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Durante su presentación para solicitar el voto de confianza, realizada el 27 de abril, el primer ministro Pedro Cateriano anunció que el Gobierno iba a solicitar al Congreso un nuevo pedido de facultades para legislar. Hasta la fecha, empero, no se ha hecho el pedido oficial.
Cateriano dijo el viernes pasado que el Consejo de Ministros debe aprobar esta semana las facultades para legislar, pero solo en materia económica. Luego se discutirán y aprobarán las solicitudes en los campos de seguridad ciudadana y política social. Tras ello, se enviará la solicitud al Congreso.
Esta será la sexta ocasión en que el gobierno de Ollanta Humala solicitará permiso para legislar.
La primera vez que se le delegó facultades fue en octubre del 2011, cuando el Congreso aprobó la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social . Meses después, el Parlamento le delegó facultades para legislar en materia de lucha contra la minería ilegal.
En el 2012, el Gobierno solicitó (y obtuvo) dos veces facultades delegadas: para legislar sobre materia tributaria y sobre la reforma de los sectores Interior y Defensa.
¿Problemas con la Sunat? “En materia tributaria, vinieron a pedir facultades para ampliar la base tributaria y mejorar las condiciones del contribuyente. Pero ha pasado todo lo contrario: la recaudación se cayó y la base tributaria no se ha ampliado”, dice el congresista pepecista Luis Galarreta, quien presidió la Comisión de Economía cuando se le autorizó a legislar al Ejecutivo.
Estos decretos legislativos, explica el parlamentario, no permiten que los contribuyentes fraccionen sus deudas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), sino hasta dos meses después de que lo soliciten. “Sin embargo, pueden aplicar una cobranza coactiva, y 15 días después embargan tu cuenta”, precisa Galarreta.
Inteligencia y seguridad En setiembre del 2012, el Ejecutivo fue autorizado a legislar sobre la reforma de los sectores de Defensa e Interior.
Entre estos decretos legislativos se encuentran el que creó la polémica Oficina Nacional de Gobierno Interior, cuestionada por hacer mal uso de los premios no reclamados, y el que otorgó mayores atribuciones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
“De siete funciones, la DINI pasó a tener 17. Le dieron funciones operativas, lo que le ha permitido hacer seguimientos a periodistas y políticos”, apunta el parlamentario Octavio Salazar. “Antes regulaba el sistema de inteligencia. Solo recibía información de inteligencia y trasladaba la información al presidente. Ahora cuenta con aparatos de interceptación telefónica”, precisa.
El congresista Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) asegura que el Gobierno pide facultades “por gusto”. Para él, los decretos legislativos sobre minería ilegal no influyeron en la lucha contra este ilícito. “Se cree que hay problemas en los que no hay legislación, pero no se solucionan porque no hay gestión. Un papel que diga ‘no robar’ no acabará con los robos”, indica.
Pese a ello, Bruce dice que si el primer ministro solicita facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, su bancada se las concederá: “¿Quiere combatir la inseguridad con facultades delegadas? Se las daremos. Van a ver que no van a poder. Que quede en evidencia que no tienen gerencia”.
