Durante la cuarentena general a causa del coronavirus en el Perú, el gobierno del presidente Martín Vizcarra y el Congreso de la República tuvieron algunos choques por sus posiciones respecto de distintas normas, como las referidas a las AFP o la formalización de los taxis colectivos. Pero el paso a un confinamiento focalizado ha traído a la par en el escenario político un nuevo capítulo de confrontación. ¿La razón? Las seis mociones de interpelación planteadas en el Parlamento contra el primer ministro Vicente Zeballos y titulares de otras carteras, lo que ha sido calificado por el mandatario como un “exceso”.
“Si consideran que hay alguna falta, error y eso genera una interpelación, esa es una figura legal plenamente establecida. Pero que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, salido de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso”, cuestionó Vizcarra el último martes en conferencia de prensa.
Tal llamado de atención tuvo inmediatamente reacciones desde el Legislativo. El primer vicepresidente de este poder del Estado, Luis Valdez (APP), ha calificado la postura del jefe de Estado como poco democrática y con un trasfondo de “distraer la atención”.
Guillermo Aliaga (Somos Perú), segundo vicepresidente del Congreso, resaltó que la posibilidad de presentar mociones de interpelación está en el marco constitucional. Por su parte, Omar Chehade (APP), titular de la Comisión de Constitución, instó a Vizcarra a no confrontar ni echar “culpas al Congreso de sus propios fracasos”.
Así, si bien se han dado anteriores momentos de calentura, ahora vuelve a subir la temperatura de una relación ciertamente muy frágil, la cual es analizada por politólogos consultados por El Comercio.
El “exceso” en cuestión
De las seis mociones de interpelación, el pleno determinará este viernes si admite la presentada contra el titular de Educación, Martín Benavides. Asimismo, deberá dar cuenta de las planteadas hacia el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, y los ministros María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Víctor Zamora (Salud), Fernando Castañeda (Justicia y Derechos Humanos) y Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social).
Omar Awapara: “Dentro de lo que corresponde a las funciones de Congreso, está en su rol fiscalizar al Ejecutivo”
Para el politólogo Omar Awapara, aunque el Ejecutivo puede verse distraído de su tarea actual para enfrentar la pandemia, las interpelaciones son parte de un proceso político de control que corresponde al Parlamento.
“Dentro de lo que corresponde a las funciones de Congreso, está en su rol fiscalizar al Ejecutivo, mantener un balance entre los poderes del Estado y quizá se le pudiera dar la atribución de la duda, porque han esperado a que el Ejecutivo haga lo que tuviera que hacer durante tres meses”, indica.
Pero hay un detalle importante. Son esos ministros los que han recibido la mayor cantidad de citaciones a comisiones del Parlamento hasta el 1 de julio, como ha dado cuenta este Diario. Se suma a ellos Jorge Montenegro, ministro de Agricultura, contra quien no se ha planteado interpelación alguna al momento.
María Alejandra Campos: “Sí se trata de un exceso, una desproporción y una acción innecesaria”
Considerando esa situación, la politóloga María Alejandra Campos considera que sí se trata de “un exceso, una desproporción y una acción innecesaria” del Congreso que, a su juicio, busca mostrar un músculo político y posicionarse como institución frente a un Ejecutivo que mantiene popularidad.
“Estas interpelaciones vienen precedidas por decenas de invitaciones a comisiones, donde no ha surgido nada particularmente relevante que requiera elevar la conversación con los ministros al pleno”, agrega.
Sostiene, además, que si bien lo acaecido es parte del equilibrio de poderes y el control político, este debe utilizarse no solo en forma, sino también en fondo; es decir, que exista un verdadero rendimiento de cuentas al país. “El ministro va, habla y no lo escucha nadie. Si hubiese pleno presencial, termina de hablar el ministro y empieza el monólogo de los congresistas, que no tiene nada que ver con lo que acaba de decir el ministro. Eso no es ejercer el poder constitucional del control político”, apunta.
Juan de la Puente: “Es la consecuencia de la falta de un acuerdo nacional, de la precariedad de la protección social y la ausencia de una agenda nacional”
En opinión del politólogo Juan de la Puente, la serie de interpelaciones expresa el agotamiento de las relaciones políticas entre el Ejecutivo y el Congreso.
“Es la consecuencia de la falta de un acuerdo nacional, de la precariedad de la protección social y la ausencia de una agenda nacional. Cada uno baila con su pañuelo, pero en términos institucionales, no en relación directa a la pandemia”, subraya.
El momento
Otro asunto en cuestión es el momento en el que se plantean las interpelaciones, una emergencia que continúa en el país.
Aún así, Awapara refiere que ello no debería ser una excusa: “Nunca es un mal momento para responder. Especialmente si hay cierta evidencia de que las cosas no están yendo muy bien. Y es un ejercicio que es parte de la vida democrática, eso no ha dejado de funcionar e igual tiene su propio camino más allá de que estemos en una crisis. Y se podría argumentar que es necesario que se responda frente a hechos muy problemáticos con todas las medidas que se han tomado en estos tres meses de cuarentena”.
María Alejandra Campos coincide en que, debido al impacto de la pandemia en el país, la emergencia sí es un momento adecuado para una interpelación. “Pero no para estas interpelaciones. Si fueran pensadas en el bien del país, diría que sí. Pero el fondo de estas interpelaciones me parece más el afán de protagonismo que buscar colaborar con el buen manejo de la emergencia”, señala.
De la Puente advierte que, debido al contexto, es precisamente un momento adecuado para un acuerdo político, una hoja de ruta y una agenda común a la que se subordinen las lógicas sectoriales, los intereses específicos y las miradas de muy corto plazo.
“Se diluye, dificulta y traba las posibilidades de un acuerdo en el contexto del Foro del Acuerdo Nacional. Habría que fijarse en otros escenarios. Sería ideal que en estos días se vuelva a reunir el Consejo de Estado y nuevamente en la idea de producir un consenso”, propone.
¿Agenda propia?
Parte del contexto se ilustra también en un año preelectoral, rumbo a los comicios generales del 2021. Pero De la Puente no cree que haya algún actor político en el Ejecutivo, Congreso, gobiernos regionales o municipales sin un horizonte electoral.
“Es incorrecto señalar que solo en el Congreso hay una actitud electoral. Lo hay en todos aquellos poderes o instituciones que son fruto del voto popular”, refiere.
Campos ve en el ‘boom’ de las interpelaciones un “afán personalista de tener protagonismo, porque es un Congreso muy corto de congresistas absolutamente desconocidos que necesitan llamar la atención para hacerse un nombre en política. Y esta es una buena forma”.
Por su parte, Awapara asevera que “sin duda” en el Parlamento existe una agenda propia tras estar algo ensombrecido por el rol del Ejecutivo. “Hay figuras nuevas en su mayoría que buscan tener un afán de protagonismo. Hay algunos que abiertamente buscan una presencia en las próximas elecciones. Hay sin duda una movida al respecto”, acota.
En este punto, Campos y Awapara centran también su análisis en torno al ministro de Educación, Martín Benavides. Cabe recordar que las citaciones a este a la Comisión de Educación del Parlamento han estado dirigidas principalmente a responder respecto del licenciamiento de universidades. Es más, de las 33 preguntas del pliego interpelatorio contra él, el 75% corresponde a dicho tema.
Para Campos, ello es totalmente cuestionable: “Es una interpelación que pinta de cuerpo entero a este Congreso y que demuestra la fragilidad de nuestro sistema político. Que este Congreso en esta coyuntura quiera hacer lobbies a favor de las universidades de mala calidad es francamente indignante”.
En esa línea, a Awapara le parece que sí hay ministros que claramente deben responder por las acciones de su sector frente a la pandemia, “pero queda claro —y en eso no se preocupan ni si quiera en esconder sus intenciones— que con Educación hay una agenda alterna. Y tiene mucho que ver con poderes de ciertas universidades en el Congreso para evitar el avance de la reforma educativa”.
“Pueden haber algunas agendas parciales, sectarias o populistas en cualquiera de los poderes del Estado. Pero eso no nos puede hacer olvidar que, en conjunto, el país carece de una hoja de ruta. Y este predominio de agendas muy puntuales en cualquiera de los poderes es el tema de fondo de ahora. Lo otro es quedarse en una disputa de corto plazo”, sostiene, a su turno, Juan de la Puente.
Relación esquiva
En la lectura de Awapara, la inesperada pandemia del coronavirus “le ha dado una vitalidad y fuerza a este Congreso que, quizás en otras circunstancias, hubiese pasado más desapercibido”. Sin embargo, resalta que aún en el nivel de fragmentación parlamentaria (son nueve bancadas), el Parlamento ha logrado poner en agenda temas y emitir normas que han incomodado al Gobierno.
Se trata —resalta el politólogo— al fin y al cabo de una relación Ejecutivo-Congreso que ha sido esquiva desde que este último asumió funciones en marzo, tras la disolución del anterior.
Campos coincide en que, desde un inicio, fue una relación partida y sin puentes, aunque sin llegar a ser tan agresiva como con el Parlamento anterior. “Al no tener articulación, es inevitablemente tensa”, añade.
De la Puente plantea un escenario en donde ambos poderes asuman sus responsabilidades y lleguen a un consenso, pero recordando que la clave no es quién sea el protagonista, sino cómo se produce la cooperación.
“No ayuda que no haya diálogo, no ayuda que no haya consenso, no ayuda que haya interpelaciones”, anota.
Alternativas
En medio de este clima confrontacional y con mociones de interrelación a la orden —a semanas de que el presidente Martín Vizcarra pronuncie su mensaje a la nación y su gobierno ingrese a su último año—, el politólogo Omar Awapara considera que extender un puente al Congreso es difícil por su fragmentación. Una alternativa, señala, es alguna coalición o Gabinete de consenso; es decir, “una posibilidad sería buscar ciertos aliados en el Congreso a cambio de posiciones en el Gabinete, que es una cuestión común”.
“Pero dado que es el último año, será cuestión de ver qué pone Vizcarra en la balanza. Si ve necesario establecer algún tipo de vínculo o alianza con alguna de las fuerzas del Congreso, una forma sencilla es eso, formar una especie de coalición que le garantice al menos cierta estabilidad en el último año para que no tenga problemas con interpelaciones o censuras de ministros”, detalla.
Por ello, el refrescar el Gabinete —lo que se pide desde distintas bancadas— no sería una mala idea, agrega Awapara, también ante el cansancio que puedan tener algunos ministros. “Más allá de los méritos o no, no sorprendería que algunos ministros den un paso al costado y hacer un cambio”, dice.
Antes de ello, insiste De la Puente, debería generarse un espacio de diálogo entre las instituciones y un ejercicio similar con la sociedad civil.
“Sobre la base de estos diálogos, cualquier decisión que tome el Gobierno o el Congreso puede atenerse a un consenso mínimo. Es terrible que salgamos de la cuarentena en un escenario donde tengamos pandemia, crisis económica más guerra política. Ese cóctel es suicida”, concluye.