Expertos dicen que JEE no violó el derecho de Humala a opinar

La sede del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 no se daba abasto para el número de periodistas que ayer acudieron. El miércoles por la noche, llegó a las redacciones una convocatoria a una rueda de prensa del presidente de ese tribunal, Manuel Miranda Alcántara. 

Se anunciaba que este brindaría “importantes anuncios”. La convocatoria llegó justo cuando el primer ministro Pedro Cateriano pedía desde Palacio de Gobierno que el JEE-Lima Centro 1 rectifique la resolución en la que se señalaba que el presidente Ollanta Humala había cometido infracción al principio de neutralidad. 

Ello hizo suponer que Miranda rechazaría tales expresiones; sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, se limitó a decir que el JEE-Lima Centro 1 es un órgano de administración de justicia electoral en primera instancia. 

“Las infracciones electorales en el caso de los principales funcionarios son puestas en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la máxima instancia electoral. Será el pleno del JNE, como máxima autoridad electoral, la que tomará un pronunciamiento final sobre este caso de supuesta vulneración de neutralidad”, declaró Miranda. 

El miércoles por la noche, Pedro Cateriano había señalado que la resolución del JEE Lima Centro 1, que señala una infracción del presidente Ollanta Humala, vulnera el artículo 2 de la Constitución, “que garantiza la libertad de opinión de todos los ciudadanos”. “El mandatario está obligado a dar a conocer todos sus puntos de vista, [...] consideramos que esta resolución debe ser rectificada”, enfatizó. 

Opinión vs. neutralidad 
Especialistas consultados por este Diario coincidieron en que el derecho de opinión no es absoluto. Es, por ejemplo, lo que considera el constitucionalista Enrique Bernales: “El ejercicio de todo derecho tiene límites. Si por tener un cargo, [al presidente Ollanta Humala] se le tolera todo, estamos en un gobierno absolutista”, enfatizó. 

El constitucionalista Samuel Abad también resaltó que la libertad de opinión de un particular no es absoluta, pues esta podría afectar otros principios constitucionales. “Así que hay que tratar de buscar un equilibrio. El señor Ollanta Humala puede opinar, pero es presidente, tiene poder y presencia nacional, y estamos en un momento electoral”, señaló. 

Por esta razón, añadió Percy Medina, director de Idea Internacional en el Perú, existe el principio de neutralidad, cuyo objetivo es que ninguna autoridad aproveche el poder o los bienes que administra a favor de un postulante. “En medio de un discurso oficial, [el presidente Humala] no puede hacer afirmaciones que afecten a determinado candidato”, mencionó. 

“La ley prohíbe a todo funcionario practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a cualquier partido o candidato”, agregó Medina. 

El lenguaje presidencial 
La resolución que generó el rechazo de Pedro Cateriano, la 001-2015-JEE-LC1, menciona que el presidente Ollanta Humala cometió infracción al decir, en medio o luego de actos oficiales, que Alberto Fujimori –cuya hija, Keiko Fujimori, es candidata presidencial de Fuerza Popular– es un “ladrón de marca mayor”, que los candidatos no acuden a lugares alejados del país porque “no tienen nada que ofrecer”, y que los candidatos que acudieron a la versión 2015 de CADE hicieron “populismo empresarial”. 

Precisamente, en este último caso, sostiene Enrique Bernales, se puede apreciar que el lenguaje del presidente es ofensivo con los candidatos. “Pudo haber dicho que los candidatos se dirigieron a un auditorio de empresarios. Pero su expresión es despectiva”, señala Bernales. 

“El presidente de la República lleva años ejerciendo el gobierno de manera confrontacional, y se ha excedido usando adjetivos denigrantes”, agrega. 

¿Pedir rectificación o apelar?
De acuerdo con los especialistas, Pedro Cateriano no debió pedir al JEE-Lima Centro 1 que se rectifique. “Lo que debería hacer el Ejecutivo es apelar. No le corresponde salir a declarar pomposamente”, señala Samuel Abad. 

Medina añade que un pedido de rectificación podría operar si hubiese habido problemas materiales en la resolución. “Este es un pedido más político que jurídico: La vía para contestar una resolución es apelarla”. 

El asesor presidencial Wilfredo Pedraza se mostró de acuerdo con este parecer, pero aseguró que el gobierno no pudo apelar porque “ni el presidente ni nadie en el Ejecutivo” tuvo conocimiento de esta investigación del JEE-Lima Centro 1. 

“Lo que pasó es que un fiscalizador [del referido jurado] hizo un informe sobre estos temas y, sobre la base de ese informe y sin escuchar a nadie, el presidente del jurado electoral especial emitió esta resolución. No hubo derecho a la defensa”, agregó Pedraza. 

El JNE recibió la resolución el martes. Hasta ayer no se había acreditado ningún representante legal del presidente.

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