Hania: política, agua y fuego. Una crónica de Fernando Vivas sobre un sector que da sorpresas

Indagué en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) sobre los cambios que la ministra pretende hacer al Decreto Legislativo 1280, que regula a su sector, para tener mayor poder en la definición de tarifas y salarios, según me comentó Mauro Gutiérrez, el presidente de la Sunass. También quería preguntarle a la ministra si tiene alguna ambición política, pues su manejo de la narrativa del acceso desigual al agua, parece sugerirlo. Me recibió en una sala del MVCS con parte de su equipo. Le comenté que me parecía peligroso, tal como había oído en el video, sugerir que alzando tarifas se podría cerrar la brecha de infraestructura. “No, que quede claro que con tarifas no vamos a cumplir el cierre de brechas, ni el 10%. O sea, habría que multiplicar por más de 10 las tarifas para ello, ni hablar. Lo que pasa es que un desbalanceo y por un asunto de equidad debe corregirse”. Según la Sunass, cerrar la brecha requeriría una inversión anual, por 10 de años, de S/. 12 mil millones, mientras que con tarifas solo se invierten S/. 700 mil. La solución está en aumentar la inversión pública. Eso está claro en el ministerio y lo estuvo en el mensaje a la nación de Boluarte del 28 de julio. Pero no está claro en las prioridades presupuestales del 2024.

La inequidad es grosera e inocultable. Alrededor de 3.4 millones de peruanos no tienen acceso directo al agua potable. Según cifras que me dio Max Carvajal, del equipo de la ministra, quienes tenemos caños en casa pagamos alrededor de S/. 3.20 por m3 de agua, mientras quienes compran al camión cisterna pagan alrededor de S/. 15 por m3. “Sin contar con el impacto en su productividad, su salud, su costo de oportunidad” agrega la ministra. “Y en su dignidad”, le digo, para coincidir en ese punto. Pero, por eso mismo, le repregunto si la narrativa sobre el tema, sabiendo que con aumento de tarifas no se cerrará la brecha, tiene intenciones políticas personales. “No hay eso de por medio, para nada. Planteamos un rebalanceo de tarifas y eso es político, pero en el sentido de política pública”, replica la ministra sin perder la sonrisa.

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La Sunass protestó en un comunicado cuando el MVCS le hizo llegar su propuesta de modificación del DL 1280 con otro proyecto de DL. Objetan el fondo, la forma y el apuro. Sucede que el viernes 22 se vence el periodo de las facultades delegadas al Ejecutivo para que legisle en materia de seguridad, de gestión del riesgo de desastres y de infraestructura social. El proyecto encaja en el tercer rubro y, un poco, en el segundo. El último chance para aprobarlo en el consejo de ministros regular, será mañana lunes. Cuando conversé con la ministra, el proyecto de DL estaba pasando el filtro de la CCV (Comisión de Coordinación Viceministerial), indispensable para que se apruebe en el consejo. “El MINJUS ya lo ha analizado y ve que no hay riesgo de quitarle competencias a la Sunass”, dice la ministra. Le replico que la Sunass protesta porque la ley le atribuye la fijación de tarifas y ello no se le puede desconocer. “Incluso dicen que la OCDE protestaría. Pero hay un documento de la propia OCDE para el Perú –la ministra me enseña la cita- que dice que Sunass debe regular las tarifas, pero respetando lineamientos de política que establece el sector”.

La conciliación del MVCS para que su proyecto sea aprobado, pasa por hacerle ajustes que dejen bien en claro que Sunass mantiene sus prerrogativas, pero respetando lineamientos generales de políticas establecidas por el sector. Hay otro punto, ajeno a la Sunass, que también llama la atención, el salarial. Pregunto porqué ese afán de inmiscuirse, según leo en el proyecto, en la fijación de salarios del sector. El MEF, por prudencia y celo en el manejo de caja, es quien establece la política salarial general. “Y así será. Nos preocupa el desbalance salarial en el sector, pero el MEF decide. Pero ya hemos hecho un ajuste en el proyecto. Sabemos que no puede abrirse la puerta a excepciones, porqué después, ¿quién la cierra?”, dice la ministra, conciliadora. La Sunass está adscrita a la PCM y, aunque Alberto Otárola preste más oído a los ministros que a los reguladores, tampoco puede ser sordo a la bulla de estos, por más que se trate de una ministra muy querida por Dina Boluarte.

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Le muestro a la ministra un comunicado de la FENTAP (Federación de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado) que arremete contra la Sunass. ‘Ministra’, le digo, ‘los trabajadores del sector sí se han tomado en serio la posibilidad de negociar aumentos con usted’. Sonríe y repite que ya quedó claro que el MEF fija los salarios. Las respuestas de Pérez de Cuéllar son técnicas pero su sonrisa es muy política. ¿Cómo y dónde aprendió esa combinación?

Cuando debutó de ministra en diciembre del 2022, Hania Pérez de Cuéllar era una técnica más en un gabinete débil y despolitizado. Sobrevivió a las renuncias, la mayoría voluntarias, de ministros que no quisieron tener responsabilidad alguna en las muertes durante las protestas. Esa lealtad, a Boluarte y a Otárola, le permitió afirmarse y, hasta fue voceada como una posible sucesora de Otárola en la PCM o de canciller. Pero volvamos a su comienzo en el gobierno: tras un primer careo torpe con la prensa, aprendió las claves para pararse ante las cámaras diciendo lo justo. A medida que se sentía más segura, empezó a arriesgar discursos sobre la desunión, la inequidad y la voluntad de sobreponernos a las diferencias entre peruanos, como dando a entender que es una blanca limeña venciendo prejuicios e invitando a que los demás venzan prejuicios sobre ella. Fue de las primeras e ir a Puno, cuando pocos del gabinete lo hacían. Entrevistada en una radio puneña, recibió una andanada de críticas que rozaron con el insulto. Su mezcla de empatía y pellejo duro para soportar la diatriba, mostró madera política.

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Por todo lo anterior, al ver sus apuros y discursos sobre el agua, la suspicacia de un uso político del sector por el gobierno de Dina Boluarte es grande. Hania menciona el liderazgo de Dina con insistencia y no se va por la tangente cuando de defender a su presidenta se trata. El MVCS ha sido utilizado en el pasado por sus grandes posibilidades para la afirmación clientelar de los gobiernos. La obra descentralizada menuda, la promesa de cerrar la brecha lacerante de acceso al agua, la mística de la entrega de títulos de propiedad; ha sido útil a ministros políticos. Carlos ‘Techito’ Bruce es un buen ejemplo. Otro caso, aunque abortado, fue el de Milton Von Hesse. El nacionalismo de los Humala lo planteó como precandidato sucesor de Ollanta, luego de dar una serie de medidas de acceso fácil a vivienda.

Es muy difícil, casi ingenuo, ver una posible continuidad al gobierno de Boluarte. Pero la movilización popular crepita en el sector, para quien la pueda canalizar. En la jerga del ministerio existen las ‘marchas por el agua’ y los ‘comipos’ (comités de participación ciudadana). La ministra me explica lo primero: “Las marchas existían hace tiempo, los dirigentes las llaman así. Hemos dicho, nosotros vamos a ir al territorio, hemos cogido el lenguaje, siguen siendo marchas por el agua, pero son ferias itinerantes”.

Antes de despedirnos, Hania Pérez de Cuéllar me recuerda que un proyecto de ‘Ley de Acceso Universal al Agua’ presentado por el Ejecutivo, está a punto de ser dictaminado en la Comisión de Vivienda. Tendrá que esperar a la próxima legislatura. Resumiendo todo lo que conversamos, me repite, “no hay intención política; solo es política pública”.

La brecha de inversión en agua y saneamiento es tan grande –S/12 millones anuales en 10 años mientras la inversión anual gracias a tarifas es de S/700 millones, según cálculo de Sunass– que habría que multiplicar por más de 10 las tarifas. La brecha, por lo tanto, solo se puede cerrar con inversión pública.