“La lucha contra la inseguridad ciudadana es un desafío que estamos decididos a encarar este año con mayor firmeza y rigor”, aseguró la presidenta Dina Boluarte el lunes pasado, una semana después de insistir con las declaratorias de estado de emergencia para detener nuevas olas delictivas, esta vez en Trujillo y Pataz (La Libertad).
Boluarte comunicó que el ministro del Interior, Víctor Torres, “está haciendo un trabajo articulado” con el comandante general de la policía, Víctor Zanabria, para elaborar un plan denominado “Perú Seguro”.
Según dijo en conferencia de prensa, se combatirá la inseguridad “con más recursos, con un marco legal mucho más potente, con el respaldo de las instituciones y la unidad del pueblo”.
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El proyecto sucedería al “Plan Boluarte”, que anunció el primer ministro Alberto Otárola en agosto pasado, pero cuya existencia luego fue negada por la mandataria.
Ese supuesto plan contempló, entre otras medidas, decretar estado de emergencia por inseguridad en cuatro distritos limeños: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Lince y el Cercado; y en Sullana, Piura.
Esa decisión no tuvo un impacto positivo en la ciudadanía. El 94% de peruanos señaló en noviembre pasado que no sintió ningún efecto en los altos índices de delincuencia, según Datum.
Incluso, el Ejecutivo reconoció que los estados de emergencia no lograron disminuir la criminalidad. Así lo mencionó en la resolución suprema que dio por concluida la designación del general PNP Jorge Angulo al frente de la Policía.
Cuestionamientos
El nuevo plan “Perú Seguro” ya fue mencionado por el ministro del Interior en diversas ocasiones. Según este, se basa en cuatro ejes que apuntan a la prevención de delitos, la lucha contra la criminalidad, el control territorial, el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú (PNP).
No obstante, en opinión del exviceministro del Interior Ricardo Valdés, el proyecto “no solo debe darse a nivel operativo entre el ministro y el comandante general”, sino que necesita de la participación activa del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
“Eso es absolutamente indispensable y es responsabilidad de la presidenta y el primer ministro. Pero no se está reuniendo el Conasec en lo que va del año, cuando tendría que hacerlo con una frecuencia, al menos, quincenal”, dijo en diálogo con El Comercio.
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El Conasec formula, conduce y evalúa las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional con la participación de los organismos del Estado, gobiernos locales y la comunidad. Sin embargo, en lo que va de este 2024, no fue convocado ni una sola vez.
El general de la PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía, cuestionó que “el año pasado hubo solo cuatro reuniones de Conasec”.
Para Pérez Rocha, “deberíamos regresar a que el Conasec se reúna mensualmente en Palacio de Gobierno”.
“El plan debe hacerlo el Conasec de un año para otro. Pero no se ha confeccionado y vemos el aumento de la delincuencia y el fracaso de los famosos estados de emergencia. En Pataz es más de lo mismo por falta de planificación del Ejecutivo”.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP
La última reunión de Conasec se realizó el pasado 27 de diciembre en Pucallpa, Ucayali, y fue encabezada por Boluarte. En la cita también participó Otárola.
Sin plan vigente
Valdés y Pérez Rocha también coincidieron en señalar que no existe un plan vigente contra la inseguridad ciudadana.
“Hoy por hoy no hay plan. [...] Debió tenerse listo en noviembre del año pasado. Pero no se ve por desconocimiento y falta de capacitación”, señaló Pérez Rocha.
En tanto, en noviembre pasado, el 43% de los peruanos aseguró que fue afectado por la inseguridad ciudadana en los tres meses previos, ya sea de forma personal o algún miembro de su familia, reveló un estudio de Datum.
El robo en las calles es el delito al que más se sienten expuestos los peruanos, con 74%. Le siguen las estafas, con 21%, y la extorsión, con 16%.
Valdés precisó que “existe una política nacional de seguridad ciudadana al 2030, y sobre la base de esta es que el gobierno debe elaborar sus planes anuales”. No obstante, añadió: “Me queda claro que no existió dicho plan en el 2023. No hemos visto su promulgación”.
Para Valdés, la alta rotación de ministros del Interior y comandantes generales de la Policía podrían explicar la ausencia del plan.
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Solo en los primeros tres meses de la gestión de Boluarte hubo tres ministros del Interior: César Cervantes, Víctor Rojas, quienes duraron 11 y 23 días en el cargo, respectivamente, y Vicente Romero (de enero a noviembre del 2023).
El actual titular del Interior, Víctor Torres, asumió el puesto en noviembre pasado. Ahora enfrenta dos mociones de interpelación en el Congreso.
Consultada por la alta rotación en el Interior, Boluarte señaló: “El cambio de ministro a ministro no consolida el trabajo que la ciudadanía reclama. Pero nuevamente reitero: los ministros siempre están en observación y evaluación”.
La presidenta añadió: “Estaremos esperando ahora, con un nuevo comandante general de la Policía y el ministro, el avance respecto del trabajo y resultado de la seguridad ciudadana. Si no, también estaremos en adelante cambiando, y esto también implica al primer ministro. Todos están en evaluación y en observación continuamente”.
Para Valdés, el gobierno de Boluarte solo ha tenido medidas reactivas ante problemas de orden público, de seguridad y desacuerdos institucionales.
“Los desacuerdos han tenido [al gobierno] absolutamente distraido del que puede ser el problema central, que es el incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada”
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior
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