La aprobación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a su punto más bajo y sigue marcando récords negativos, al reducirse únicamente a 3% en todo el país, mientras que el rechazo a su gestión subió al 94%, según la última encuesta —a escala nacional— de Datum Internacional para El Comercio.
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Son cifras inéditas en cuanto a popularidad. Es el peor momento para Boluarte y, en general, su gobierno, pues su aprobación se acerca a un mínimo que empieza a bordear márgenes de error, a un año y once meses de asumir el poder.
Su aprobación fluctúa apenas entre el 4% y el 2% en los sectores socieconómicos A/B, C y D, según el estudio realizado del 7 al 11 de noviembre. Mientras que, por regiones, salvo en oriente (6%), su aprobación varía entre 4% y 3% en Lima/Callao, norte, centro y el sur del país. El rechazo a la mandataria es transversal y significativo.
Además, tanto su jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, como su ministro de Economía, José Arista, registran caídas en su aprobación. El premier pasó a registrar 6%, con un rechazo que escaló al 81%, mientras el titular del MEF cayó cuatro puntos porcentuales en su aprobación, ubicándose en 10%, con un rechazo que llega al 75%. Ningún titular de la PCM había tenido tan baja popularidad desde, por lo menos, los últimos 13 años.
Por otro lado, en medio de la crisis de inseguridad, el estudio también recoge la desconfianza hacia fiscales (80%) y jueces (77%), cuyas instituciones son consideradas principales responsables de que los delincuentes sean liberados.
La reciente cumbre de líderes de APEC en Lima ha puesto al Perú en la vitrina internacional, generando expectativas en la población sobre la posibilidad de firmar nuevos acuerdos comerciales que impulsen el desarrollo de diversos sectores. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que presenta este evento, las medidas adoptadas para su realización han desatado críticas y causado una nueva caída en la popularidad del gobierno.
La decisión de establecer feriados no laborables y clases virtuales en Lima fue ampliamente rechazada por la ciudadanía, ya que afectó directamente la dinámica de los hogares y la economía diaria de las familias. Este malestar se refleja en las cifras de aprobación a la presidenta Dina Boluarte, que, según la última encuesta de Datum-El Comercio, alcanza un histórico 3%, marcando un nuevo récord negativo en la gestión presidencial del país.
Para ponerlo en perspectiva, después de APEC 2008, Alan García tenía 30% de aprobación, y en el 2016 Pedro Pablo Kuczynski registró 53%. A la par, han caído también las cifras de respaldo al primer ministro y al ministro de Economía.
Si bien estas medidas contribuyeron al descontento ciudadano, la caída de popularidad viene arrastrándose por factores como el aumento de la inseguridad ciudadana y la percepción de ineficiencia del Ejecutivo en la gestión de problemas críticos. A pesar de ello, destaca el aumento de confianza en las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, como las Fuerzas Armadas, la policía y el sistema judicial. Este repunte no necesariamente refleja resultados concretos, sino más bien las expectativas y exigencias que la población deposita en estas instituciones, aunque la percepción de corrupción siga asociada a ellas.
APEC ha sido una oportunidad para mostrar el potencial del Perú en el escenario internacional, pero también un recordatorio de los desafíos internos que persisten y requieren atención inmediata.
—Puntos de vista—
El analista político Enrique Castillo opinó que, a los cuestionamientos que arrastra Boluarte, las medidas pre-APEC –como la suspensión de clases y la actitud de ministros frente a ello– en lugar de beneficiarla terminaron perjudicándola muchísimo.
“Y eso nos demuestra, a su vez, que el gobierno está sumamente distanciado de lo que quiere, necesita y piensa la población”, remarcó en diálogo con El Comercio.
Castillo acotó que “la actitud de la presidenta es una actitud de soberbia” y que demuestra no solo su alejamiento de la realidad, su falta de análisis de los deseos de la población, sino también que “se está creyendo el cuento que le está vendiendo a los visitantes de APEC”.
“Si la presidenta estaba en cuidados intermedios, ya entró en cuidados intensivos en estado grave”, opinó sobre el 3%. Y advirtió que esta situación gatillaría, entre otros, un aislamiento político, más aún cuando se va a entrar a un año electoral.
“Cuando estás en esa situación, ya nadie quiere juntarse contigo. Entonces, el aislamiento de la presidenta y las denuncias que vengan, lo único que van a lograr es que la presidenta ya no tenga amigos, ya no tenga ‘waykis’”, aseveró.
En tanto, el analista Pedro Tenorio incidió en que las cifras recogen la desesperanza de la ciudadanía frente a un gobierno que “trata de pasar el día a día, sin un objetivo mayor”.
“Es un Ejecutivo que ha perdido la brújula, pero también peso político, en el debate y que, además, se ve muy comprometido en su imagen y en su existencia. Y muy atado a un Congreso que está claramente también mal visto por los peruanos y desprestigiado”, apuntó Tenorio a este Diario.
Subrayó que el Ejecutivo de Boluarte no tiene logros para mostrar y, por el contrario, “acumula una serie de deméritos, no tiene avances significativos, no hay mejoras en ámbitos tan importantes para el peruano como seguridad, educación y salud”.
“Nunca hemos estado en una situación como esta, en los últimos 24 años. Hemos tenido de muy baja aprobación, pero luego ha habido una recuperación. En este caso, venimos —ya el último año, sobre todo— en un deterioro permanente y cuesta abajo”, recalcó.
Tanto Castillo como Tenorio coincidieron en que la desconfianza hacia los jueces y fiscales tiene que ver con la cantidad de delincuentes que no son debidamente procesados y terminan en la calle, lo que afecta directamente a la ciudadanía.
“El tema está en el resultado, como el resultado es delincuentes que no van a prisión o que no son debidamente procesados, la ciudadanía busca responsables. Y ahí también hay un rol que juegan jueces y fiscales”, acotó Tenorio sobre el tema.
“Es un reflejo de la realidad, las noticias nos llegan de asesinatos y sicariato, pero también de que los asesinos estuvieron en prisión varias veces y que les dieron libertad. La otra parte es la campaña del ministro del Interior, que ha tenido y tiene una permanente acusación contra los jueces y los fiscales. Y, lo tercero, tiene que ver con peleas internas en la fiscalía”, consideró Castillo sobre este punto.
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