Dina se quedó sin fiesta, el resumen de la semana por Fernando Vivas

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Aún no sabemos si Fray Vásquez se ha acogido o se acogerá a la colaboración eficaz -¿cuánto le quedará por cantar luego de todo lo cantado por otros?- pero sí se convirtió en colaborador accidental del gobierno. Su entrega en Puno el lunes 29, permitió al samaqueado ministro del Interior, Víctor Torres, y al nuevo estado mayor de la PNP; salir en todos los medios con una noticia nueva que no fuera el arbitrario pase a retiro del ex comandante general Jorge Angulo. Las acusaciones del cesado Angulo quedaron sin réplica. Ley policial: si no hay nada que decir, se impone promocionar un operativo.

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El lunes, la agenda del sector Interior y, por extensión, del gobierno, se concentró en la llegada –fruto de una entrega voluntaria, según admitió la PNP desde un comienzo- del sobrino de Pedro, desde Puno. La proximidad de su lugar de entrega con Bolivia activa la sospecha de que haya estado en dicho país y que las autoridades bolivianas hayan descartado el asilarlo. Se lo pregunté al canciller Javier González Olaechea y me dijo que tenía la ‘intuición’ de que pudo pasar eso, pero no podía confirmar que en efecto ello haya sucedido.

Tras la entrega del sobrino del poder reciente, vimos llegar, extraditado de Colombia, al feminicida confeso Sergio Tarache, que prendió con fuego a la joven Katherine Gómez y le ocasionó la muerte. El ministro del Interior dio unas palabras al pie del avión que trajo al detenido. El uso político de una noticia detrás de la cual no había ningún operativo contra el crimen organizado, delató la desesperación por levantar la abatida imagen del ministro Víctor Torres. Vienen más operativos en su ayuda.

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El alcalde de Machu Picchu Pueblo (ex Aguascalientes), Elvis La Torre, juntó a un grupo informe de ciudadanos en la plaza de armas de su distrito y les preguntó para que voten a mano alzada quiénes estaban a favor de levantar el paro indefinido contra el esquema de venta de entradas propuesto por el Ministerio de Cultura. Ganó abrumadoramente la posición de cesar la lucha. Si estas expresiones de democracia directa se hubieran llevado a cabo días antes, quizá el conflicto se resolvía más temprano. Pero había muchos interesados en mantener a toda costa la venta presencial de mil entradas diarias.

En realidad, la votación del miércoles en la mañana fue una validación de lo que los dirigentes habían negociado con los ministros Leslie Urteaga de Cultura, Juan Carlos Matthews de Comercio y Turismo y Albina Ruiz de Ambiente. El gobierno había cedido bastante: se mantiene la cuota de mil entradas diarias para venta presencial en Machu Picchu Pueblo y se deshace el contrato con la plataforma Joinnus. El arma de conciliación fue proponer un sistema generado por la secretaría de gobierno digital de la PCM. Otra fue aceptar la ejecución de los lineamientos de la política de descentralización que se ha cumplido en sectores como Salud pero no en Cultura: entregar el área descentralizada al gobierno regional. Ello excluye, por supuesto, a Machu Picchu que, en su condición de área protegida, está administrada directamente por el gobierno central.

Quedó expuesta no solo la vulnerabilidad de Machu Picchu a protestas y bloqueos, pues solo se llega por vía férrea (unos pocos llegan a pie por el Camino Inca). También se desnudó la vulnerabilidad de un gobierno débil a la conjunción de demandas regionales en las que diversos gremios cuenten con apoyo de gobernadores y alcaldes. Al gobernador cusqueño Werner Salcedo le bastó sumarse a las demandas de quienes impulsaron el paro y pedir un imposible para ganar lo más posible: pidió que le transfieran la gestión de Machu Picchu y logró que le ofrezcan el traslado de la DDC (Dirección Desconcentrada de Cultura) al gobierno regional.

Un grupo de líderes de gremios empresariales entre los que estuvieron representantes de la Confiep, la SIN, el Colegio de Ingenieros, la Sociedad de Minería y otros; se reunió el miércoles con Alberto Otárola. Se habló de destrabes de grandes proyectos, de un fondo que permita ampliar el déficit fiscal, de créditos más accesibles, de permisología, de rigideces laborales en el mercado formal. El gobierno, en especial Otárola, tiene oídos para los empresarios, pero no tiene la capacidad de echar a andar políticas públicas con firmeza. El ministro de Economía, Álex Contreras, aún no puede descartar que la presidenta intente reemplazarlo. La reunión que Boluarte tuvo a principios de año con los exministros Luis Carranza y José Arista ha dejado huella. Las posibilidades de cambios en el gabinete se barajan continuamente ante nuestros ojos. Otro visitante a Palacio, que se reunió con Boluarte y Otárola, fue César Acuña. Lo hizo como gobernador de La Libertad para pedir que se declare su región en emergencia, ante la escalada de inseguridad que supera el promedio nacional. Fue acompañado de Luis Valdez, secretario general de APP, lo que le agregó a la visita un talante partidario.

La presidenta recibe en Palacio pero, al revés, no puede o no quiere hacer visitas ostensibles. Tras el forcejeo y jalón de pelos con dos señoras deudas de víctimas de la represión a las protestas del 15 de diciembre del 2022 en Huamanga, se anda con comprensibles cuidados. Otárola, en su nombre, salió a aclarar que Dina no iba a visitar la fiesta de La Candelaria en Puno y Juliaca. La reconciliación con la región más intransigente con su gobierno tendrá que esperar hasta Dios sabe cuándo.