fue aprobado días después), tras lo cual deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.