“No creemos en leyes mordaza, debe haber libertad de expresión plena”

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, afirmó que existe consenso en el Gabinete en rechazo a norma que busca elevar de tres a cuatro años la pena por difamación agravada. También respondió por presuntas irregularidades en contratos en el Midis que implican a allegados a la presidenta Dina Boluarte.

— El Congreso eligió a Josué Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón, como defensor del Pueblo. ¿El Parlamento no le ha entregado a Perú Libre el control de la Defensoría del Pueblo?

El Ejecutivo, desde un primer momento, siempre ha respetado las competencias y los fueros de cada poder del Estado. Y, en ese sentido, el Congreso dentro de sus prerrogativas ha hecho esta elección, que viene de un proceso que no ha sido corto y ha habido un resultado y nosotros vamos a tener que respetar eso, sobre todo pensando más allá de las personas, nosotros vamos a colaborar con una institución, como la Defensoría del Pueblo que vela por los derechos de todos los peruanos. En esa línea vamos a estar, respetando siempre las competencias del Congreso.

— Gutiérrez no tiene experiencia ni investigaciones en derechos humanos. ¿Cumple el perfil para ser defensor del Pueblo? ¿No le preocupa que esa institución esté en esas manos?

Ahora, entiendo yo que la selección del defensor del Pueblo, así como de otras autoridades parte de un proceso que tiene ciertas fases de convocatoria y calificación, y en esas fases imagino que el Congreso ha evaluado la hoja de vida y la experiencia de los postulantes, su capacidad de responder ante las prerrogativas que tiene el defensor del Pueblo. Entonces, si [Gutiérrez] ha llegado hasta la etapa final y ha sido elegido me imagino que cumple con todas aquellas cualidades que requiere [el cargo]

— ¿Le sorprendió que Fuerza Popular respalde a Gutiérrez?

Lo que creo que hay que rescatar ahí es que el Parlamento es un foro político permanente, de diálogo, y así debe ser, y en muchos momentos también tienen que darse convergencias. Y si hay fuerzas políticas que han adoptado una decisión es porque han entendido que esto [la elección de Gutiérrez] era la más óptima. No me sorprende porque la esa es la esencia del Congreso, llegar a decisiones que contemplen congruencias. [En el país] creemos que permanentemente el Congreso debe tener antagonismo, discusión y pelea, pero no, yo creo en una política más propositiva. Este y cualquier otro tema debe ser siempre la expresión de una concertación siempre pensando en el país.

— ¿La elección de Gutiérrez ha sido “pensando en el país” o una repartija?

Yo creo que las decisiones del Parlamento tienen, por naturaleza y por lo que corresponde, ser pensando en el país, esa es mi opinión […] Espero que esta decisión haya seguido la misma suerte, pensando en el país, eligiendo a la persona más idónea. Ahora, sus actos también juzgarán a los funcionarios que son electos, tanto por representación popular como los de confianza.

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— El defensor del Pueblo preside la comisión que selecciona a los integrantes de la JNJ. Esta a su vez elige y sanciona a jueces y fiscales. ¿No peligroso que el ex abogado de Cerrón conduzca este proceso, cuando su ex cliente está sometido a diversas investigaciones?

De acuerdo al sistema, hay una serie de prerrogativas que tiene el defensor del Pueblo y no solamente la persona, sino la institución como tal, y yo creo que ahí le tocará [a Gutiérrez] tomar las decisiones más adecuadas, no puedo hacer un juicio de valor, porque realmente no tengo por qué pensar que está persona va a inducir alguna decisión. Como abogado litigante [Gutiérrez] en el ejercicio de su profesión, el señor seguro ha tenido sus representaciones, pero más allá de eso, ya asumiendo un cargo, donde debe tener una mirada neutral, ahí vamos a estar atentos, esperamos que tome decisiones neutrales, democráticas y abiertas. Y eso marcará derrotero para poder juzgar si la elección del Congreso fue la correcta o no. Ahora como Ejecutivo lo que nos queda a nosotros es respetar esas decisiones y apoyar a una buena conducción de la Defensoría del Pueblo.

— ¿El gobierno de Boluarte se sentía cómodo con la presencia de Eliana Revollar en la Defensoría? Tuvo un rol crítico en las protestas.

En lo particular he respetado mucho el trabajo de la señora Revollar, me parece una profesional de muchas cualidades y calidades, hemos trabajado desde el Midis con la Defensoría del Pueblo, pese a que muchas veces los informes [de esa institución] han sido adversos, eso nos ha servido para una mejora continua en el desarrollo de los programas. A nivel gobierno lo mismo, nosotros hemos recibido las recomendaciones y opiniones de la Defensoría del Pueblo como una crítica constructiva.

— Existe la sensación de que el Ejecutivo está evitando cuestionar al Congreso por la elección de Gutiérrez porque no quiere chocar con ese poder del Estado. ¿Es así?

Es correcto que todas las instancias de gobierno que tienen sus competencias y sus fueros tengan una relación cordial, eso no quiere decir que queramos parcializarnos. Y en ese ámbito de una relación cordial, hay que respetar también las decisiones y opiniones. Y en este caso el Congreso ha tomado una decisión que ha pasado por todo un proceso. ¿Qué le toca al Ejecutivo? Respetar esa decisión que ha venido de un proceso. La Defensoría del Pueblo debe cumplir un rol fundamental, nosotros daremos el apoyo y esperamos que la persona designada siga guiando a esa institución por el camino que se ha trazado y que tiene ya un comportamiento de muchos años atrás y si no es así, estoy seguro que la prensa lo informará a la opinión pública.

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— Respetar una decisión del Congreso no le prohíbe al Ejecutivo cuestionar. ¿Parece que el gobierno le tiene miedo al Parlamento?

No, no creo que sea temor, yo creo es respeto a las decisiones y manejar una relación siempre cordial con las diferentes instancias, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros. Nosotros no podemos cuestionar sus decisiones, porque creemos que ellos también están dirigidos por personas consecuentes con estas decisiones, así como nosotros pedimos el respeto a las medidas que se toman en el Consejo de Ministros y desde el gobierno de la presidenta Boluarte. En este caso, nuevamente, creemos que es una prerrogativa de ellos [el Congreso], ha habido una amplia votación, daremos las facilidades y esperamos que las cosas se cumplan como debe ser. Otra cosa sería si repensar si los sistemas de estas elecciones son lo adecuado, y ahí el Ejecutivo se pondrá a disposición para dar opiniones sobre si se puede mejorar.

— Si el Congreso aprueba, en segunda votación, “la ley mordaza”, ¿la presidente Boluarte la observará? ¿Cuál es la postura del Ejecutivo sobre esta polémica iniciativa?

Mira, no hemos tocado el tema de manera específica, pero creo que es un consenso en el Consejo de Ministros de que, como lo ha dicho al premier, la mejor ley en relación a la prensa es la que no se da. Nosotros creemos firmemente en la libertad de expresión, para algunos puede resultar incómoda esa libertad de expresión, pero es importante en un Estado democrático de derecho. Nosotros [desde el gobierno] no creemos en leyes mordaza, debe haber libertad de expresión plena. Ya hay mecanismos para que se regulen estos posibles excesos. Dentro de los canales [correspondientes] se puede mejorar la acción de la prensa, pero no ponerle trabas, no interferir [en su labor], la sobreregulación sí sería peligrosa.

— ¿De este consenso se entiende de que el Ejecutivo observará la norma?

Es una decisión que se tomará en el Consejo de Ministros, pero como te digo hay un consenso, el Consejo de Ministros y la presidenta creen en el irrestricto respeto a la libertad de prensa, y a partir de eso se tomarán las decisiones formales.

— El Parlamento también ha blindado a los acciopopulistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza por el Caso Los Niños, al rechazar la acusación constitucional de la SAC. ¿Esta protección no constituye un acto de impunidad?

Nuevamente, es una acción y una facultad del Parlamento la evaluación de estas acusaciones constitucionales, para hacer esta evaluación me imagino que tienen que evaluar una serie de informaciones que les ponen a disposición. Y si ellos han tenido a bien de que esa información no sustenta válidamente una acusación, pues es respetable su decisión. Tenemos que respetar, es un ejercicio democrático que tiene el Parlamento.

— Tres de cada cuatro peruanos desaprueba a la presidenta Boluarte. ¿Qué tipo de autocrítica pueda hacer el gobierno ante tan poco respaldo?

Sí, debe haber una autocrítica y no solamente de nosotros como gobierno, sino del sistema que hoy día nos pone al frente de esta responsabilidad. El Estado en sí ha estado por muchos años distante a las necesidades de mucha población, y hay que hacer las correcciones inmediatas y en eso estamos. Esto significa acercar al Estado a la gente y a sus necesidades.

Nosotros hemos iniciado una gestión en un momento de conmoción social muy fuerte y esa convulsión social no es otra cosa que la respuesta hacia esa falta de cercanía del Estado hacia su población. El gobierno debe asumir ese pasivo, pero rápidamente hacer las correcciones, y que el Estado llegue a las personas, sobre todo a las más pobres. Cuando el poblador sienta que están garantizando sus derechos y, por lo tanto, tengan los servicios que requiere, yo creo que ahí empezaremos ya una evolución y un desarrollo de un Estado de bienestar pleno.

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— Al menos dos miembros de consejos directivos del Club Departamental Apurímac, de períodos en los que Dina Boluarte presidió esa asociación, ganaron contratos con el Estado por más de S/3.2 millones cuando la mandataria era titular del Midis. ¿Ha revisado los procesos? ¿Usted puede decir que se dieron sin ninguna clase de intervención política?

Absolutamente, yo puedo dar fe, no solamente he revisado los procesos, sino que he acompañado a la presidenta Boluarte desde que ingresó al Midis en agosto de 2021, yo ya trabajaba acá como director general de Diseño y Articulación, y las indicaciones de la presidenta es que todos los actos sean de manera transparente. En este caso en particular, de la revisión de este proceso, se ha determinado, dentro de la libertad de empresa que tienen todos los peruanos, estas personas se presentaron, pero no ganaron el proceso, quedaron en segundo lugar. Ganó una tercera empresa, pero esta no levantó las observaciones hechas para la firma de contrato, deja la posibilidad de que el segundo acceda. No hay nada ahí de direccionamiento. Y, además, en el MIDIS se administra un presupuesto de S/5.000 millones a través de ocho unidades ejecutoras, entonces que un ministro esté detrás de un direccionamiento es muy complejo.

— Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, la empresa Welev Servicios Generales S.R.L., relacionada a los allegados de Boluarte en el Club Departamental Apurímac, no contrataba con el Estado desde el 2017. ¿Ha solicitado la intervención de la contraloría?

La contraloría, a través de la Oficina de Control Interno (OCI) del ministerio, tiene todo el apoyo para que haga las auditorías que normalmente hace a todos los procesos de selección. Entiendo que cuando hay estas denuncias, automáticamente, la OCI se aboca a ellas. Debe ya estar en camino un examen de control específico. Ya me han dado el informe correspondiente, desde la parte administrativa, y no hay nada irregular en ese proceso.

— ¿No hay otros integrantes del Club Departamental Apurímac que hayan contratado con su despacho?

Nosotros hemos revisado la información que es basta y hasta donde tenemos conocimiento, no hay otras personas, otros integrantes [del Club Departamental Apurímac que hayan obtenido contratos del MIDIS]. Es una revisión continua, el ministerio administra más de S/5.000 millones.

— La Corporación Belcén-que pertenece a Cluteldo Beltrán- obtuvo dos contratos con Qali Warma por S/4,7 millones, según informó “Cuarto Poder”. Esto a pesar de haber presentado documentos falsos. ¿Si ya estaba en una lista negra desde enero, cómo firmó estos dos acuerdos después?

Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, esta empresa se consorcio con otras no solamente para postular a estos ocho contratos, sino a muchos más. De esos, este consorcio ganó ocho y en la revisión de los documentos, que son permanentes en Qali Warma se determinó que en seis de estos habían presentado constancias falsas y automáticamente se les anuló sus procesos, se retrotrajo y se les puso en una lista negra. En los otros dos, a partir de esta alerta, mi despacho ha determinado una investigación. El consorcio no requería en estos concursos, que se hicieron en Ayacucho, presentar estas constancias falsas, por ello es la razón por la cual firma. La comisión que enviamos a Ayacucho ya regresó ayer, y hemos procedido a anular los dos contratos. Ha habido una actitud dolosa.

— La profesora Maritza Sánchez, ex asistente de la presidenta Dina Boluarte, ha declarado ante el Ministerio Público que una intermediaria de la ex titular del MIDIS le solicitó a Eduvigis Beltrán, hermano de Cluteldo, S/150 mil de aporte para la campaña de Perú Libre. ¿No es por este aparente nexo que ganó una licitación millonaria en el sector?

Aquí hay que precisar algo que es importante, desde el primer momento la presidenta Boluarte señaló que no conocía al señor Eduvigis Beltrán, que no recibió ningún apoyo ni financiamiento del señor, y por lo tanto desconocía si esta persona u otras de su entorno eran proveedoras del Estado. Esto ha sido corroborado por el mismo señor Beltrán, quien hace unos días ha hecho una declaración desautorizando las palabras de estas personas que quieren vincular forzosamente a la presidenta con actos que al parecer no son correctos. Ahora, el sistema de Qali Warma es uno de los más complejos del Estado, compramos alimentos por S/2.000 millones, tenemos que alimentar a 4,2 millones de escolares todos los días. Y cuando la presidenta Boluarte ingresó al Midis dispuso una evaluación externa del programa. Ahora estamos implementando tres cosas: mejora en procesos, fortalecimiento en capacitación de unidades territoriales, y las certificaciones, que tengamos más predictibilidad y transparencia.

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— ¿Su gestión ha auditado a las de Cinthya Lindo Espinoza y de Boluarte?

Como le digo las acciones de control son permanentes […] Lo que nosotros recogemos son las acciones de control a cada uno de los programas, nosotros tenemos la obligación de recoger esa información, y si en otros casos se da implementar las acciones correctivas y en otros dar facilidades a la procuraduría para que inicie acciones legales pertinentes. Ahora externamente una auditoría no tendría mucho sentido cuando hay estos controles permanentes.

— ¿Entonces, no ha habido una acción de su oficina para auditar a toda la administración Boluarte en el MIDIS?

No veo necesario, porque como te digo ya tendríamos algunos insumos de la OCI y a partir de esas recomendaciones sí nosotros podríamos haber hecho un examen especial, pero no hay esas alertas que nos lleven a pensar que es necesario un examen adicional al que regularmente realiza la contraloría.

— Según el último reporte del INEI, la pobreza monetaria afectó al 27,5% de la ciudadanía en el 2022. Es decir, a 9′184.000 peruanos. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno de Boluarte adoptará para reducir esta brecha?

Cuando empezamos el gobierno [de Boluarte], a nivel de Consejo de Ministros determinado que habría un impacto en las cifras del 2022, era obvio, estamos saliendo de la pandemia, y a ello se sumó un sobrecosto en los precios de los productos básicos, la guerra internacional [entre Rusia y Ucrania], el problema de los fertilizantes y el conflicto social que ya empezaba [en diciembre]. Desde el MIDIS implementamos con mucho esfuerzo medidas para la prevención desde el 2021, esto felizmente ha dado sus frutos, si no hubiéramos hecho estas medidas de contención de la pobreza y pobreza extrema hoy estaríamos superando largamente los 27,5% que nos ha arrojado la encuesta de 2022.

A partir de eso, hemos formado un equipo de trabajo multisectorial, liderado por el MEF y estamos a punto de sacar una serie de medidas ya específicas. Ya hemos aprobado los programas “Con Punche 1 y 2″. Tenemos medidas de reactivación de la economía y destrabe de la infraestructura. Todas esas medidas van a servir para apalear las cifras de 2022. Tenemos que dar un segundo paso en el trabajo contra la pobreza extrema, la protección social es importante, pero sirve de contención, los programas MIDIOS son importantes, pero no cambiar las vidas y no nos va a ayudar a salir de la pobreza, pueden garantizar servicios básicos y alimentación. Lo que impulsamos desde el MIDIS es el desarrollo económico social.

— ¿Se han puesto una meta sobre cuánto pueden llegar a reducir el 27,5% de pobreza?

Si se aprueban estas medidas con una inyección económica [fuerte], no solamente podríamos revertir del 27,5% a 25% [como estaba en 2021], sino al menos tratar de bajarlo y acercarnos a las cifras pre pandemia, que era de 20%. Es un objetivo ambicioso.

— Durante la última campaña, la fórmula de Castillo, a la que perteneció Boluarte, tenía como lema “no más pobres en un país rico”, pero esto no se ha cumplido. Más bien ha aumentado. ¿Cuánto de responsabilidad tiene la administración anterior?

Todos queremos “no más pobres en un país rico”, pero para lograrlo tenemos que hacer la tarea, lo que sucedió es que esta voluntad de vencer a la pobreza no se puso en evidencia con las acciones de gobierno en la administración Castillo y, por eso, tenemos este impacto. Desde el MIDIS estamos realizando acciones como fortalecimiento de capacidades de emprendimientos, empleabilidad y de destrabe de [obras de] infraestructura.

— ¿Qué tipo de acciones concretas ha realizado Cuna Más ante la temporada de heladas y friaje?

Sí, estamos entrando ya a un período que todos los años impacta a la población más vulnerable, que es la temporada de heladas y friaje, y este año en este proceso de mejora continua, al menos en Cuna Más, al inicio del año ya hemos aprobado todas las normas para que podamos hacer los procesos de adquisición de los kits de abrigo. Entonces, ya hoy día estamos distribuyendo, y vamos a terminar en mayo, casi 80 mil kits de abrigo en todos estos centros de Cuna Más, garantizando la intervención del Estado para darles abrigo a los niños.