El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, defendió el proyecto del Ejecutivo para modificar la vigente Ley General del Sistema Concursal, el mismo que permitiría que se extienda el plazo para la liquidación del complejo metalúrgico de La Oroya.
“Es injusto decir que es una norma con nombre propio. Es una norma de carácter general a la que las empresas pueden acogerse”, manifestó en el programa “Agenda política”.
Tamayo precisó que, si bien es cierto que la empresa Doe Run está siguiendo este proceso, su sector tiene información que otras empresas también se acogerían a esta norma.
El titular de Energía y Minas reiteró que la decisión de enviar la referida iniciativa legal con carácter de urgencia es “de naturaleza política”.
No obstante, consideró que el anterior gobierno de Ollanta Humala les “tiró el problema” sobre este caso y fue una “echada de pelota”.
“Es muy coincidente que [el plazo para la liquidación] esté previsto para la tercera semana del nuevo gobierno. Creo que fue una tirada para adelante”, agregó.
A poco tiempo de que se venciera el plazo para la liquidación en marcha de Doe Run, la gestión de Humala emitió un decreto legislativo (tenía facultades legislativas) que prorrogó este período por un año adicional.
El nuevo plazo vence el 27 de agosto y hasta la fecha no hay compradores.
En otro momento de la entrevista, Tamayo aclaró que la agenda de su ministerio no se limita solo al caso de la empresa encargada de La Oroya.
“Veremos [si no se vende]. Es una decisión que, en el espacio que hay, la junta de acreedores tiene que decidir”, remarcó.
Si vence el plazo, los activos de la empresa no podrán ser liquidados en marcha y se estima que perderían valor al tener que ser vendidos por separado.
Tamayo no quiso pronunciarse sobre una posible reducción de los estándares de la calidad ambiental –razón por la que el complejo aún no es subastado, según los trabajadores– y aseguró que es competencia de otros ministerios.
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 8 de agosto de 2016