La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, defendió el extenso discurso que brindó la presidenta Dina Boluarte el último domingo ante el Congreso. También dijo que desde el Ejecutivo esperan que el Parlamento “esté a la altura” de debatir técnicamente la propuesta para crear la cartera de infraestructura.
-¿Nadie en Consejo de Ministros observó que era muy extenso un discurso de cinco horas?
Creo que más allá de la forma, lo importante es analizar el fondo del discurso. El mensaje está cargado con detalles, porque este está dirigido a diferentes públicos. La presidenta les ha hablado a los trabajadores, a los médicos, a las enfermeras, a los sindicatos, a los empresarios, a los hermanos de las comunidades indígenas y pueblos originarios. Entonces, era necesario hacer, digamos, un recuento pormenorizado y detallado de todo lo que hemos hecho a lo largo de este año.
[...] Si ustedes se dan cuenta ella menciona departamento por departamento, donde se han hecho proyectos de agua, quizás desde la visión limeña [el mensaje] es muy largo, pero cada provincia, cada región siente que su mención en el discurso es un reconocimiento a sus necesidades.
-La rendición de cuentas no solo es al Congreso, sino también a la ciudadanía. ¿Leer un discurso de cinco horas no es renunciar a que la población escuche todo el mensaje?
No me parece que sea renunciar a la posibilidad, a la ciudadanía, el discurso está, ella [Boluarte] se ha pronunciado, ha explicado con detalles. Lo importante es que en este discurso esas cifras, las metas cumplidas existen y son verificables. Obviamente, ya le tocará a cada ministro hacer lo que ustedes llaman “una bajada”, una explicación más desarrollada. Lo importante es que ella ha hablado, porque una de las principales críticas que recibimos es que no hacemos nada y yo creo que ha quedado claro de que se ha avanzado en este año. En mi caso, [en Vivienda] hemos hecho 297 obras, 66 mil viviendas.
[...] Hace muchos años que en los discursos no veíamos que un presidente se plantara y dé porcentajes y cifras sobre cómo se ha venido trabajando. Eso es lo que tenemos que rescatar más allá de la anécdota sobre si demoró cinco horas.
-¿Cómo deja a su oficina la creación del ministerio de infraestructura? ¿Le resta fuerza?
Mira, nosotros ya habíamos iniciado un proceso de reorganización de los programas de agua y saneamiento justamente con la finalidad de optimizar los procesos y la gestión. Y la propuesta de ley para la creación del ministerio de infraestructura va en ese mismo sentido. Lo que se está proponiendo es crear un ministerio de obras públicas, como ya existe en otros países y que los ministerios- como el mío y otros, cuyos programas de infraestructura van a ir a esta nueva oficina-van a quedarse con un aspecto más de rectoría o de políticas públicas. No se trata sobre si nos resta potencia o no, yo creo que en el Gabinete estamos todos preocupados en hacer las obras de la manera más eficiente.
No importa la obra per se, sino el servicio. Si tenemos, como dice la contraloría, más de 2.500 obras paralizadas, esto significa que el servicio no llega a la población, por lo tanto, no se cierra la brecha. El objetivo es optimizar los procesos, mejorar la administración y buscar mayor dinamismo en las obras. Y ojo, esta es una propuesta de ley y se tendrá que debatir en el Congreso cuál es el alcance final de este ministerio, no solamente se trata de cortar y pegar los programas. Lo que esperamos es que el Congreso esté a la altura de debatir técnicamente esta propuesta.
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-Su ministerio también es el de la Construcción. ¿Cambiará de denominación si se concreta el nuevo ministerio de infraestructura?
Bueno, es algo que habría que evaluar, pero no creo porque en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento existen dos viceministerios, el de Vivienda y Urbanismo y el de Construcción y Saneamiento. Y en la oficina de Construcción básicamente se ven los reglamentos, políticas, se ocupa también de las tasaciones. Y eso en principio no se perdería, de acuerdo con lo que está planteando el proyecto de ley. De igual forma en Saneamiento, el ministerio va a seguir teniendo la rectoría y el proponente de la política pública y será el ministerio de infraestructura el que ejecute las obras. No debería cambiar el nombre. La sección Construcción no hace construcción, sino reglamentos.
-Este nuevo ministerio va a absorber a Provías Nacional y Provías Descentralizado, y otras instituciones. Va a manejar la tercera parte del presupuesto nacional. ¿Cómo se va a evitar que se repitan actos de corrupción, como sucedió con el ‘club de la construcción’?
Es parte del desafío de diseño que hay que implementar y también, obviamente, tener una política muy clara de meritocracia, establecer todos los candados que existen actualmente y en la ley fortalecer el rol de la contraloría, de una eficiente que ayude a evitar que existan problemas de corrupción. Pero sobre todo diría que es muy importante las personas que trabajen en ese ministerio. La corrupción no es de las instituciones, suele ser del sistema conformado por personas. Para que haya corrupción debe haber un corruptor y un corrompido.
-¿A usted le interesa ser la primera titular del ministerio de infraestructura?
Mire señor, yo estoy actualmente sumamente involucrada y a cargo del Ministerio de Vivienda, no estoy pensando para nada en ello, tenemos más bien en esta etapa que viene terminar los compromisos que hemos asumido. Obviamente, vamos a aportar todo lo que sea necesario para que este ministerio de infraestructura tenga la mejor performance y diseño, pero no estoy pensando para nada [en asumir ese eventual cargo].
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-Un sector del Congreso ha adelantado que solo apoyará la creación del ministerio de infraestructura si es que suma al MTC y a Vivienda. ¿Es viable? ¿El Ejecutivo aceptaría esta condición?
Nosotros como Ejecutivo hemos mandado una propuesta al Congreso. A partir de ese momento, los congresistas y las comisiones tendrán a bien hacernos consultas y también a los colegios profesionales, con todos los actores que tienen que ver con el sistema de infraestructura y ahí podremos dar nuestras opiniones. La propuesta que se ha hecho desde el Ejecutivo no implica la fusión de dos ministerios, lo que implica es crear un ministerio que se ocupe solamente de la obra pública.
El MTC, y ahí el ministro Pérez Reyes puede ser más explícito, también ve temas de comunicaciones; nosotros vemos vivienda social, entonces esta propuesta [para crear el ministerio de infraestructura] tiene que ser debatida y conversada con rigor técnico.
-¿Como parte de la fusión los ministerios de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social se van a unir?
Eso lo dirá la presidenta, lo anunciará la presidenta o el primer ministro en su debido momento, ella ya se comprometió, en los próximos 30 días se dará a conocer la propuesta.
-¿Los ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo son el otro par?
Como le digo, esperemos a los 30 días a que se haga oficial el planteamiento de los proyectos legislativos al Congreso.
-¿Es cierto que dentro del Consejo de Ministros hubo voces en contra de estas fusiones? ¿Cuál es su postura, por ejemplo?
Lo que se hace siempre en los Consejos de Ministros, por disposición de la presidenta, es el diálogo, el debate, entonces obviamente los ministros dan su opinión, no es que estemos a favor o en contra, algunos ministros opinan con observaciones, con comentarios, otros están de acuerdo. En el consejo, cada uno da su opinión y la fundamenta de manera técnica y política. Yo no diría que ha habido oposición ni observaciones a la propuesta que se ha planteado. Los acuerdos del consejo terminan siendo aprobados por mayoría. En el caso, no hablo de esta situación, si hubiese alguna discrepancia, se amplía el diálogo y conversaciones.
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-¿La fusión de dos pares de ministerios tuvo votación unánime?
Lo que ha sido unánime es la votación del ministerio de infraestructura.
-Y lo otro, ¿no?
Como siempre, ustedes ven los acuerdos y actas del consejo, siempre votamos de manera unánime y repito que eso no significa que no haya discusión técnica y política. Pero al final, siempre terminamos poniéndonos de acuerdo, porque estamos pensando en equipo de manera propositiva de buscar las mejores soluciones para las necesidades del país. Y todos los ministros que hoy tienen a su cargo proyectos de infraestructura reconocemos que hay deficiencias, sino no habría más de 2.000 obras paralizadas. Una propuesta que se ha hecho hace algunos meses es la nueva Ley de Contrataciones, esa es una muestra clara de que este gobierno está comprometido en sacar adelante esa infraestructura que necesitamos.
-Los anuncios de inversión hechos por Boluarte suman más de S/50.000 millones. ¿Es viable concretar todo esto?
Parte de los anuncios son con financiamiento público y otros son también con inversión privada, la presidenta ha dado cuenta de los [montos] totales de los proyectos. Por ejemplo, en mi sector tenemos tres proyectos en Juliaca, el de mejoramiento y ampliación de agua potable, que cuesta US$350 millones, luego viene la planta de tratamiento residuales y el proyecto de drenaje pluvial, los dos últimos sumados son otros US$350 millones. Entonces, cuando ella ha hecho el anuncio obviamente ha hablado de los US$700 millones. Y estos fondos han sido materia de un endeudamiento con el BID. Esto se va a proyectar en tres o cuatro años, no es que vayamos a desembolsar los US$700 millones entre julio 2024 y julio 2025.
[...] Si solo damos malas noticias, eso no atrae a la inversión privada. Entonces, necesitamos entre todos los actores del país contribuir a un clima de estabilidad política, de crecimiento económico para poder cerrar esa brecha de infraestructura y de inversión que necesitamos para que podamos salir también de la situación de pobreza.
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-La presidenta también anunció el cambio de nombre del Ministerio del Interior por el de la Seguridad. ¿Tiene sentido cuando el Ejecutivo no ha sentado una postura en contra de la norma, aprobada por el Congreso, que beneficia a las redes criminales?
No veo qué tiene que ver una cosa con la otra, el nombre de seguridad pública lo que plantea es reconocer que los temas de seguridad no son solamente temas policiales, existen ya muchas organizaciones, entidades, como el serenazgo, y de la sociedad civil, como los ronderos, y otros que forman parte de todo el sistema de seguridad interna. Entonces, el objetivo [del cambio de nombre] es justamente poder abarcar y aglutinar todas estas fuerzas que no son digamos directamente policiales. Es justamente para darle mayor coherencia y va en línea de la modernización de la Policía Nacional.
-¿El Ejecutivo va a observar o no esta norma que, según el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, afectaría a más de un centenar de investigaciones contra organizaciones criminales?
Mira, no tengo conocimiento todavía si este tema se va a tocar o no todavía en el Consejo de Ministros, estoy segura de que los ministerios involucrados están haciendo los análisis respectivos y en breve el gobierno tomará una decisión.
-Inicialmente, la presidenta Boluarte refirió que se iba a responder frente a la investigación del llamado Caso Rolex. No obstante, ha acreditado a dos abogados ante el TC para dejar sin efecto esa pesquisa. ¿Por qué el cambio de postura?
Mira, con profundo respeto, vamos a hablar del discurso, vamos a hablar de las proyecciones a futuro, el tema del Caso Rolex ya está encaminado, ya hay una investigación en la fiscalía y creo que todos, como te lo digo, todos debemos enfocarnos hoy en el presente y en el futuro del país. Y el discurso de la presidenta ha marcado una hoja de ruta, un camino claro, donde se habla de fortalecer y atraer la inversión privada. Cuestiones de forma, si duró cinco horas, creo que nos resta al debate nacional [...] La presidenta ha hecho un llamado al diálogo, se ha comprometido a que las elecciones sean transparentes, esos son los verdaderos desafíos que tenemos como país, eso es lo que realmente les interesa a las personas. Ha planteado la discusión técnica del aumento del salario mínimo.
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-El gobierno publicó este 28 de julio la ley que reduce a un año la suspensión del plazo de prescripción. ¿No afecta, a su juicio, la lucha anticorrupción?
Yo creo que la persona más adecuada para responder a esta pregunta es el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
-El Ministerio de Justicia y DD.HH. emitió dos informes que consideran “viable” la autógrafa que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Esta es una señal de que el gobierno no va a observar esta ley?
Como te digo, esa pregunta corresponde que se la hagas al ministro de Justicia [Eduardo Arana].
-¿Usted no tiene una postura sobre esta norma?
Preferiría no contestarte sobre ese tema, yo prefiero ceñirme al tema que le compete al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
-En caso el Congreso rechazara la creación del ministerio de infraestructura, ¿el proyecto que tiene el gobierno se puede materializar a través de la ANIN?
La propuesta que se ha hecho implica la absorción de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el ANIN no tiene rango ministerial, bajo ese esquema no podría darse, bajo esa norma no podría darse lo que se está planteando. Nosotros, como ya también lo ha dicho la presidenta, tenemos una relación o un diálogo permanente con el Congreso, a veces se observan las propuestas que nos hacen, otras veces se aprueban. En mi caso, hicimos una propuesta de ley de acceso universal al agua, que se aprobó casi por mayoría en el Parlamento y tomó meses de discusión. Haremos todo el esfuerzo desde el Ejecutivo para que esa norma se apruebe y podamos tener dentro de poco un ministerio de obras públicas.
-A pesar de la extensión de su mensaje a la Nación, la presidenta Boluarte no realizó ninguna autocrítica a su gobierno. Por ejemplo, por el incremento de la pobreza en el país o el alto índice de la inseguridad. ¿Por qué?
A ver, yo creo que el aumento de la pobreza no es responsabilidad de la presidenta, sino es la sumatoria de varias crisis que se han vivido en el Perú en los últimos años. Entonces, como producto de estas crisis, el COVID-19, la recesión, las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023, el fenómeno Yaku, el dengue, todo esto, obviamente, y también razones externas es que se ha producido esta situación. Hacer un mea culpa por algo que no es directamente relacionado al gobierno la verdad que no le veo el sentido. Pero lo que sí manifestó y explicó es todo lo que se ha hecho a lo largo de 2023 y lo que va de 2024 para salir de la pobreza y encaminarnos hacia un crecimiento y desarrollo socioeconómico. Ahora, la presidenta y los ministros hemos hecho nuestros meas culpa en los debidos espacios. Este discurso no era un espacio para hacer autocríticas, sino un momento para proyectar la visión que tiene el gobierno del Perú del futuro. En su momento, ya se pidieron las disculpas del caso. Yo creo que sí se ha cumplido con el propósito. Ha sido un mensaje sincero y franco.