Exdirectivos del Club Apurímac obtuvieron contratos con el Estado por S/3,2 millones cuando Dina Boluarte era vicepresidenta y ministra

Boluarte, nacida en el distrito de Chalhuanca (Aymaraes, Apurímac), encabezó las juntas directivas de la organización apurimeña entre el 2017 y el 2021, en etapas consecutivas. Durante el gobierno de Pedro Castillo, ella dirigió el Midis hasta noviembre del 2022. Al mes siguiente, asumió la presidencia de la República.

De acuerdo con la documentación revisada, una empresa vinculada a William Zegarra Pantigoso, quien fue vocal y prosecretario de Economía del consejo directivo liderado por Boluarte, obtuvo seis contratos por S/3′271.920 en total durante el 2022. El mismo año, Timoteo Flores Ttito, ex secretario provincial de la asociación, logró una orden de servicio por S/24.000.

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Empresa familiar

Entre enero y noviembre del 2022, Welev Servicios Generales S.R.L., compañía relacionada a Zegarra y sus familiares, ganó contratos por S/3,2 millones en entidades y programas del Midis y sectores como Cultura, Educación, de la Mujer, Agricultura, así como el Concytec. Según registros oficiales, esta empresa no contrataba con el Estado desde el 2017.

Una adjudicación, por S/297.600, fue otorgada en junio del 2022 por Qali Warma, programa que depende del Midis, durante la gestión de Boluarte en el sector. Esta buena pro se adjudicó a Consorcio A&W Servicios de Limpieza, integrado por Welev Servicios Generales S.R.L. y Ankhrian Representaciones S.A.C.

Welev Servicios Generales tiene como gerente general a Tania Landa, esposa de William Zegarra. Esta compañía fue constituida en el 2003 por Elizabeth Luján, cónyuge de Zegarra hasta el 2016, y Evelyn Zegarra Ríos, hija del empresario, quien en esa época tenía 18 años.

En febrero del 2011, Elizabeth Luján y Evelyn Zegarra transfirieron sus 162.000 participaciones de la compañía a Zegarra, lo que lo convirtió en accionista principal.

El 6 de junio del 2022, semanas antes de la adjudicación de Qali Warma, Zegarra y su esposa Tania Landa presentaron un documento en la notaría Delgado Cambursano para optar por el régimen de separación de patrimonios. Así, el empresario transfirió su participación de la compañía a su esposa, quien ahora posee 165.200 participaciones de la sociedad comercial. En apariencia, ahora Zegarra figura como desligado de la empresa.

Inicialmente, el contrato de Qali Warma se adjudicó el 31 de mayo del 2022 a otra compañía: Energy Transmission and Energy Solution S.A.C., que ganó el proceso tras ofrecer una propuesta económica menor (S/8.160 menos) que la del consorcio vinculado a Zegarra, que ocupó el segundo lugar.

Sin embargo, el 27 de junio la entidad informó a Energy Transmission and Energy Solution que había perdido la buena pro de forma automática por supuestamente haber incumplido con la subsanación de determinadas observaciones para la firma del contrato.

Esa decisión se basó en un informe suscrito por el bachiller en Derecho Anderson Díaz Sánchez, quien empezó a laborar en Qali Warma en octubre del 2021, durante la gestión de Boluarte, mediante órdenes de servicio. Díaz se encarga de brindar “apoyo legal y administrativo” en aquel órgano del Midis.

En ese documento, además, se recomendó notificar al postor que quedó en segundo puesto “para que presente sus documentos con el fin de perfeccionar el contrato”. De esta manera, al día siguiente, se adjudicó la buena pro a Consorcio A&W Servicios de Limpieza, integrado por la empresa familiar de Zegarra. El contrato se firmó el 25 de julio del 2022.

Entre el 2011 y 2021, Welev Servicios Generales fue sancionada tres veces con la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por presentar documentación falsa o adulterada en procesos de selección. Asimismo, William Zegarra figura vinculado a otras dos compañías que, por cometer la misma infracción, fueron inhabilitadas como proveedoras.

A título personal

En el caso de Timoteo Flores, el otro miembro del consejo directivo del Club Apurímac que presidía Boluarte, logró su contratación mediante una orden servicio.

El 20 de abril del 2022, el Ministerio de Energía y Minas emitió un documento a su nombre autorizando que se le abonara S/24.000 bajo el concepto de “relacionamiento positivo con dirigentes de organizaciones sociales, campesinas y nativas”.

Semanas antes, el 15 de marzo, Flores había conseguido su constancia como proveedor del Estado.

La orden de servicio fue aprobada en la gestión del entonces ministro Carlos Palacios Pérez, militante de Perú Libre, partido por el que Boluarte fue elegida vicepresidenta.

Versiones

Mediante sus voceros, Boluarte negó a este Diario que haya favorecido a alguien siendo funcionaria.

“La señora presidenta […] no tuvo atribuciones ni participó en ningún proceso de contratación […]; por lo tanto, no ha favorecido al señor [William] Zegarra, a ninguna persona natural o jurídica”, fue la respuesta por escrito. Se añadió que el vínculo con Zegarra “ha sido estrictamente en el marco de su función como miembro del consejo directivo del Club Apurímac”.

Zegarra rechazó haber recibido ayuda indebida en las contrataciones. Aseguró que está distanciado de Boluarte por discrepancias en el manejo de la asociación. No obstante, comentó que Boluarte estuvo en su matrimonio, en el 2017, y en el bautizo de su hija, al año siguiente. Acotó que él apoyó su campaña a la alcaldía de Surquillo en el 2018.

“[Por las reuniones como junta directiva] empezamos a frecuentarnos. [...] Ella [Boluarte] fue a mi matrimonio. También ha ido a nuestra casa para el bautismo de mi hija. [...] Cuando era presidenta del club, ella hizo una fiesta para recaudar fondos para su campaña. Ahí fuimos [a apoyarla]”, refirió.

Timoteo Flores también negó haber sido favorecido de forma irregular. Afirmó que fue contratado tras postular a una convocatoria y que renunció dos meses después.

LA SOMBRA DE LA INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL

En mayo del 2022, la contraloría emitió un informe que concluyó que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción a la Constitución por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra.

En el Congreso, el caso fue evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que archivó la denuncia contra Boluarte el 5 de diciembre último. Algunos congresistas habían planteado su inhabilitación para ejercer la función pública por diez años.

La asamblea general de la asociación apurimeña la había elegido su máxima representante hasta febrero del 2022, pero tras asumir como vicepresidenta y titular del Midis –en julio del 2021–, solicitó licencia para suspender sus funciones en ese cargo. No obstante, según la contraloría, ella continuó realizando algunas gestiones en nombre de aquella organización.