La fiscal Yenny Huacchillo Núñez- de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (cuarto despacho)- no solo solicitó el allanamiento con fines de incautación de los inmuebles relacionados a Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, y otros 13 investigados por el Caso Qali Warma, sino también su detención preliminar.
No obstante- de acuerdo con la resolución judicial, a la que tuvo acceso El Comercio- la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano desestimó esta última medida en aplicación a la controvertida Ley N°32181, aprobada por el Congreso y promulgada el miércoles de la semana pasada por el gobierno de Boluarte Zegarra. Esta norma- que todavía continúa vigente- eliminó la detención preliminar para todos los casos que no sean de flagrancia.
Hinojosa, quien también es jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia, es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el marco de una organización criminal. Eso a raíz de los contratos a favor de la empresa Frigoinca para que dote de conservas de alimentos al programa Qali Warma, donde él fue director ejecutivo entre el 2019 y 2022, ocupando dicho cargo incluso cuando Boluarte se desempeñaba como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Según reveló “Punto Final”, al interior de Qali Warma se formó una red de corrupción para que Frigoinca pueda superar los controles de sanidad a sus conservas, luego de que provocarán intoxicaciones en niños en Puno y otras regiones del país. Además, el referido dominical informó que un lote de estos alimentos enlatados fue donado a albergues para perros, al ser considerados no aptos para el consumo humano.
(Foto: César Bueno | El Comercio)
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que la pesquisa a Hinojosa es porque la empresa Frigoinca “incrementó sus ventas”, cuando el alto funcionario palaciego era jefe del referido programa social, que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
“[La investigación en su contra] es por su condición de jefe del programa Qali Warma, con él se generó la incursión de esta empresa Frigoinca, que presuntamente incrementó sus ventas. Se llegó a determinar que los alimentos no estaban en buenas condiciones [...] Esta empresa, de pronto, comenzó a vender mucho más que los demás o tuvo una especie de preferencia”, manifestó Espinoza en RPP Noticias.
Al respecto, Hinojosa rechazó que él se haya beneficiado de la Ley N°32181 y refirió que “la restricción de derechos de las personas implica un estándar de legalidad”. “No puede ser que arbitrariamente por un tema político o por ser el vocero presidencial se me pueda imputar un hecho e inmediatamente restringir [mi libertad]”, declaró a la prensa afuera de su casa en Pueblo Libre.
Ante la imposibilidad del Poder Judicial de ordenar una detención preliminar en contra del portavoz presidencial y los otros implicados en el Caso Qali Warma, la fiscal Huacchillo Núñez ha solicitado que se les dicte impedimento de salida del país. Esta audiencia ha sido programada para el lunes 6 de enero de 2025 a partir de las 9:30 a.m.
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Los argumentos de la jueza
En el fallo, de 93 páginas, la jueza Chagua Payano, del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria, señala textualmente que para evaluar la solicitud fiscal de detención preliminar “se debe tener en cuenta” la Ley N°32181, que derogó el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Es decir, eliminó la referida figura.
La magistrada remarcó que el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Penal establece que los cambios a esta norma “es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite”.
Chagua Payano subrayó que la normativa descrita líneas arriba ordena que “en caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo”.
La resolución, además, precisa que el requerimiento de detención preliminar ingresó el 11 de diciembre, un día antes de que la Ley N°32181 entre en vigencia.
“[...] Estando en vigencia la Ley N°32181, y siendo ésta, una norma de carácter procesal, cuya aplicación es inmediata, aun en los procesos en trámite; en ese sentido, debe declararse improcedente el requerimiento de detención preliminar; más aún, si en caso hubiese alguna duda sobre la aplicación de la norma, corresponder resolver lo más favorable al imputado”, resolvió la jueza.
(Foto: El Comercio)
Alerta sobre “corrección” del Parlamento
La titular del Ministerio Público, en otro momento, advirtió que el retroceso del Congreso para restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia “no es del todo alegre o feliz”, porque no retornaron al texto original que establecía que esta medida procedía “cuando existan razones plausibles”. Agregó que la propuesta del Parlamento, aprobada en la madrugada del último sábado, determina que deben existir “elementos razonables”.
“Cuando el Ministerio Público requiera la detención preliminar va a tener que haber un baremo mucho más alto de exigencia que el juez va a tener que comprobar y va a exigir elementos razonables, que haya mayor contundencia [...] Levanta la valla, dificulta [la labor fiscal], ese es un problema”, expresó.
Espinoza también criticó al Poder Legislativo por haber permitido que se elimine la detención preliminar.
“No se puede legislar de manera tan apresurada, sin ver las consecuencias sociales, jurídicas y lo que pueda ocasionar este tipo de decisiones, ha habido liberaciones en los últimos días a raíz de esta ley, [cuya modificatoria] todavía no termina de promulgarse. Es decir, los efectos dañinos todavía se siguen dando”, cuestionó.
(Foto: Archivo GEC)
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), consideró que ante “lo evidente del error” de su institución, el Ejecutivo “tiene que promulgar de manera inmediata” los cambios aprobados en la madrugada del último sábado. La autógrafa fue enviada el lunes.
Salhuana evitó señalar a Perú Libre, bancada que promovió la eliminación de la detención preliminar y que dirige la Comisión de Justicia, como responsable de este yerro. “No me gustaría individualizar, somos 130 congresistas, somos 13 bancadas, todos tenemos la obligación y la responsabilidad”, dijo en RPP Noticias.
(Foto: El Comercio)
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, no detalló si el Gobierno promulgará la norma.
“Oficialmente, todavía no ha llegado a mi ministerio, pero apenas llegue a mi ministerio estoy seguro de que vamos a dar la opinión”, complementó en radio Exitosa.
Arana, sin embargo, defendió el carácter de la cuestionada Ley N°32181, al sostener que su propósito “es adecuado”. “El propósito de la ley es adecuado, es decirle a la fiscalía ‘no abusen de este poder, no vayan al extremo’. Según informes de la Corte IDH, el Perú es el país donde existen más detenciones de esta naturaleza. Tenemos que hacer una reflexión en voz alta”, subrayó.
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El punto de vista
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia dijo que Hinojosa sí se ha beneficiado de la Ley N°32181, como lo han hecho integrantes de presuntas redes criminales que fueron liberados en los últimos días.
“¿Qué pasa si la presidenta no promulga la nueva norma? Se deberá esperar a que venza el plazo [de los 15 días útiles] y el Congreso tendrá que publicar y ahí el fiscal podrá pedirle al juez que aplique la nueva norma y dicte la detención preliminar. Este es un caso que permitirá determinar si la presidenta Boluarte se encuentra o no comprometida en la lucha contra la corrupción”, manifestó en comunicación con El Comercio.
Vargas Valdivia, además, remarcó que el Ejecutivo no tiene razones para demorar la publicación de la autógrafa que restituye la detención preliminar.
“Hay que esperar y ver cuánto se demora, hay un elemento que nos hace dudar válidamente del interés de la presidenta en promulgar o no esta nueva ley, que es la suerte de su vocero”, sostuvo.
El ex abogado del Estado refirió que no comparte la opinión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre la nueva norma.
“A mí me parece bien que se pidan elementos razonables, porque se trata de una medida cautelar que tiende a privar de la libertad a una persona. Si hubiera pedido pruebas que no dejen dudas, ahí sí se estaría entorpeciendo [la labor de la fiscalía]”, acotó.
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Más información
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que la Ley N°32181- que también elimina la detención preliminar y la prisión preventiva para policías investigados por usar sus armas- brinda una “legalización excesiva” sobre el uso de las armas de reglamento de la Policía Nacional.
“Si estando de servicio un policía de pronto cree que hay alguien que está cometiendo un delito usa su arma de fuego, dispara a pesar de que no hubo resistencia [no podrá ser detenido], el policía es un ser humano y se puede equivocar y cometer excesos, esa es una preocupación. Si quitamos ese control estamos dando libertad absoluta, que no es buena en un Estado de derecho”, manifestó.
