El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, retó a las ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) a donar los US$30.000 que recibirán del Estado a los familiares de los dos comandos y el magistrado muertos durante la Operación Chavín de Huántar.
"Si estas ONG van pro ahí rasgándose las vestiduras, diciendo que no les interesa el dinero, que en un gesto de desprendimiento dispongan que el dinero sea entregado a los familiares de aquellos héroes nacionales que murieron asesinados por sus patrocinados. Eso deberían hacer", dijo en diálogo con RPP.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Chavín de Huántar ordenó al Estado pagar US$10.000 a Aprodeh y US$20.000 a Cejil. Los abonos son por las labores que ambas ONG realizaron en procesos relacionados con el caso en el ámbito nacional e internacional.
La Corte de San José ha dado un plazo de un año para que el Perú cumpla con estos pagos. Sin embargo, la sentencia no ordena que se entregue una compensación económica a los deudos de los terroristas del MRTA que murieron durante la operación de rescate en la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki.
Después de cuatro años de deliberaciones por Chavín de Huántar, la corte considera que solo en el caso de Eduardo Cruz Sánchez, 'Tito', ocurrió una ejecución extrajudicial, y en el caso de los otros dos emerretistas (Luz Meléndez y Víctor Peceros) no encontró "elementos suficientes".
El tribunal dispuso que "el Estado debe conducir eficazmente la el proceso penal en curso para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos".
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) junio 30, 2015