El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, envió al Congreso de la República el proyecto de ley de fortalecimiento de su institución, a fin de que sea debatido en ese poder del Estado.
En un oficio enviado al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), indicó que la finalidad es garantizar las intervenciones de la Defensoría, optimizar capacidades orientadas a la atención de quejas y facilitar la prestación de los servicios públicos de forma responsable y transparente.
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Asimismo, refirió que se busca impulsar acciones de supervisión y colaboración en la lucha contra la corrupción a nivel nacional.
Entre las propuestas de modificatoria de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez plantea que una de sus atribuciones del titular de la entidad sea elegir a sus adjuntos.
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Se trata de una iniciativa que busca cambiar el artículo 7 de dicho cuerpo normativo. Actualmente los adjuntos son seleccionados mediante concurso público.
Asimismo, Gutiérrez propone que se le otorgue la potestad de establecer oficinas y/o módulos defensoriales distritales de acuerdo a la lejanía y/o conflictividad en los lugares que estime necesario, cuyos jefes serían designados por él mismo.
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En la exposición de motivos la Defensoría del Pueblo señala que se busca la ampliación y mejora de la atención de quejas, petitorios y consultas a nivel nacional, y el fortalecimiento de la supervisión de los servicios públicos esenciales.
Del mismo modo, insistió en la afirmación de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las intervenciones de la Defensoría en la prevención y gestión de los conflictos sociales y la modernización de la gestión institucional.
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Finalmente plantea que se le otorgue un plazo definitivo de 120 días para que la propia entidad lleve a cabo las “acciones conducentes a la adecuación de la organización, apuntando a la reestructuración organizacional que haga posible la atención óptima de las demandas de servicios”.
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